La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 456 votos a favor, el dictamen para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal y respaldada por todas las bancadas.
Durante la sesión, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, subrayó que su partido fue el primero en presentar una propuesta en este sentido. “Por fortuna la presidenta la retomó. Y digo por fortuna, porque en esta Cámara no pasa nada que no nazca del Ejecutivo o que él retome”, expresó desde tribuna.
Luna Ayala destacó que la nueva ley establece que el delito de extorsión será perseguido de oficio y recordó casos como el del líder limonero Bernardo Bravo, asesinado el pasado 20 de octubre tras denunciar extorsiones en su región. “Ese crimen confirma lo que pasa en el país: denunciar te puede costar la vida”, lamentó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jessica Saiden, aseguró que esta medida responde al clamor ciudadano ante uno de los delitos que más afectan la tranquilidad y economía de las familias mexicanas. Señaló que el 96% de los casos de extorsión no se denuncian, lo que refleja una “cifra negra alarmante” derivada del miedo y las represalias.
Saiden agregó que la ley pondrá fin a la fragmentación normativa que ha obstaculizado la justicia durante años y fortalecerá a las policías estatales y fiscalías locales mediante capacitación tecnológica y coordinación directa con la Federación. “El nuevo esquema busca una comunicación ágil y efectiva entre todos los niveles de gobierno”, afirmó.
El diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuellar, reconoció que, aunque la ley llega “tarde y con dudas jurídicas”, tiene una buena intención: “Nadie puede estar en contra de poner un alto a quienes amenazan, cobran piso y hacen sufrir a las familias mexicanas”.
En tanto, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, advirtió que la ley no debe convertirse en una simulación. “Tiene que ser un parteaguas real para que el Estado asuma su responsabilidad frente a la delincuencia organizada. Hoy el crimen extorsiona desde las calles y también desde los penales”, enfatizó.
Con esta aprobación, el Congreso busca establecer un marco legal unificado que refuerce la persecución de la extorsión en todo el país y brinde herramientas efectivas a las autoridades para enfrentar uno de los delitos más extendidos y silenciosos de México.
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez, mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos a casi año y medio de su traslado a una cárcel de Nueva York.
Este martes 28 de julio, se llevó a cabo una audiencia ante la jueza Joan M. Azrack, en donde se sumó un nuevo plazo de 90 días para continuar con las conversaciones con la defensa del ex líder del Cártel de Juárez.
Con esto se dio a conocer que se programó la próxima audiencia para el 20 de octubre de este año, y que El Viceroy renunciaba a enfrentar un juicio rápido en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Mientras se mantiene este proceso, Vicente Carrillo Fuentes se mantendrá en prisión. Cabe destacar que está acusado de delitos ligados al narcotráfico y lavado de dinero.
¿Quién es El Viceroy?
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy,heredó el Cártel de Juárez en 1997, luego de que su hermano, Amado Carrillo Fuentes,conocido como El Señor de los Cielos, muriera en medio de una cirugía plástica. En ese momento el Cártel de Juárez era una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México.
Nació en Novolato, Sinaloa. Junto a él, Juan José Esparragoza, alias El Azul, quien más tarde formaría parte del Cártel de Sinaloa,tomó el control del Cártel de Juárez en 1997.
Desde el 16 de agosto del año 2000, El Viceroy fue buscado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (US Federal Bureau of Investigations, FBI) luego de que un jurado federal del estado de Texas lo acusara de homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que diera con su paradero.
El Cártel de Juárez se encargaba de transportar múltiples toneladas de cocaína provenientes de Colombia hacia Estados Unidos, pasando por México. Durante el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez mantuvo la hegemonía sobre este negocio gracias a sus vínculos con autoridades federales mexicanas, mismas que les ofrecían protección.
Vicente continuó con el traslado de droga de una manera más modesta, pero en un contexto más violento.
Hasta el 2004, el Cártel de Juárez estuvo aliado con el Cártel de Sinaloa, cuando el líder de este grupo, Joaquín El Chapo Guzmán, presuntamente ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de El Viceroy. Tras esto, este devolvió el ataque ordenando la muerte de El Chapo Guzmán, quien estaba preso.
Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’, exlíder del Cártel de Juárez (Infobae)
La ruptura de la alianza entre ambos cárteles desató una violenta guerra de varios años enCiudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, principal bastión de Carrillo Fuentes.
Ambos grupos se enfrentaron por el control del mercado y de las rutas del narcotráfico. Desde el 2007, El Viceroy también enfrentó al Cártel de Golfo. Este conflicto hizo a Ciudad Juárez la ciudad más violenta del mundo por varios años, lo que dejó un saldo de, por lo menos, 8 mil muertos.
Para enfrentar al Cártel de Sinaloa y a su grupo de sicarios, conocido como Gente Nueva, El Viceroy se valió de un brazo armado conocido como La Línea y del Barrio Azteca, un grupo criminal con base en Estados Unidos.
Pero estos no fueron suficientes para derrotar al Cártel de El Chapo Guzmán, pues presuntamente contaba con apoyo de autoridades federales, y logró debilitar al Cártel de Juárez e incrementar su propio poder.
El Viceroy, debido a su aparente derrota, cambió su apariencia, su nombre y se trasladó a Torreón, en Coahuila, donde fue capturado el 9 de octubre de 2014. Fue condenado a 28 años de prisión por la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2015.
En un juicio de amparo del año siguiente, se le concedió protección constitucional, sin embargo, siguió en prisión. En 2017 se le volvió a dictar prisión formal.
Estuvo en Puente Grande, en Jalisco, hasta el 27 de febrero de 2025, cuando fue trasladado a Estados Unidos junto a otros 28 narcotraficantes mexicanos de alto perfil.