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Política

Destinará gobierno federal casi 30 mil mdp para combate a inseguridad

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El gobierno federal anunció que se destinarán cerca de 30 mil millones de pesos para el combate a la inseguridad en el país. Lo anterior en voz del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien afirmó que se trata de la mayor cifra que ha sido destinada para combatir a la delincuencia durante la historia del país. De acuerdo al encargado de la política interna del país, lo anterior será liberado a través de la firma de convenios con todas las entidades de país con los cuales el gobierno calderonista se compromete a liberar dichos recursos. “Durante el transcurso de las próximas semanas estaré firmando los convenios correspondientes, con los cuales el gobierno federal se compromete a otorgar a los estados municipios, y delegaciones del Distrito Federal, la cantidad más alta de recursos que se haya hecho en toda la historia del país para apoyar su transformación en materia de seguridad y de justicia”. En conferencia de prensa, indicó que los recursos tendrán que ser destinados para combatir a la delincuencia y concretar la instauración del sistema de justicia penal en México.Detalló que 17 mil 300 millones serán destinados para cuatro programas como el fondo de aportaciones de seguridad pública; al subsidio para la policía acreditable; al subsidio para la seguridad pública municipal; y al programa de apoyos de seguridad pública. Asimismo, serán dispuestos hasta 12 mil millones a fin en financiamiento a través de Banobras para construir las salas de audiencia para los juicios orales así como impulsar la renovación y creación de infraestructura penitenciaria así como centros de evaluación de control de confianza. Además, subrayó que se ofrecerán a las entidades federativas recursos de hasta 400 millones de pesos para que puedan tener listos de forma inmediata sus proyectos ejecutivos para nuevos penales y juzgados. Sentenció que los subsidios tendrán que ser ejercidos de forma transparente, racional y eficiente para lograr las metas previstas. “Los recursos se tienen que ejercer de una forma transparente, racional y eficiente, se deben ejercer para lograr que las policías sean certificadas y profesionalizadas, dese los altos mandos hasta los elementos operativos, deben ser utilizados también para reclutar mejores policías que estén verdaderamente preparados y que cuenten con una autentica vocación de servicio y servirán también para mejorar el equipamiento e infraestructura de los cuerpos de seguridad de todas las entidades federativas del país”. Advirtió que la entrega de recursos estará condicionada con la exigencia de dar resultados concretos que se traduzcan en una mayor seguridad para toda la población toda vez que no hacerlo, significaría poner en riesgo los logros que se han tenido en la materia. “La entrega de estos recursos está acompañada de una exigencia clara, firme e incuestionable por parte de la sociedad, cada una de las entidades federativas y de los municipios deberán dar resultados concretos que se traduzcan en una  mayor seguridad para toda la población. No hacer lo significaría poner en riesgo los logros que hemos tenido y peor aún, fallar a la exigencia de seguridad que día a día nos hacen los ciudadanos”. Finalmente, urgió en la necesidad de acelerar los procesos y mecanismos de control de confianza y depuración de cuerpos policiacos, así como la consolidación de la reforma en materia de seguridad y justicia. Además, del firme compromiso de los gobiernos de las entidades y municipios para depurar y modernizar sus cuerpos de seguridad.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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