Una investigación de Reuters reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha establecido una red transnacional de contrabando de combustible que involucra a empresas estadounidenses, buques extranjeros y complicidades dentro de instituciones mexicanas, en lo que las autoridades han calificado como un “huachicol fiscal” de dimensiones multimillonarias.

El 8 de marzo, el buque petrolero Torm Agnes arribó al puerto de Ensenada con casi 120 mil barriles de diésel, pese a que el recinto carece de la infraestructura necesaria para manejar hidrocarburos inflamables. Camiones cisterna esperaban en el muelle para cargar el combustible mediante mangueras improvisadas, en una operación que, según fuentes de seguridad, fue dirigida por operadores del CJNG con apoyo de la empresa estadounidense Ikon Midstream.

La compañía con sede en Houston habría comprado el diésel en Canadá, lo declaró falsamente como lubricante y lo entregó a una empresa mexicana llamada Intanza, identificada por autoridades como una fachada del cártel. Los registros portuarios consultados por Reuters confirman que Ikon Midstream realizó al menos cinco envíos similares en 2025 a puertos mexicanos, principalmente a Tampico, utilizando la misma estrategia para evadir el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

El valor estimado del cargamento era de 12 millones de dólares, pero al ser declarado como lubricante se evitó el pago de casi siete millones en impuestos. Funcionarios de ambos países aseguran que este tipo de maniobras han permitido a los grupos criminales apropiarse de hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina.

El caso del Torm Agnes es solo una pieza de una red más amplia que también involucra el contrabando de crudo robado a Pemex y su venta en Estados Unidos con ayuda de importadores corruptos. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el CJNG ha convertido el combustible ilegal en su principal fuente de ingresos fuera del narcotráfico.

La magnitud del esquema ha provocado un escándalo en México, salpicando incluso a la Secretaría de Marina, responsable de los puertos. En marzo pasado, la captura del buque Challenge Procyon en Tampico llevó a la detención de 14 personas, entre ellas exfuncionarios de aduanas y mandos navales, acusados de participar en operaciones de contrabando.

Desde octubre de 2024, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decomisado más de 500 mil barriles de combustible ilícito, aunque las pérdidas fiscales por el contrabando se estiman en cerca de cuatro mil millones de dólares anuales. Las investigaciones apuntan a una red compleja donde confluyen crimen organizado, evasión fiscal y corrupción institucional, con el CJNG al mando de un imperio energético paralelo que opera a ambos lados de la frontera.