El gobierno del presidente Donald Trump anunció una nueva medida que marca un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria de Estados Unidos: la revisión de más de 55 millones de visas vigentes con el objetivo de detectar posibles violaciones que puedan llevar a la revocación del documento y, en su caso, a la deportación.

El Departamento de Estado confirmó que todos los portadores de visa —incluidos turistas de múltiples países— están sujetos a una “evaluación continua” que revisa antecedentes criminales, posibles excesos de estancia, vínculos con terrorismo o actividades que pongan en riesgo la seguridad nacional. Si se detecta alguna irregularidad, la visa será cancelada de inmediato y, si la persona se encuentra dentro del país, quedará expuesta a un proceso de deportación.

De acuerdo con datos oficiales, en 2023 había en Estados Unidos 12.8 millones de residentes permanentes y 3.6 millones de personas con visas temporales. Sin embargo, la cifra de 55 millones incluye a millones de turistas con visas de entradas múltiples que podrían no estar actualmente en el país. Para Julia Gelatt, del Instituto de Política Migratoria, esta revisión masiva plantea dudas sobre el uso de recursos en viajeros que quizá nunca vuelvan a territorio estadounidense.

El proceso se ampliará con nuevas herramientas tecnológicas. Desde este año, los solicitantes de visa deben entregar acceso completo a redes sociales y dispositivos móviles, lo que permite al gobierno revisar información incluso después de haber emitido la autorización. Según el propio Departamento de Estado, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca se han revocado más del doble de visas que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo casi cuatro veces más permisos de estudiantes.

A la par de esta revisión, el secretario de Estado Marco Rubio informó que Estados Unidos dejará de expedir visas de trabajo a conductores de camiones comerciales. La medida, publicada en la red social X, busca —según Rubio— proteger la seguridad vial y los empleos de los camioneros estadounidenses, argumentando que el incremento de operadores extranjeros “pone en riesgo vidas y afecta la economía local”.

El Departamento de Transporte ya había reforzado en meses recientes la exigencia de que los choferes extranjeros hablen y lean inglés con fluidez, luego de incidentes fatales en los que se señaló como factor la falta de dominio del idioma. El propio Departamento de Estado suspendió de inmediato el procesamiento de nuevas visas para camioneros con el fin de revisar protocolos de evaluación.

No obstante, expertos advierten que la decisión podría tener efectos adversos. Edward Alden, del Consejo de Relaciones Exteriores, recordó que los trabajadores extranjeros han sido clave para compensar la escasez de operadores en el sector. A su juicio, la decisión forma parte de un esfuerzo más amplio para desalentar a empresas, universidades y hospitales de contratar mano de obra extranjera, con consecuencias económicas que podrían ir mucho más allá de los transportistas.

En paralelo, el gobierno detalló que desde enero se han revocado más de seis mil visas de estudiantes por excesos de estancia y violaciones a la ley, de las cuales entre 200 y 300 estuvieron vinculadas con actividades terroristas o apoyo a organizaciones designadas como tal.

La política refuerza así el enfoque restrictivo de la administración Trump, que busca limitar la entrada y permanencia de extranjeros en Estados Unidos, endureciendo los requisitos de seguridad y enviando un mensaje claro: ningún portador de visa está exento de una revisión exhaustiva.