Opinión
No hay olvido. Por Raúl Saucedo
Decreto historico
En el inicio de la nueva administración el viento fue favorable para la historia, pareciera como si los susurros de miles se desplegarán nuevamente con consignas viejas (algunas de ellas vigentes aun). Las voces calladas, los estudiantes que un día alzaron la mano y fueron devorados por el silencio impuesto por el sistema, rondaban una vez más en el aire de la Ciudad de México. Fue este miércoles 2 de octubre y primer día del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, que en su primera conferencia de prensa, el pasado alcanzo a el presente, y en las palabras de la mandataria, las heridas de una nación se reconocieron a sí misma.
Claudia Sheinbaum firmó su primer decreto, uno que no solo hablaba de justicia, sino que invoca el espíritu de un país que nunca dejó de recordar. El decreto, cual conjuro añorado, establecía que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, debía ser reconocido por lo que siempre había sido: un crimen de lesa humanidad. Aquella masacre, que se llevó consigo los sueños, proyectos y las vidas de estudiantes que exigían ser escuchados, eran ahora un grito de una «hija del 68».
La madre de la científica, una profesora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), había estado allí, en medio del fuego cruzado, ayudando a los estudiantes. Por ello, este decreto no solo era una formalidad gubernamental; era un mandato del alma, un lazo entre generaciones que compartían el mismo anhelo de justicia. Como presidenta y como hija, Sheinbaum decidió que las heridas abiertas debían sanar, y la única manera de iniciarlo era a través del reconocimiento y la memoria.
El decreto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, no sólo reconoce en sus letras el terror de ese día, sino que también exige que el Estado Mexicano, pidiera una disculpa pública. En su texto, Sheinbaum dejó en claro que el gobierno que ella encabezaba asumía una responsabilidad moral y política frente a los hechos de 1968. En su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas, giró una orden tan solemne como tajante: “Nunca más”. Las estructuras militares, que un día arrebataron futuro no volverían a ser usadas contra el pueblo de México.
La plaza de Tlatelolco, donde la loza fue teñida de rojo, ya no era solo un lugar físico; se había convertido en un símbolo eterno de resistencia. Aquellos que perdieron la vida allí, cuyas voces aún resuenan entre los ecos de los edificios grises, recibían un aliciente histórico desde el poder. La secretaría de gobernación pronunciaba en nombre del Estado Mexicano la disculpa pública. Las palabras salieron con el peso de una historia no contada, pero conocida por todos. “Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público”. Y el aire, pesado y denso, pareció asentir.
El expresidente Gustavo Díaz Ordaz, el hombre detrás de la represión, había asumido en su momento la responsabilidad total de la masacre, pero no era suficiente. La sangre derramada no se limpia con palabras dichas en soledad. El proceso debía ser colectivo, debía involucrar a un país entero dispuesto a enfrentar su pasado. La disculpa no era solo para los muertos, sino también para aquellos que aún buscan en sus sombras una respuesta, una redención.
El 2 de octubre de 1968 no fue solo una fecha, fue un punto de inflexión en la historia de México. En aquel entonces, el país se preparaba para recibir los Juegos Olímpicos, y el gobierno de Díaz Ordaz temía que la imagen de estabilidad y orden que se querían proyectar al mundo de México se viera empañada por un movimiento estudiantil que desafiaba las estructuras del poder. Pero la represión no trajo paz sino dolor, y el país nunca fue el mismo.
Ahora, México bajo el mandato de la científica, los ecos de aquel octubre resuenan con fuerza, pero no con miedo. El decreto, firmado en el 56º aniversario de la masacre, es un llamado a la memoria, una advertencia al futuro. Nunca más se permitirá que el poder sea usado para silenciar al pueblo. La disculpa pública es un recordatorio de que la historia no se olvida.
Mientras la algarabía social y colectiva está atenta al inicio del gobierno de la primera mujer presidenta de este país, esté Chihuahua con espresso en mano espera con la firma plazmada la sanación familiar, histórica y social de lo que sucedió en el homónimo edificio
@Raul_Saucedo
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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