La presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio sobre las recientes acusaciones en contra del senador Adán Augusto López, rechazando lo que calificó como un “linchamiento político” sin pruebas contundentes, y subrayando que su gobierno no encubrirá a nadie, pero tampoco permitirá juicios mediáticos.
Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum respondió a la polémica en torno al exsecretario de Gobernación, quien ha sido vinculado públicamente con Hernán Bermúdez Requena, exjefe de Seguridad Pública en Tabasco y hoy prófugo, presuntamente ligado al grupo delictivo “La Barredora”.
La mandataria afirmó que cualquier acusación debe ir acompañada de evidencias claras y una denuncia formal. “Aquí no se cubre a nadie, pero tampoco vamos a permitir que se juzgue sin pruebas”, recalcó. Aclaró además que no existe, hasta ahora, ninguna investigación abierta contra el senador, aunque enfatizó que si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene elementos, debe proceder conforme a la ley.
Sheinbaum confirmó que mantiene comunicación con Adán Augusto en su calidad de senador, pero acotó que esas conversaciones se centran únicamente en temas legislativos y no personales. Detalló que durante los periodos ordinarios del Congreso se reúne cada lunes con él y con Ricardo Monreal para revisar avances de leyes aprobadas o pendientes.
La controversia cobró fuerza tras la aparición del senador en el Consejo Nacional de Morena y la difusión de una supuesta carta de renuncia, que resultó ser falsa. En medio del revuelo, Sheinbaum fue clara al señalar que los casos como el de Adán Augusto no son equiparables al de Genaro García Luna, exfuncionario calderonista sentenciado en EE.UU. por narcotráfico.
Aseguró que el caso de Bermúdez Requena sí cuenta con una carpeta abierta y una orden de aprehensión vigente, pero hasta el momento no hay pruebas que impliquen directamente a Adán Augusto en actividades delictivas. Aun así, reiteró que cualquier persona, sin importar su militancia o cargo, será investigada si hay pruebas.
“No estamos de acuerdo con el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad. Esa será nuestra posición siempre”, concluyó.
La presidenta cerró su posicionamiento reiterando el compromiso de su administración con el estado de derecho, dejando claro que en México la justicia no se aplicará por presión política ni por escándalos mediáticos, sino por evidencia concreta y procesos legales.
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