Opinión
El pozo y el gozo. Por Raúl Saucedo
LA MUERTE NO VALE NADA
México está a unos días de recibir a sus difuntos con los brazos abiertos, la esperanza histórica, la noche fría y los altares artísticos en cada rincón. El Día de Muertos, es una de las tradiciones más arraigadas en la estructura social mexicana, trasciende su profundo significado espiritual y se convierte paradójicamente en un catalizador económico que impulsa diversos sectores, desde el campo hasta el turismo. Más allá de su valor cultural e histórico, esta festividad se traduce en una inyección de capital que beneficia a miles de familias mexicanas, manteniendo vivas las tradiciones y generando oportunidades.
Si me lo permite apreciable lector, imaginemos el proceso: desde los campos de flores de cempasúchil que tiñen de naranja el paisaje, hasta las panaderías con el aroma a pan de muerto recién horneado, pasando por los mercados llenos de calaveritas de azúcar, papel picado y veladoras. El Día de Muertos activa una cadena productiva que involucra a agricultores, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios turísticos.
Las familias mexicanas, empresas, oficinas gubernamentales, escuelas y comercios, se preparan con semanas de anticipación, adquiriendo los elementos necesarios para construir altares y ofrendas como:
? La flor de cempasúchil: Su cultivo representa una importante fuente de ingresos para agricultores, especialmente en estados del centro del pais como Puebla, Hidalgo y Oaxaca.
? El pan de muerto: Panaderías de todo el país incrementan su producción, ofreciendo una variedad de panes alusivos con distintos ingredientes y decoraciones.
? Las calaveritas de azúcar: Artesanos dulceros moldean con destreza el azúcar para crear las tradicionales calaveritas, personalizadas con nombres y dedicatorias.
? El papel picado: Con sus diseños elaborados y colores vibrantes, el papel picado adorna los altares y espacios públicos, impulsando el trabajo de artesanos que conservan técnicas ancestrales.
La atracción que ejerce esta tradición a nivel nacional e internacional se traduce en un flujo importante de turistas que buscan vivir esta experiencia única. Desde los imponentes altares en museos y espacios públicos, hasta las coloridas ofrendas en hogares y panteones, el Día de Muertos se convierte en un imán para viajeros que desean sumergirse en la riqueza cultural de México.
La derrama económica generada por el turismo de Día de Muertos impacta positivamente en:
? Hoteles y Airbnb donde registra un aumento en la ocupación hotelera en destinos con celebraciones destacadas, como Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México.
? Restaurantes La gastronomía mexicana, con platillos especiales para la temporada, como el mole negro y los tamales, atrae a los paladares exigentes de los visitantes.
? Transporte: Agencias de viajes y compañías de transporte ofrecen paquetes y tours especiales para recorrer los principales puntos de interés durante las festividades.
? Comercios locales: Desde tiendas de artesanías hasta mercados tradicionales, se benefician del consumo de los turistas que buscan llevarse un pedazo de la tradición.
Más allá de los números, el Día de Muertos contribuye a la preservación de técnicas artesanales ancestrales y genera empleos temporales que benefician a comunidades dedicadas a la elaboración de productos tradicionales.
Este patrimonio cultural inmaterial, declarado por la UNESCO en 2008, se mantiene vivo gracias al trabajo de artesanos que heredan sus conocimientos de generación en generación.
El reto principal a mi juicio de esta tradición sería traducir un desarrollo sostenible que beneficie a todos los actores involucrados. Donde el comercio justo garantice que los productores y artesanos reciban un precio justo por su trabajo. Donde La preservación del medio ambiente sea Fomentada por el uso de materiales biodegradables y prácticas sustentables en la producción y el consumo. y donde la distribución equitativa de la riqueza sea Impulsada por el desarrollo económico en las comunidades que participan en la cadena productiva de esta festividad.
Cada ser humano tenemos en la memoria un momento específico que nos hace recordar la fragilidad de la vida, un instante donde recordamos el encuentro con la muerte…El beso en una frente fría con sabor a tierra en un féretro antes de cerrar, el recordatorio de aromas a taller de soldadura o la culpabilidad de la despedida causada.
En cambio el mexicano tiene sus momentos de recordar la muerte como la calaverita escrita anunciando una sátira despedida y porque no el ingenio glotón de la hamburguesa con pan de muerto.
@Raul_Saucedo
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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