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México

Familiares exigen justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Familias y activistas peregrinaron hacia la Basílica de Guadalupe como parte de «La 111 acción global por Ayotzinapa».

Ciudad de México.- Familias mexicanas de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y activistas peregrinaron este martes a la Basílica de la Virgen de Guadalupe para pedir justicia y denunciar la impunidad del caso pese a las promesas del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Los miles de manifestantes marcharon durante “La 111 acción global por Ayotzinapa” por algunas de las principales calles de Ciudad de México, donde portaban una gran manta roja con la palabra «Impunidad» mientras gritaban «vivos se los llevaron, vivos los queremos».

«A la fecha, se tiene la esperanza de que vuelvan, de que regresen los 43 compañeros con su familia», dijo uno de los portavoces de la marcha a través de un altavoz mientras los participantes portaban fotografías de los desaparecidos.

La marcha ocurre tras cumplirse, el 26 de septiembre pasado, 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en el Estado de Guerrero en 2014, un caso que sigue sin resolverse.

El aniversario se dio en medio de tensión con el gobierno, pues las familias piden que el Ejército entregue información que todavía no ha remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), pero el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido a las Fuerzas Armadas, lo que ha creado roces con los activistas.

Familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Créditos: Isaac Esquivel / EFE

Al llegar a la Basílica, el obispo Raúl Vera, conocido por ser defensor de los derechos humanos, ofició una misa en la que les pidió «ser valientes» y «no cansarse de luchar».

“Son personas que están buscando un México distinto, de paz, no de desigualdad”, manifestó.

La resolución del caso de Ayotzinapa es uno de los grandes pendientes del presidente López Obrador, quien ha reconocido que es una de sus promesas incumplidas pese a defender los avances en la investigación.

La Comisión de la Verdad del Gobierno reconoció el año pasado que el hecho fue un «crimen de Estado» en el que participaron autoridades de todos los niveles de Gobierno, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado.

La polémica creció este año tras la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación por el rol que tuvieron los militares. EFE

México

“La justicia debe aplicarse parejo”: Sheinbaum aclara por qué Julio César Chávez Jr. no fue detenido en México

Ciudad de México.— En medio de la polémica que rodea al arresto de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los cuestionamientos sobre por qué el boxeador no fue detenido previamente en territorio mexicano, pese a contar con una orden de aprehensión y un historial legal complicado.

Sheinbaum fue directa: “Nadie debe estar por encima de la ley, sin importar su fama o trayectoria. La justicia debe aplicarse parejo.” La mandataria confirmó que Chávez Jr. contaba con una orden de captura en México desde 2023, derivada de una investigación iniciada en 2019 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, explicó que el deportista pasó la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, lo que dificultó su localización por parte de las autoridades mexicanas.

El boxeador fue detenido esta semana en Los Ángeles por posesión ilegal de armas de fuego, drogas y vínculos con el crimen organizado, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. En su domicilio se encontraron armas presuntamente adquiridas de manera irregular, por lo que podría enfrentar cargos federales en ese país. Medios estadounidenses también han reportado que Chávez Jr. está vinculado a una investigación que involucra a integrantes de “Los Chapitos”, brazo operativo del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum señaló que su gobierno está en coordinación con autoridades estadounidenses para colaborar en el caso y buscar, en su momento, que el boxeador sea deportado a México para enfrentar los procesos judiciales pendientes. “Ya no hay impunidad ni trato especial para nadie. Las investigaciones deben seguir su curso sin importar el apellido”, afirmó.

La mandataria también aprovechó para marcar una línea firme en el inicio de su sexenio: “México no va a encubrir a nadie. Si hay requerimientos internacionales o pruebas suficientes, vamos a actuar conforme a derecho.”

Con esta postura, Sheinbaum intenta desligar cualquier sospecha de encubrimiento en un caso que involucra a uno de los apellidos más icónicos del deporte mexicano, pero que hoy se ve envuelto en un escándalo judicial de dimensiones internacionales.

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