El mandatario estatal mencionó las cosas que le pidieron los partidos para permitir que Javier Navarro quedará como gobernador interino durante su campaña.

Samuel García, quien el sábado iniciaba una licencia para separarse del cargo de gobernador de Nuevo León pero que anunció que reasumiría funciones, exhibió las presuntas peticiones que le hicieron PRI y PAN en la entidad para que el gobernador interino fuera Javier Navarro Velasco.

En una carta, de cuyo contenido reveló una parte, García dio a conocer que ambos partidos le solicitaban la titularidad de la Auditoría Superior del estado, que Adrián de la Garza encabezara la Fiscalía General de Justicia, 2 mil 500 millones de pesos para municipios gobernados por esas formaciones, así como limpiar expedientes en contra de Zeferino Salgado, ex alcalde panista de San Nicolás, y el priísta Francisco Cienfuegos.

“Un día llega mi compadre Javier (Navarro): ‘Gober, sí me van a nombrar interino’. ¡Ay güey!, dije: ‘aquí hay truco, son más largos que la cuaresma’. Me mandan una carta —ahí la tengo, ¿la hago pública o qué?— con 11 puntos petitorios; creían estos güeyes que yo soy Santa Claus”.

“Primero, (pidieron) 2 mil 500 millones (de pesos) para el año que entra; segundo, todas las carpetas penales de Chefo (Salgado), Paco (Cienfuegos), Adrián (de la Garza), todas, ‘desístete’, las que están en la FGR (Fiscalía General de la República), todas traen facturas, puro bandido”, detalló.

Asimismo, aseguró que le pidieron no pagar impuestos, por lo que acusó a PRI y PAN en la entidad de “ser unos corrientes”.

“Tercero —yo sigo incrédulo—, no pagar impuestos los siguientes cinco años. Así, que les diéramos un blindaje o limpia fiscal, imagínense, los más ratas aparte no querían pagar impuestos, cinco años limpios. ¿Cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que tienen que poner”.

“Cuarto, Adrián de la Garza, (lo querían como) fiscal del estado por nueve años; cinco, creo que es tesorero de San Nicolás un bandido, se enriqueció vendiendo facturas 20 años, se apellida Reynoso, (querían) que fuera el auditor superior del estado por nueve años, puras barbaridades. El PRI y PAN de Nuevo León son lo más corriente que he visto en mi vida”, arremetió.

A partir de hoy ¿qué puede pasar?

Con la reanudación de las actividades en órganos legislativos y judiciales se esperan diferentes posibilidades:

Escenario 1: 

• Forzosamente este lunes habrá un debate en la sesión de Pleno relacionada con revocar la licencia del gobernador Samuel García, debido a que no participará en el proceso electoral entrante, aunque el emecista no notificó ni solicitó el análisis de revocarlo, a pesar de que él mismo debe hacerlo o por lo menos firmar y enviarlo al Legislativo.
• MC solicitará que este asunto se turne con carácter de urgente a la Comisión de Gobernación; ésta podría convocar mañana mismo, pero estudiará toda la documentación que tiene la Dirección Jurídica. Si todo marcha bien y se presenta la documentación correctamente, pueden revocarla antes del miércoles en el Pleno.

Escenario 2:

• El Congreso local se respaldará en la resolución del ministro Javier Laynez, y como la Suprema Corte ratificó a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, permitirá que este “servidor público”presente iniciativas como Ley de Egresos, publicaciones oficiales, así como el probable desistimiento de la controversia relacionada al tema de la Fiscalía General de Justicia.
• La Corte dijo que cualquier autoridad debe abstenerse de realizar nueva designación o nombramiento alguno sobre la titularidad del Poder Ejecutivo, sin importar su denominación, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente controversia constitucional.
• MC presentará una lluvia de recursos legales y acusará Orozco de usurpar funciones, bajo el argumento de que Samuel García se reincorporó a sus actividades, e incluso Ulises Carlin, consejero jurídico del Ejecutivo, fue el sábado a pegar el documento en la Oficialía de Partes del Congreso, pero éste viene fechado el 2 de diciembre, cuando la licencia del emecista estaba vigente.

Escenario 3:

• Debido a que la Dirección Jurídica del Congreso notificó de las alteraciones del Periódico Oficial entre viernes y sábado, la Suprema Corte resolverá antes del miércoles, en sesión, en definitiva el tema relacionado con la legitimidad que tiene Orozco para ser el gobernador interino, hasta en tanto el Congreso revoque la licencia a García.
• PRI y del PAN intentarán negociar nuevamente que el Estado deposite el fondo de 2 mil 500 millones de pesos a los municipios, bajo la argumento de qué con esto revocarían la licencia, pero García promoverá recursos en la Corte y nuevamente recurrirá al TEPJF, en la búsqueda de exigir que le ordenen al Congreso revocar la licencia.

Escenario 4:

• Las dirigencias nacionales y locales del PRI, PAN y PRD pueden presentar denuncias penales formalmente ante la FGR o FGJ, así como recursos en la Suprema Corte acusando a Samuel de usurpación de funciones y de desacato al máximo tribunal.
• García buscará amparos en Reynosa, Chiapas, Ciudad de México y otros juzgados federales, aunque éstos pueden caerse cuando la Corte resuelva o establezca si fue desacato o no.

Escenario 5:

• La Suprema Corte resolverá nuevamente la situación jurídica de Nuevo León, pues en caso de que el Congreso se niegue a revocar la licencia, un ministro puede ordenarlo, aunque los legisladores argumentarán que tienen que ser notificados de manera oficial y no por comunicados.
• Los diputados de oposición pueden ser denunciados por obstaculizar la administración pública estatal, y no permitir que la gobernabilidad avance, pues Movimiento Ciudadano ganó la administración estatal, mientras que ellos tienen el Legislativo.

Escenario 6:

• El Congreso del Estado puede revocar la licencia antes del día 2 de junio entrante, al considerar que no es urgente y que además hay un gobernador reconocido por la Suprema Corte que es Luis Enrique Orozco. 
• Ante esta situación, Samuel García, su gabinete, funcionarios de la administración descentralizada, directores y todos los servidores públicos que del Poder Ejecutivo emanen, pueden ser acreedores a sanciones penales o inhabilitaciones.

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