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Opinión

Guerrero: Un Pueblo que se Levanta. Por Sigrid Moctezuma.

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El cambio climático está intensificando los desastres naturales, como lo demuestra el reciente huracán John, que azotó las costas del Pacífico mexicano, afectando nuevamente al estado de Guerrero, apenas un año después del devastador huracán Otis. Estos fenómenos meteorológicos no son eventos aislados, sino señales de una tendencia global impulsada por el calentamiento del planeta, que agrava la vulnerabilidad de las comunidades más expuestas. Sin embargo, la verdadera historia detrás de estas catástrofes no radica solo en el daño causado, sino también en la resiliencia y la capacidad de recuperación de las personas afectadas.

Este fenómeno natural alcanzó vientos de más de 150 km/h en su punto más intenso, afectando gravemente a Guerrero, una región que aún no había completado su reconstrucción tras el impacto de Otis. Este último causó pérdidas superiores a los 7 mil millones de pesos, afectando sectores clave como el turismo, la pesca y la agricultura, y dejó a más de 200,000 personas sin electricidad. La situación de Guerrero es crítica porque, con cada nuevo desastre, la brecha de recuperación se amplía.

Los científicos han advertido que, a medida que los océanos se calientan, los huracanes se vuelven más frecuentes y poderosos. En el último año, México registró un aumento del 15% en la frecuencia de tormentas en comparación con la década anterior, un patrón que refleja la creciente gravedad de estos fenómenos climáticos extremos.

A pesar del devastador impacto, los habitantes de Guerrero han demostrado una admirable capacidad de resistencia. Tras el paso de Otis, las comunidades locales, en conjunto con organizaciones civiles y autoridades locales, trabajaron incansablemente para reconstruir viviendas, escuelas y negocios. Las redes de apoyo comunitario, que incluyen grupos de vecinos organizados y voluntarios, desempeñaron un papel crucial en la distribución de alimentos, agua y materiales de construcción, evidenciando una fortaleza que trasciende las adversidades.

Este mismo espíritu de resiliencia se manifestó tras el paso del huracán John. A pesar de la amenaza inminente y los estragos causados, las comunidades costeras, como Acapulco y Zihuatanejo, ya habían implementado medidas preventivas, gracias a las lecciones aprendidas en eventos anteriores. La organización temprana para las evacuaciones, la instalación de refugios y la colaboración entre ciudadanos y autoridades muestran que la sociedad está cada vez mejor preparada para enfrentar estos desafíos. No obstante, la resiliencia tiene un límite cuando no se cuenta con el apoyo adecuado a largo plazo. Los fondos de ayuda y reconstrucción, muchas veces, resultan insuficientes o tardan en llegar, dejando a las comunidades en una situación precaria. El gobierno federal, junto con agencias internacionales, debe priorizar políticas que fortalezcan la infraestructura y mejoren las condiciones de vida en las zonas de alto riesgo, asegurando que la resiliencia no sea solo una respuesta temporal, sino un pilar de desarrollo sostenible.

En crisis como la que hoy enfrentan Guerrero, Oaxaca y Chiapas tras el paso del huracán, el apoyo a la sociedad es fundamental. La solidaridad entre ciudadanos, sumada a la respuesta gubernamental y de organismos internacionales, ha sido un factor decisivo para la recuperación a corto y mediano plazo. El envío de insumos básicos y la inversión en programas de asistencia son vitales para mitigar los daños inmediatos y comenzar la reconstrucción de los municipios afectados. Además, es crucial que las políticas públicas incluyan mecanismos de apoyo psicológico y social para ayudar a las personas a sobrellevar el trauma y las pérdidas que estas catástrofes provocan.

El futuro nos depara más desafíos climáticos, pero también oportunidades para cambiar el rumbo. El huracán John, al igual que muchos otros eventos recientes, es un llamado urgente a la acción. No podemos detener los huracanes ni evitar todas las tragedias, pero sí podemos tomar decisiones que reduzcan los riesgos y preparen a nuestras comunidades para resistir con mayor fortaleza.

Guerrero y sus habitantes nos muestran que, aunque el cambio climático exacerba las adversidades, la solidaridad y la resiliencia siguen siendo nuestras mejores herramientas. El reto ahora es garantizar que el apoyo a estas comunidades no sea momentáneo, sino parte de una estrategia a largo plazo que construya un futuro más seguro, equitativo y sostenible.

 

Opinión

Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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