PARRAL, Chih.— La diputada local Alma Yesenia Portillo Lerma, de Movimiento Ciudadano, calificó como “criminal” y “una política de terror” la decisión de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de condicionar el suministro de agua mediante pipas solo a quienes no presentan adeudos en su recibo, en medio de la grave crisis hídrica que afecta a cientos de familias en la región.

La legisladora denunció públicamente que la medida anunciada por el titular de la JMAS en Parral, Arturo Gaytán, constituye una violación directa al derecho humano al agua, al excluir del abasto de emergencia a quienes no estén al corriente en sus pagos, sin tomar en cuenta su situación económica o social.

“Es un acto criminal negar el agua, que es un derecho humano reconocido por tratados internacionales, solo porque una familia tiene un recibo vencido. Es revictimizar a los más vulnerables. Se está aplicando una política de terror”, declaró Portillo.

De acuerdo con los lineamientos actuales de la dependencia, para solicitar una pipa es obligatorio presentar el folio del recibo de agua, el cual es verificado en sistema. Si existe algún adeudo, se niega el servicio, aunque el usuario no haya recibido agua de forma regular en semanas.

La diputada también cuestionó que se sigan realizando cobros por un servicio prácticamente inexistente. “Se les está cobrando a familias por agua que no reciben, y cuando reclaman, se les castiga aún más negándoles las pipas”, criticó.

Portillo hizo un llamado urgente a las autoridades locales y estatales para explorar soluciones sostenibles, como la identificación de nuevas fuentes de abasto y la atención inmediata a las fugas y deficiencias en la infraestructura hídrica que agravan la situación.

En defensa de los afectados, la legisladora anunció que continuará impulsando amparos colectivos en favor de las familias sin acceso al mínimo vital de agua —establecido en al menos 50 litros diarios por persona—, una acción que, aseguró, ya ha logrado que decenas de hogares reciban el recurso indispensable para su subsistencia.

“No deberíamos tener que recurrir a tribunales para garantizar el acceso al agua. La administración pública tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar este derecho. Lo que está ocurriendo en Parral es indignante”, concluyó.