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El nuevo pacto de EU y México: ¿Socios a la fuerza? Por Caleb Ordóñez T.

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En política internacional pocas cosas pesan tanto como la relación entre México y Estados Unidos. A lo largo de la historia, cada acuerdo ha sido un espejo de los tiempos: desde la Iniciativa Mérida, que en su momento fue vista como una extensión del poder estadounidense, hasta los choques por migración y aranceles bajo la era Trump. Hoy, sin embargo, con la firma del nuevo acuerdo de seguridad, el tablero se mueve hacia un horizonte inesperado: cooperación con respeto a la soberanía.

Caleb Ordoñez T.

Caleb Ordoñez T.

Este pacto, anunciado con bombo y platillo en ambos países, establece que México y Estados Unidos trabajarán juntos en temas de seguridad a través de intercambio de información, capacitación mutua y operaciones espejo en la frontera. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando haya reportes de tráfico de armas en un lado, el otro responderá de inmediato. Que agentes mexicanos podrán formarse en EE.UU., y al mismo tiempo oficiales norteamericanos aprenderán protocolos como el Plan DN-III y el Plan Marina. Todo bajo una regla de oro: no habrá tropas extranjeras operando en México.

Los números hablan. El acuerdo no surge de la nada, sino como resultado de una cooperación que ya está mostrando cifras llamativas. En apenas ocho meses, los encuentros migratorios en la frontera norte se han reducido hasta en un 93 %. La extradición de 55 líderes criminales ha sido interpretada como una señal clara de voluntad mexicana para enfrentar al crimen organizado. Y mientras el fentanilo sigue siendo el gran enemigo común, se presume una caída del 50 % en decomisos, lo que sugiere mayor control en la cadena de producción y tráfico. Además, en México los crímenes de alto impacto han bajado un 32 %, lo que fortalece el argumento de que la estrategia está funcionando.

Estos datos son un arma política en sí misma. Para el gobierno mexicano representan legitimidad frente a las críticas internas que cuestionan su capacidad de enfrentar a los cárteles. Para Washington son municiones de campaña, pues muestran resultados tangibles en el tema que más preocupa al electorado estadounidense: la frontera.

La narrativa de Rubio y la sombra de Trump

En medio de este escenario llegó Marco Rubio, ahora secretario de Estado estadounidense, con un discurso de cooperación que contrasta —aunque no del todo— con el tono beligerante de Donald Trump. Rubio declaró que “no hay ningún gobierno que coopere más que México”, una frase que sirve tanto de halago como de advertencia: cualquier retroceso podría ser leído como traición.

Trump, por su parte, ha insistido en narrativas duras: catalogar a los cárteles como terroristas, justificar ataques unilaterales en terceros países y hablar de militarización de la frontera como si se tratara de la única salida. Esa línea de pensamiento, aunque radical, aún resuena en sectores del electorado y mantiene la tensión latente.

La visita de Rubio buscó, entre otras cosas, suavizar esa retórica. Presentó la relación bilateral como una asociación estratégica, más que como un pleito de poder. Sin embargo, el fantasma de Trump ronda inevitablemente: cualquier incidente grave podría reavivar la tentación intervencionista de Washington.

Una nueva relación: socios, no subordinados. El punto central de este acuerdo, y lo que lo diferencia de otros intentos fallidos, es que México logró blindar su soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al subrayar que no habrá operaciones militares extranjeras en territorio nacional. Esta es una línea roja que busca calmar las aguas internas —donde la narrativa de injerencia suele encender pasiones— y al mismo tiempo establece un marco de confianza con EE.UU.

Lo que veremos de ahora en adelante es una relación menos vertical. México ya no aparece como el socio débil que simplemente acepta instrucciones; se sienta en la mesa como aliado que pone condiciones. Estados Unidos, urgido por la crisis del fentanilo y la presión migratoria, parece haber aceptado este esquema.

A mediano plazo, este modelo puede abrir la puerta a algo más grande: cooperación en inteligencia financiera, tecnología de vigilancia y hasta campañas binacionales de salud pública contra las drogas. Si funciona, se convertirá en una especie de “Plan de Seguridad del Siglo XXI”, una evolución natural tras el desgaste de la Iniciativa Mérida.

El gran desafío será sostener la confianza. Las operaciones espejo, las capacitaciones cruzadas y el intercambio de información requieren un nivel de transparencia inédito entre ambos países. Bastará una filtración, un operativo mal coordinado o una narrativa electoral incendiaria para poner todo en riesgo.

Hoy, México y Estados Unidos parecen haber encontrado un punto medio entre la obsesión de Washington por la seguridad y la insistencia mexicana en la soberanía. Si logran mantener ese equilibrio, este acuerdo podría ser recordado como el inicio de una nueva era bilateral: una donde, por fin, se actúa como socios y no como vecinos desconfiados.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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