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Opinión

Crimen. Por Raúl Saucedo

La culebra

Cuando escribo la palabra crimen viene a mi instintivamente la palabra castigo y no por la correlación de justicia en el acto, si no quizá por aquel primer libro de Fedor Dostoievski leído hace más de veinte años.

Dentro del catálogo social de crímenes estipulados por las leyes aplicables en todo el mundo el del asesinato es el más recurrente y sancionado dentro de las culturas jurídicas del mundo. Aun así, dentro de los asesinatos existe uno que se perpetua en los libros de la historia, el “Magnicidio”.

Se define como el asesinato de figuras políticas prominentes, han sido eventos que sacuden las estructuras políticas y sociales de naciones enteras. A lo largo de la historia, estos actos han sido detonantes de cambios radicales, ya sea en el ámbito político, económico o social.

Las causas de los magnicidios a menudo son impulsadas por razones políticas. La acumulación de poder por parte de una figura puede generar miedo y resentimiento en otros sectores de la sociedad, especialmente entre aquellos que ven su influencia disminuida. La percepción de que un líder está amenazando los valores fundamentales de una nación, como la democracia o la igualdad, puede llevar a ciertos grupos a considerar el asesinato como un medio para restaurar el equilibrio.

Las ideologías extremistas, tanto de derecha como de izquierda, han sido responsables de numerosos magnicidios. Los individuos o grupos que suscriben estas ideologías pueden ver el asesinato de un líder como una manera de avanzar su causa o de detener lo que perciben como una amenaza existencial. Estas acciones no solo buscan eliminar a un adversario, sino también enviar un mensaje poderoso a la sociedad.

En contextos de profundas divisiones étnicas o religiosas, los magnicidios pueden surgir como una manifestación extrema de conflicto. Las tensiones entre diferentes grupos pueden ser encolerizadas por la acción de líderes que promueven políticas de exclusión o favoritismo, llevando a ataques directos contra figuras claves percibidas como símbolos del poder.

La desesperación económica también puede ser un motor de los magnicidios. En situaciones donde las políticas económicas de un líder resultan en pobreza generalizada, desempleo y desigualdad, los afectados pueden recurrir a la violencia como una forma de expresar su frustración y desesperación. El asesinato del líder puede ser visto como un último recurso para cambiar el rumbo de la política económica.

El efecto inmediato de un magnicidio es la desestabilización del gobierno. La muerte de un líder puede crear un vacío de poder, desencadenando luchas internas por el control. Esta inestabilidad puede llevar a cambios abruptos en las políticas y en la dirección del país, afectando tanto a los ciudadanos como a las relaciones internas e internacionales.

La economía y los mercados financieros son sensibles a la inestabilidad política. Un magnicidio puede provocar una caída inmediata en los mercados de valores y en la confianza de los inversores. La incertidumbre sobre la dirección futura del país puede llevar a la fuga de capitales y a una disminución de las inversiones extranjeras. Así como una desestabilización política resultante de un magnicidio puede llevar a una desaceleración económica. Las luchas internas por el poder y las posibles reformas radicales pueden interrumpir la implementación de políticas económicas, afectando negativamente el crecimiento y la estabilidad económica.

Algunos de los magnicidios con eco en la historia de la humanidad son:

Julio César

El asesinato de Julio César en el 44 a.C. Su muerte, a manos de un grupo de senadores romanos, se debió a la percepción de que César estaba acumulando demasiado poder y amenazaba la República Romana. Las consecuencias fueron que la República colapsó y dio paso al Imperio Romano.

El Archiduque Francisco Fernando

Este asesinato trascendió en Austria en 1914. Su asesinato por un nacionalista serbio fue el detonante inmediato de la Primera Guerra Mundial. Este conflicto global reconfiguró las fronteras de Europa, llevó al colapso de imperios y sembró las semillas de futuros conflictos, incluyendo la Segunda Guerra Mundial.

Mahatma Gandhi

En 1948, el asesinato de Mahatma Gandhi en la India tuvo un impacto profundo tanto a nivel nacional como internacional. Gandhi, conocido por su liderazgo en la lucha por la independencia de la India mediante la no violencia, fue asesinado por un extremista hindú que lo consideraba demasiado conciliador con los musulmanes. Su muerte dejó un vacío en el liderazgo moral de la nación y así incrementolas tensiones religiosas.

Martin Luther King Jr.

El asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968 fue un magnicidio que tuvo un profundo impacto en la sociedad estadounidense. King, líder del movimiento por los derechos civiles, fue asesinado en Memphis, Tennessee. Su muerte provocó disturbios en varias ciudades y un profundo dolor en la comunidad afroamericana. A nivel político, aceleró la aprobación de leyes de derechos civiles, pero también dejó un vacío en el liderazgo del movimiento, lo que afectó su cohesión y dirección en los años siguientes.




Todo este análisis y repaso histórico de la condición humanada y su relación con el poder y sus figuras nos lleva al reciente episodio vivido dentro las campañas norteamericanas donde Donal Trump candidato republicano al gobierno de USA sufrió un atentado, si bien para muchos Hollywood está detrás de lo que lleno nuestras pantallas el reciente fin de semana, yo prefiero disponer de la información aquí presentada para crear un juicio.

Todo esto sucede mientras algunos disponen revivir el magnicidio más controvertido en la historia reciente de México para dilapidar contra adversarios políticos y al igual que la inherencia de Dostoievski con la palabra crimen, en mi mente existe aquella que dice…… ¡Ay la culebra!…

@Raul_Saucedo
[email protected]

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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