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Opinión

Machina Animata. Por Raúl Saucedo

Ecos Dominicales y Lunáticos

El pasado 25 de Julio escribí mi columna “El Movimiento”publicada por este mismo medio donde aborde los claroscuros del movimiento olimpistas y su impacto en la humanidad en sus haceres terrenales, pasada la recienteclausura de los juegos olímpicos el domingo creo que no fueron tan lejanas mis palabras escritas aquel jueves, basta con revisar los muros de las redes sociales de algún familiar o conocido.

Después de observar diferentes diciplinas, de googlear resultados y mirar reels en mi pantalla sobre la hermosura parisina y las hazañas de la humanidad en esta justa deportiva, recordé el planteamiento del filósofo francés René Descartes cuando revolucionó el pensamiento occidental al presentar la idea de los seres vivos como una «machina animata» o máquinas animadas. Descartes describía a los cuerpos animales, y por extensión a los humanos, como mecanismos complejos, guiados por principios mecánicos y físicos, reduciendo la vida a un conjunto de engranajes que operan sin necesidad de un aliento que los dirija. Esta visión, aunque radical en su tiempo (Siglo XVII), invita a reflexionar sobre su aplicación en estos días postolímpicos donde los cuerpos parecen desafiar los límites de lo humano y, al mismo tiempo, reivindicar la dimensión más elevada del espíritu.

Los atletas olímpicos, con sus cuerpos cincelados por la disciplina, la determinación y la tecnología moderna, representan en muchos aspectos la encarnación del «machina animata«. Sus entrenamientos rigurosos y altamente sistematizados transforman sus cuerpos en máquinas eficientes, optimizadas para el máximo rendimiento. Cada músculo, tendón y hueso es afinado para responder con precisión, velocidad y fuerza, como si fueran engranajes en una máquina bien aceitada. Es fácil, entonces, caer en la tentación de verlos exclusivamente como máquinas, cuya función principal es la ejecución perfecta de su tarea.

Sin embargo, reducir a estos atletas a meros autómatas físicos sería un error filosófico. El mismo Descartes, a pesar de su mecanicismo, distinguía entre los animales y los humanos por la capacidad de los últimos para pensar y, por ende, poseer un alma. Los atletas olímpicos durante los últimos días generaron en nosotros un torrente emocional, donde al representar naciones enteras, donde al representar los sueños de millones y donde los fluidos erosionados de sus cuerpos al lograr las hazañas numéricas, se comparaban con las lagrimas de todo un pueblo.  

El verdadero espíritu olímpico trasciende la mera mecánica del cuerpo. Es una celebración del potencial humano, no solo físico, sino también mental y espiritual. Los atletas, en su búsqueda por superar sus propios límites, no solo ponen a prueba la capacidad de sus cuerpos, sino también la fortificación de su mente y la integridad de su carácter. Cada victoria y cada derrota son recordatorios de que, aunque el cuerpo pueda actuar como una máquina bien programada, es la mente la que lo dirige, la que decide continuar cuando el dolor es insoportable, la que visualiza la meta cuando los músculos están al borde del desgarre.

El atleta olímpico es una fusión de la «machina animata« y el ser humano integro. Sí, hay una precisión mecánica en sus movimientos, pero estos están animados por algo mucho más profundo: el deseo de trascender, de alcanzar un sueño que va más allá de lo físico. Esta aspiración hacia lo inalcanzable, hacia la superación constante, es lo que distingue a los atletas de las máquinas, lo que hace que su esfuerzo sea no solo admirable, sino también profundamente humano.

Todo este Planteamiento me surgió ayer cuando platicaba por la vía de la “injerencista” y “antidemocrática” aplicación de WhatsApp con una amiga olímpica (Beijing 2008) que me menciono que sufría de depresión postolímpica y caí en cuenta que quizá yo también la sufro y es evidente porque séque no soy esa «machina animata« de René Descartes si no mas bien el completo incompleto de Pau Donès mientras veíamos la clausura de los juegos olímpicos.

@uach.mx

@Raul_Saucedo

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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