La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su administración trabaja en consolidar información de diversas dependencias para determinar con precisión el impacto económico del llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que operaba con distintos vacíos legales y contables.

Durante su conferencia matutina, la mandataria descartó que el daño económico ascienda a los 600 mil millones de pesos, cifra mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano. “Estamos integrando todas las bases de datos para contar con una única fuente de información sobre la cantidad de combustible que se importa, se produce y se vende en el país”, explicó Sheinbaum.

Para ello, se revisarán los registros de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la información de importación compartida por la Secretaría de Energía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la aduana. La presidenta adelantó que, al cierre de octubre, el gobierno federal contará con información en tiempo real sobre importación y venta de combustibles, lo que permitirá detectar si existen irregularidades o contrabando.

Sheinbaum aclaró que la estimación de 600 mil millones de pesos provino de un cálculo legislativo y no de datos oficiales de la Secretaría de Hacienda. Sí confirmó que existen querellas por 16 mil millones de pesos, cifra también proporcionada por la procuradora.

En este contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió un proceso contra 10 marinos y funcionarios aduaneros implicados en la entrada ilegal de millones de litros de combustible, que eran declarados como aditivos para evadir impuestos. Entre los involucrados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán (2018-2024).

Con estas acciones, el gobierno busca garantizar la trazabilidad de los combustibles y frenar el contrabando, fortaleciendo el control fiscal y evitando pérdidas millonarias para el país.