Ciudad de México.– Activistas y organizaciones civiles presentaron ante el Senado la iniciativa “Ley Trasciende”, que busca legalizar la eutanasia y reconocer el derecho constitucional a una muerte digna en México. La propuesta, impulsada por la activista Samara Martínez, quien padece una enfermedad renal terminal, y por la Coalición Muerte Digna Ya, pretende reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para despenalizar la ayuda médica para morir en casos de pacientes con enfermedades terminales.
Durante la presentación, Martínez explicó que la intención no es promover la muerte, sino humanizarla. “La Ley Trasciende no busca promover la muerte, busca que ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo con dolor, con miedo y agonía. Morir con paz también es un derecho”, afirmó la activista, quien compartió su experiencia personal enfrentando tratamientos de hemodiálisis y las largas noches en hospitales.
Pidió además que el tema sea visto “más allá del tabú y del dogma”, e invitó a los legisladores a mirar “a los ojos de quienes ya no tienen esperanza médica, de quienes aman la vida, pero desean despedirse con serenidad”. Martínez relató haber visto a pacientes morir en condiciones “insoportables” y aseguró que su iniciativa nace del deseo de evitar que otros vivan el mismo sufrimiento.
La propuesta de ley será presentada también ante la Cámara de Diputados, con el objetivo de iniciar su discusión formal. Actualmente, el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud prohíbe la práctica de la eutanasia, considerada como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido.
Sin embargo, en 20 de las 32 entidades del país existen leyes de voluntad anticipada, también conocidas como eutanasia pasiva, que permiten al paciente rechazar tratamientos médicos en fases críticas de su enfermedad.
De acuerdo con una encuesta realizada en 2022 por la organización civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), siete de cada diez mexicanos se declararon a favor de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido, lo que refleja un creciente respaldo social hacia el derecho a decidir sobre el final de la vida.
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