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México

Senado pide a estados retirar cámaras instaladas por el crimen organizado

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El Senado de la República hizo un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para que identifiquen y retiren equipos de videovigilancia colocados de manera irregular, los cuales, según autoridades, son utilizados por grupos criminales para monitorear a policías y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los legisladores señala que, aunque algunas cámaras podrían haber sido instaladas sin conocimiento de las regulaciones vigentes, existen evidencias de que estos dispositivos han sido aprovechados por la delincuencia organizada como herramienta de control territorial y de inteligencia.

Casos recientes refuerzan la preocupación. En Celaya, Guanajuato, fueron detectadas alrededor de mil 400 cámaras ligadas presuntamente a grupos criminales. En Baja California, en noviembre de 2024, se retiraron 265 cámaras en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz se inhabilitaron 50 videocámaras con el mismo fin.

También en Chiapas, el 19 de febrero de 2025, la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal aseguraron equipos de videograbación, mientras que un día después en Culiacán, Sinaloa, fueron retiradas 64 cámaras presuntamente instaladas por el crimen organizado.

La Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública en la capital permite a las autoridades instalar sistemas de videovigilancia con fines de prevención y combate a delitos. Sin embargo, los grupos criminales han replicado este modelo tecnológico para obtener información estratégica y fortalecer sus operaciones ilegales.

El Senado subrayó que es necesario reforzar los mecanismos de supervisión para impedir que estas prácticas se extiendan y garantizar que la videovigilancia en el país se utilice únicamente con fines legítimos de seguridad pública.

México

Hacienda rechaza diagnóstico de The Economist sobre economía mexicana

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que la economía mexicana esté “rota”, como lo afirmó la revista inglesa The Economist en un reciente artículo, y sostuvo que dicha caracterización sobredimensiona factores coyunturales y minimiza las fortalezas estructurales del país.

El semanario publicó el texto titulado “Mexico’s broken economy”, en el que señaló que durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el crecimiento económico fue de apenas 0.8 por ciento, el nivel más bajo desde la pandemia y el menor entre las principales economías de América Latina.

En respuesta, la dependencia federal indicó mediante un comunicado que este análisis no considera adecuadamente los choques externos que han afectado el desempeño económico reciente. Explicó que la moderación observada en 2025 responde a factores como cambios en la política comercial de Estados Unidos, la normalización de la política monetaria y un ajuste fiscal interno tras el gasto expansivo registrado en 2024.

La SHCP subrayó que los aranceles tuvieron un impacto directo en sectores específicos, particularmente en la industria automotriz, lo que restó alrededor de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto, pese a que las exportaciones en su conjunto continuaron creciendo.

Asimismo, cuestionó el análisis sobre la inversión pública presentado por la revista, al señalar que la caída de 28 por ciento citada se basa en datos presupuestarios y no en cuentas nacionales, lo que consideró una interpretación incompleta de las tendencias reales.

Sobre la informalidad, la Secretaría afirmó que su papel como principal obstáculo al crecimiento está sobredimensionado en el artículo, al destacar que este indicador ha mostrado una tendencia a la baja al pasar de 56.5 por ciento en 2018 a 54.3 por ciento en 2024, con un incremento marginal a 54.9 por ciento en 2025.

En materia de política salarial, la dependencia sostuvo que los incrementos al salario mínimo han contribuido al fortalecimiento del ingreso, con un aumento real superior al 150 por ciento desde 2018 y una reducción de la pobreza en más de 13 millones de personas.

Finalmente, señaló que la inversión pública en generación y transmisión eléctrica creció más de 25 por ciento en 2025, lo que ha permitido ampliar la capacidad y confiabilidad del sistema, junto con la implementación de nuevos esquemas para facilitar la participación privada en el sector. Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta adicional por parte de la publicación.

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