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El pacto. Por Raúl Saucedo

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Lo implícito y lo que queremos

En el tejido social de la sociedad mexicana, se entrelaza la esencia de su identidad y se plasma en su Constitución Política. Este documento en sus inicios resultado de la Revolución Mexicana representa un pacto social que ha resistido el paso del tiempo, pero no sin enfrentar desafíos y transformaciones a lo largo de las décadas.

La Constitución Mexicana de 1917 es una radiografía de las aspiraciones de un pueblo que anhelaba justicia, igualdad y libertad. Surgida en el contexto de una revuelta social, la constitución marcó el fin de una época política de inicios de siglo y sentó las bases para una república. Inspirada por ideales liberales, laborales y agrarios, se erige como un monumento jurídico que refleja la lucha por la justicia social y la soberanía nacional.

Es preciso decir que la flexibilidad de la Constitución Mexicana ha sido un aspecto crucial de su longevidad. A lo largo de los años, se han implementado múltiples reformas para adecuarla a los desafíos contemporáneos. El proceso de reforma requiere la aprobación de una mayoría en el Congreso, lo cual implica un ejercicio delicado de negociación política. Este método, aunque ha permitido ajustes necesarios, también ha suscitado debates sobre la conveniencia de ciertas modificaciones y su impacto en la estabilidad normativa.

La Constitución Mexicana encuentra resonancias en otras constituciones alrededor del mundo, pero cada una refleja las peculiaridades de su contexto histórico y cultural. En comparación con otras naciones, México ha buscado equilibrar los principios fundamentales con la capacidad de adaptarse a las dinámicas políticas y sociales. La experiencia mexicana ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de una base sólida y la necesidad de ajustes pragmáticos para abordar los desafíos cambiantes.

A medida que México avanza en el siglo XXI, la Constitución enfrenta nuevos retos. La tecnología, los cambios demográficos y las demandas de una sociedad cada vez más diversa plantean interrogantes sobre la capacidad del documento para mantener su relevancia. La lucha contra la corrupción, la consolidación de un Estado de derecho efectivo y la garantía de derechos para todos los ciudadanos son desafíos que requieren una mirada reflexiva y acciones decididas.

El reto principal radica en preservar la esencia de la Constitución mientras se adapta a las realidades contemporáneas. La sociedad mexicana debe aspirar a un diálogo inclusivo que permita la participación efectiva y activa de diversos sectores en el proceso de revisión y reforma. La garantía de derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental deberían ser piedras angulares de cualquier discusión sobre el futuro de la constitución.

Si bien el pasado 5 de febrero la mayoría de la sociedad mexicana disfruto el asueto proporcionado, cuantos realmente analizamos el contexto actual de los derechos que como ciudadanos tenemos, quizá en ese asueto lo expresamos en alguna actividad cultural, deportiva o política por el simple hecho de ser ciudadano amparado por la constitución, ese mismo día el ejecutivo federal planteo un paquete de reformas constitucionales que en vísperas del proceso electoral parecieran propuestas de campaña, se viene  tiempos interesantes para la negociación política, donde tenga por seguro que algunas reformas serán reales, las otras monedas de cambio, espejos de ilusos.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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Fotografías. Por Raúl Saucedo

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Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad:  Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto  la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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