Ciudad de México.— A siete días de que la Fiscalía de Campeche presentó una nueva solicitud de desafuero contra el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas por presunto desvío de 83.5 millones de pesos, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aún no ha recibido el expediente correspondiente.

El presidente de dicha instancia legislativa, Hugo Eric Flores Cervantes, confirmó que el documento sigue sin ser turnado por la Secretaría General del recinto, encabezada por Mauricio Farah. “Todavía no tenemos el estudio del caso; están por turnarnos el expediente para revisar su admisión o no”, declaró en entrevista con Latinus.

La nueva acusación, revelada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señala presuntas irregularidades durante el periodo en que Moreno fue gobernador de Campeche (2015–2019). La Fiscalía local entregó la solicitud el pasado 23 de julio, pero hasta este miércoles no hay constancia de que haya sido remitida a la Sección Instructora.

Por procedimiento, la Secretaría General tiene un plazo máximo de tres días para validar el documento y canalizarlo a los diputados encargados del análisis jurídico. Sin embargo, integrantes de la Sección Instructora aseguran que ni siquiera saben si será incluida como tema general en la sesión de este viernes.

Mientras tanto, se prevé que ese mismo día se resuelva la primera petición de desafuero contra Moreno, presentada durante la legislatura pasada, cuando era diputado federal. De acuerdo con legisladores consultados, se perfila que dicho expediente sea desechado por falta de elementos suficientes.

La Gaceta Parlamentaria ya publicó la convocatoria para esa sesión, aunque sólo menciona la discusión y eventual aprobación de un dictamen relacionado con un incidente judicial.

Por su parte, Alejandro Moreno ha rechazado todas las acusaciones en su contra y sostiene que se trata de una persecución política. En conferencia de prensa, recordó que promovió un amparo para frenar el proceso y acusó que los intentos de desafuero buscan desviar la atención pública.

En agosto de 2022, el entonces fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, aseguró que el priista podría enfrentar hasta 25 años de prisión por enriquecimiento ilícito, aunque también insistió en que no se trataba de una acción con fines políticos.