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México

Renuncia masiva en la Suprema Corte: ministros aseguran millonarias pensiones

En un suceso inédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se queda sin la mayoría de sus ministros tras la renuncia de ocho de ellos, quienes optaron por dejar su cargo antes de la histórica elección popular de jueces y magistrados, prevista para junio de 2025. Esta decisión asegura para ellos el acceso a una pensión vitalicia, conocida como «haber de retiro», que empezará a aplicarse en agosto de 2025.

Los ministros que se despiden son Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández. Los magistrados seguirán en funciones hasta el 31 de agosto de 2025. Mientras que las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Lenia Batres Guadarrama continúan en sus puestos, y el ministro Luis María Aguilar Morales termina su periodo en noviembre de este año.

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Los ministros y ministras que renunciaron a la Corte antes tendrán una pensión vitalicia.  Créditos: Especial

¿Cuánto ganarán los ministros como pensión?

Según el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los ministros retirados tienen derecho a una pensión equivalente al 100% de su salario mensual durante los primeros dos años y al 80% de este de por vida. La pensión también beneficia a sus familiares en caso de fallecimiento, aunque existen restricciones para cónyuges y descendientes mayores de edad.

La Ley establece, además, que durante los dos primeros an?os de haberse retirado del cargo, reciben las prestaciones relativas a aguinaldo, pago por riesgo y prima vacacional, despue?s de esos dos an?os, la u?nica prestacio?n que reciben anualmente es el aguinaldo.

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¿De cuánto es la pensión que recibirán los ministros y ministras que renuncien a la Corte? Créditos: Especial

Sin embargo, aquellos que no cumplieron los 15 años en el cargo reciben su pensión en proporción a sus años de servicio. Por ejemplo, el exministro Arturo Zaldívar, quien se retiró antes del plazo, recibe una cantidad ajustada conforme a su tiempo trabajado.

Cada ministro de la Corte recibe un salario neto mensual de 172 mil 379 pesos, según el manual de remuneraciones del Poder Judicial. La ministra presidenta obtiene un salario mayor, de 175 mil 660 pesos al mes, con un presupuesto anual de 3.7 millones de pesos, aunque su ingreso neto se reduce a 2.1 millones.

Las pensiones ministro por ministro tras su renuncia a la SCJN:

Las pensiones para cada ministro, calculadas en función de su tiempo en el cargo, quedarían de la siguiente manera:

  • Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: laboró 4 mil 350 días, recibirá 136 mil 955 pesos al mes
  • Javier Laynez Potisek: laboró 3 mil 246 días, recibirá 102 mil 134 pesos mensuales
  • Juan Luis González Alcántara Carrancá: laboró 2 mil 140  días, recibirá 67 mil 227 pesos al mes
  • Alberto Pérez Dayán: laboró 4 mil 348 días, recibirá 163 mil 868 pesos mensuales
  • Ana Margarita Ríos Farjat: laboró mil 790 días, recibirá 56 mil 367 pesos al mes
  • Jorge Mario Pardo Rebolledo: laboró 4 mil 411 días, recibirá 138 mil 765 pesos mensuales
  • Norma Piña Hernández: laboró 666 días, recibirá entre 20 mil 857 y 21 mil 254 pesos al mes
  • Luis María Aguilar Morales, quien cumplirá 15 años en diciembre, tendría derecho a una pensión completa de 172 mil 379 pesos mensuales.

México

Hallan 15 Cuerpos en Fosas Clandestinas en Chiapas, Epicentro de la Violencia del Narco

En medio de una creciente ola de violencia en el estado de Chiapas, autoridades mexicanas encontraron 15 cuerpos en fosas clandestinas, ubicadas en la región Frailesca, cerca de la frontera con Guatemala. El hallazgo subraya la crisis de seguridad en una zona marcada por disputas entre cárteles del narcotráfico.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, confirmó el descubrimiento el sábado a través de un mensaje en la red social X, donde detalló que las fosas fueron localizadas en dos propiedades. Además, informó sobre la incautación de armas, vehículos y drogas, así como la detención de cuatro personas. Sin embargo, no especificó si los arrestados están vinculados directamente con las muertes.

Frailesca, una región agrícola, se ha convertido en el escenario de una sangrienta guerra territorial entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes han utilizado la zona como ruta estratégica para el tráfico de drogas y migrantes. Según el centro de análisis InSight Crime, Chiapas es un punto clave para el contrabando debido a su ubicación geográfica.

El conflicto ha dejado un rastro de muerte y desolación, obligando a cientos de familias a huir hacia Guatemala en busca de seguridad. La violencia también ha alcanzado a figuras públicas como el sacerdote Marcelo Pérez, defensor de los derechos indígenas y campesinos, asesinado en octubre pasado a pesar de las amenazas previas en su contra.

Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, México ha registrado más de 450,000 homicidios y decenas de miles de desaparecidos, según cifras oficiales. La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, ha prometido continuar con la estrategia de «abrazos, no balazos» implementada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, pese a las críticas por la falta de resultados tangibles en la reducción de la violencia.

El hallazgo en Chiapas se suma a otro descubrimiento reciente en el estado de Chihuahua, donde las autoridades localizaron 12 cuerpos en 11 fosas clandestinas cerca de la frontera con Estados Unidos. Estos hechos confirman el patrón de violencia extrema que persiste en diversas regiones del país.

La población de Chiapas vive entre el miedo y la incertidumbre, mientras las autoridades intentan recuperar el control de un territorio donde los cárteles imponen sus reglas. El operativo en Frailesca representa un esfuerzo para restablecer la paz, pero los expertos advierten que sin un cambio de estrategia, la violencia podría seguir escalando.

Este nuevo capítulo de terror en Chiapas pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y proteger a las comunidades más vulnerables. La pregunta es si el gobierno federal podrá enfrentar este desafío o si Chiapas seguirá siendo un campo de batalla para los grupos criminales.

 

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