Desde el primer minuto de este 19 de agosto de 2024, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han paralizado sus labores en todo el país. Esta acción, sin precedentes en la historia reciente, es una respuesta directa a la polémica reforma judicial impulsada por el Ejecutivo Federal, la cual busca que los jueces y ministrossean elegidos por voto popular.
Los trabajadores han calificado esta medida como un peligro inminente para la independencia judicial y un ataque directo a la estructura de contrapesos que sostiene la democracia en México. A este tema le suman, de acuerdo con sus palabras las afectaciones en salarios y fondo de ahorros de pensiones.
En un comunicado difundido ampliamente en medios y redes sociales, los trabajadores del Poder Judicial explicaron las razones detrás de su decisión de detener sus actividades de manera indefinida. El documento, dirigido tanto al Congreso de la Unión como al pueblo mexicano, deja en claro su postura firme contra la reforma que, según ellos, socava los cimientos mismos de la justicia en el país.
¿Qué es lo que piden?
La reforma ha generado una gran controversia al proponer que los cargos de jueces y ministros, tradicionalmente designados mediante procesos internos y especializados, sean sometidos a elección popular. Esta iniciativa, que según el Ejecutivo busca democratizar el acceso a la justicia, ha sido vista por los trabajadores del Poder Judicial como una amenaza que pondría en manos de la política decisiones que deberían ser técnicas y basadas en el derecho.
«Es un retroceso monumental», señaló Fernando Miguel, secretario de juzgado y uno de los voceros del movimiento. «La independencia del Poder Judicial no es un lujo, es una necesidad. Si permitimos que los jueces y ministros sean elegidos por voto popular, corremos el riesgo de que sus decisiones estén más influenciadas por intereses políticos que por la ley misma. Esto no es democratización, es politización de la justicia».
En el mismo comunicado, los trabajadores expresaron su preocupación por los impactos que la reforma podría tener sobre la carrera judicial, un sistema que, según ellos, garantiza que los puestos dentro del Poder Judicial sean ocupados por personal con la formación y experiencia adecuada.
«Eliminar la carrera judicial es un golpe directo a la profesionalización de nuestra labor», se lee en el texto. «Oficiales, actuarios y secretarios se verían gravemente afectados, ya que se estaría destruyendo la estructura que asegura un servicio de justicia imparcial y eficiente».
Las protestas se extienden por todo México
El paro laboral, que comenzó en el primer minuto de este día, ha sido acompañado por manifestaciones y protestas frente a varios edificios judiciales en todo el país. En la Ciudad de México, un numeroso grupo de trabajadores se congregó frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, mostrando pancartas y coreando consignas en defensa de la independencia judicial.
Algunos apoyan la necesidad de una mayor democratización en el proceso de selección de jueces y ministros, muchos otros han señalado los peligros de politizar el sistema judicial. «La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia», afirmó Claudia Sánchez, profesora de derecho constitucional.
«Alterar su estructura para someterla a los vaivenes de la política electoral podría tener consecuencias desastrosas para la imparcialidad de las decisiones judiciales».
Por su parte, el Ejecutivo Federal ha defendido la reforma argumentando que busca hacer más transparente y accesible el Poder Judicial para el pueblo. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, y varios sectores han acusado al gobierno de intentar concentrar más poder en sus manos.
RRSSComunicado PJF
«Esta reforma es parte de una agenda más amplia para debilitar los contrapesos y concentrar el poder en el Ejecutivo», advirtió Julio García, analista político. En respuesta a estas acusaciones, el Ejecutivo ha sostenido que la reforma es necesaria para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema judicial.
«El pueblo tiene el derecho de elegir a quienes administran justicia en su nombre», declaró un portavoz del gobierno. «La elección popular de jueces y ministros permitirá un sistema más transparente y que rinda cuentas al pueblo, en lugar de mantenerse en manos de una élite desconectada de la realidad social».
Sin embargo, los trabajadores del Poder Judicial rechazan esta visión y mantienen que la verdadera motivación detrás de la reforma es debilitar la independencia judicial. El paro nacional no tiene una fecha definida de conclusión, y los trabajadores han declarado que continuarán con esta medida hasta que sus demandas sean escuchadas y la propuesta de reforma sea retirada o modificada para garantizar la independencia judicial.
Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje
El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.
Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.
En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.
En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».
Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.
La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.
En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.
Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.
La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.
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