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Opinión

El costo del odio en la política. Por Caleb Ordóñez T.

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En estos días el mundo nos muestra escenas que, más que noticias, parecen espejos rotos en los que nadie quiere mirarse. Historias de violencia política, de polarización sin freno y de sociedades que de pronto despiertan en medio del caos. Y aunque los vemos como problemas lejanos —Nepal, Ucrania, Estados Unidos o Argentina— lo cierto es que en México estamos más cerca de ese precipicio de lo que creemos.

Hace unos días, el asesinato del activista conservador norteamericano Charlie Kirk en Estados Unidos sacudió la política de ese país. Un crimen político y religioso con todas sus letras, resultado de un ambiente en el que la palabra se convirtió en bala, y el adversario en enemigo a exterminar. Lo mató no un ejército extranjero, sino el odio sembrado en casa. Murió por su forma de pensar la solución a problemas sociales y por ser orgullosamente cristiano, en una sociedad gringa cada día más confundía.

En Nepal, la generación Z se cansó de la corrupción y salió a las calles. Al principio fueron protestas, luego incendios de edificios públicos, 19 muertos, más de 700 heridos y un primer ministro que no tuvo más remedio que renunciar. Lo que comenzó como reclamo legítimo se transformó en rabia desbordada.

En Argentina, la polarización económica y política ha convertido cada marcha en un campo de batalla. Oficialistas y opositores parecen hablar en idiomas distintos, incapaces de acordar incluso lo básico: cómo contener una inflación que devora bolsillos y esperanzas. La democracia sufre cuando el diálogo es imposible y las calles se llenan de banderas opuestas.

Y en Estados Unidos ocurrió algo que duele en lo más humano: Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana que había huido de la guerra buscando paz, fue asesinada brutalmente en un tren. El agresor, un exconvicto, la atacó sin razón aparente. Lo más terrible no fue solo la violencia, sino la indiferencia: pasaron segundos eternos en los que nadie se acercó a ayudarla. Murió sola, degollada, en medio de la multitud. Su historia recuerda que la deshumanización empieza cuando decidimos voltear la mirada.

¿Qué tienen en común estos episodios? Que todos son hijos de la polarización y de la incapacidad de las instituciones y de los ciudadanos para contenerla. Y aquí es donde México debe mirarse al espejo.

México y sus propias alarmas

Nuestro país ha vivido ya las primeras alarmas: decenas de candidatos asesinados en procesos electorales, presidentes municipales gobernando bajo amenazas, discursos oficiales que dividen entre “buenos” y “malos”, entre “conservadores” y “transformadores”. En redes sociales no hay debate, hay trincheras. Y en las calles, la violencia del crimen organizado se mezcla con la política como un veneno que corroe la confianza ciudadana.

Y para colmo, los propios legisladores, que deberían ser ejemplo de civilidad, se convierten en espectáculo de vergüenza nacional: escupiéndose, empujándose, gritándose insultos y mentándose la madre en el Congreso. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que debata con altura cuando quienes hacen las leyes se comportan como si la política fuera una pelea de barrio?

El riesgo es claro: si seguimos alimentando la lógica del odio, si dejamos que el adversario se convierta en enemigo, si nos acostumbramos a ver la violencia como parte del paisaje, un día la tragedia que hoy vemos en Nepal, en Argentina o en Estados Unidos será nuestra.

No se trata de sembrar miedo, sino de encender alarmas. La violencia política no llega de golpe: se construye poco a poco con cada insulto desde un atril, con cada mentira que se viraliza, con cada ciudadano que decide que “no es su problema” cuando alguien sufre.

¿Qué hacer entonces? Primero, exigir a nuestros líderes políticos que bajen el tono. La palabra importa: una frase incendiaria en boca de un presidente, de un gobernador o de un legislador puede ser la chispa que encienda la pólvora. Segundo, fortalecer las instituciones de justicia y seguridad, porque sin árbitros confiables la cancha se convierte en selva. Y tercero, asumir como ciudadanos que la democracia no se defiende desde la comodidad del sofá: se defiende participando, informándose, dialogando incluso con quien piensa distinto.

La lección está ahí, en cada noticia internacional que leemos con horror. México todavía está a tiempo de elegir un camino distinto, de evitar que nuestras diferencias políticas se conviertan en trincheras de sangre. Pero para lograrlo, debemos dejar de ver la violencia como un espectáculo ajeno y reconocerla como una amenaza propia.

Y aquí está el reto: o empezamos a tratarnos como adversarios democráticos capaces de dialogar, o terminaremos viéndonos como enemigos a destruir. La historia reciente del mundo nos advierte lo que pasa cuando gana el odio. La pregunta es simple y brutal: ¿queremos que México sea recordado como una nación que aprendió de los espejos ajenos… o como un país que prefirió romperse en mil pedazos frente a ellos?

Opinión

Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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