Opinión

Camarlengo. Por Raúl Saucedo

VACÍOS DE PODER

Dentro del sistema administrativo del Vaticano, una figura emerge con un poder transitorio pero significativo durante un período crucial: el Camarlengo. Este cardenal, cuya principal función es administrar los asuntos temporales de la Santa Sede durante la Sede Vacante – el interregno entre el fallecimiento de un Papa y la elección de su sucesor – se convierte en un eje central en un momento de incertidumbre y potencial fragilidad institucional. Su capacidad para interpretar normas, tomar decisiones administrativas y, en esencia, mantener la barca a flote, revela una dinámica fascinante sobre cómo el poder se ejerce y se moldea en ausencia de una autoridad central.

En este escenario ecliesastico, con sus protocolos centenarios y su lógica interna, ofrece un paralelismo sorprendente con otros sistemas políticos. En el dinamismo de un país, los vacíos de poder son fenómenos inherentes a la vida política. Pueden surgir por diversas razones: la renuncia o destitución de un líder, una crisis de gobierno, un período de transición tras una elección disputada o incluso la erosión gradual de la legitimidad de una figura central. En estos intersticios, donde la autoridad formal se debilita o desaparece temporalmente, emergen actores políticos que, al igual que el Camarlengo, influyen en el curso de los acontecimientos.

Estos «camarlengos laicos» pueden ser figuras con sólidas bases de apoyo dentro de un partido, líderes de facciones influyentes, tecnócratas con conocimiento especializado o incluso actores externos con la capacidad de ejercer presión. Su poder no emana necesariamente de un cargo formal, sino de su habilidad para leer la coyuntura, construir alianzas, proponer soluciones y, en definitiva, llenar el vacío de liderazgo con su propia agenda e influencia.

Al igual que el Camarlengo debe navegar por las complejidades del Colegio Cardenalicio y las expectativas de la Iglesia universal, estos actores políticos deben maniobrar en un entorno donde las reglas del juego pueden estar temporalmente suspendidas o reinterpretándose. La ambición personal, las lealtades partidistas y la visión de futuro del sistema político se entrelazan en una danza donde la astucia y la capacidad de anticipación son cruciales.

Sin embargo, la analogía también revela una diferencia fundamental. Mientras que el Camarlengo opera dentro de un marco institucional y con el objetivo último de facilitar la elección de un nuevo Papa, los actores políticos en un vacío de poder pueden tener objetivos más diversos y, en ocasiones, contrapuestos. Algunos buscarán restaurar el orden y la estabilidad, actuando como verdaderos estadistas. Otros, en cambio, podrían intentar aprovechar la situación para consolidar su propia posición, impulsar agendas particulares o incluso desestabilizar aún más el sistema en su beneficio.

En última instancia, el poder transitorio del Camarlengo nos recuerda que incluso en la ausencia de una autoridad central definida, el poder nunca desaparece por completo. Simplemente se redistribuye y se ejerce de formas a menudo más sutiles y dinámicas. Observar la actuación de estos «camarlengos» en los vacíos de poder de un sistema político es crucial para comprender las fuerzas que moldean el futuro de una nación y para discernir entre aquellos que buscan construir y aquellos que pretenden aprovechar la incertidumbre para sus propios fines. La historia política está repleta de ejemplos de cómo estos períodos de interregno han marcado puntos de inflexión, para bien o para mal, en el destino de los pueblos.

Mientras los Millenials vemos en las pantallas de nuestros dispositivos los videos de un tercer acontecimiento histórico canónico, no dejo de preguntarme a quién le dejamos la figura del camarlengo en nuestras vidas, esa que se atormenta y se distrae de lo trascendental…

@Raul_Saucedo

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.