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Opinión

México, el gran estadio del mundo. Por Caleb Ordóñez T.

Hay instantes en la historia de un país en los que todo converge: la atención del planeta, la emoción colectiva y la oportunidad de mostrarse tal como es. México está a punto de entrar en uno de esos instantes. En 2026, el deporte no será un simple acontecimiento en la agenda; será un relato continuo que se vivirá en estadios repletos, en playas abiertas al mundo, en ciudades vibrantes, carreteras llenas y un país visto a través en cientos de millones de pantallas. Un año en el que la pasión se convertirá en espectáculo y el espectáculo en identidad.

El Mundial de Futbol es el epicentro. El torneo que paraliza al planeta y que transformará al país anfitrión en un punto de referencia cultural, económico y emocional. Durante semanas, México será una conversación global: aeropuertos llenos de idiomas, calles convertidas en ríos de aficionados, plazas públicas latiendo al ritmo del balón. No se trata solo de partidos; se trata de comprobar la capacidad de un país para recibir, organizar, emocionar y dejar huella eterna. México ha sido el color de todos los mundiales y ahora le toca explicarle al mundo porque amamos tanto esta fiesta global.

Pero la grandeza de 2026 no se sostiene en un solo evento. El calendario completo dibuja una narrativa más ambiciosa. El béisbol, por ejemplo, tendrá uno de sus momentos más simbólicos con la Serie del Caribe en Jalisco. Un torneo que es tradición, orgullo regional y fiesta popular. El diamante se convierte en punto de encuentro continental; el estadio, en una extensión de la calle. Viajan los equipos, viajan los aficionados y viaja una identidad que conecta a México con el Caribe y con millones de seguidores del béisbol en todo el continente.

La velocidad irrumpe con fuerza desde la pista. La Fórmula 1 ha hecho de México una de sus sedes más celebradas. No es solo la carrera: es el ritual previo, la música, la ciudad transformada en escenario global; el premio más querido del mundo. Es la confirmación de que el país puede ejecutar eventos de máxima exigencia con precisión, estilo y personalidad. La bandera a cuadros no marca el final; marca el inicio de una celebración que se extiende toda la noche por toda la capital.

En el tenis, Acapulco vuelve a demostrar que el prestigio se construye con experiencia. Los mejores jugadores del mundo no llegan solo a competir; regresan porque saben que ahí el deporte se vive con excelencia. Cada punto es observado, cada partido es un escaparate y cada edición refuerza la idea de que México sabe jugar en las grandes ligas del deporte internacional.

Ahí mismo en la costa, el pádel ha encontrado en México (donde lo vio nacer) una de sus casas más apasionadas. Gradas llenas, figuras globales y una afición que vive el deporte como convivencia y espectáculo. A su alrededor crece una industria moderna y aspiracional que conecta con nuevas generaciones y crece de manera impresionante.

Las costas amplían el escenario. El golf, con torneos de alto nivel tanto PGA como LIV golf, convierte a las playas mexicanas en destinos de élite. Campos espectaculares, paisajes únicos y un turismo especializado que llega, se queda y consume. A esto se suman el surf y la pesca deportiva, disciplinas que transforman la naturaleza en escenario competitivo y al país en destino deseado.

Y cuando el espectáculo parece completo, entran en escena las grandes ligas de Norteamérica. La Major League Baseball ha encontrado en México una plaza capaz de llenar estadios rápidamente y generar audiencias continentales.

Y para alegría de millones, regresa la NFL, con partidos que se convierten en verdaderos fenómenos culturales, confirma algo contundente: México no es solo mercado, es sede; no es espectador, es protagonista. Pocos países fuera de Estados Unidos pueden decir lo mismo.

Todo converge en una certeza: México se ha consolidado como uno de los grandes organizadores de eventos deportivos del mundo. No importa si se trata del torneo más grande del planeta o de una competencia especializada; el país responde con carácter, apostando por la infraestructura, talento y lo más importante la hospitalidad del mexicano.

Más allá de títulos y resultados, el impacto verdadero está en la derrama económica, en el empleo, en la proyección internacional y en la memoria que se construye. Cada evento es una invitación abierta a conocer el país, a recorrer sus estados y a regresar. En 2026, los grandes ganadores no estarán solo en el podio. El gran vencedor será México, con todos sus territorios, su gente y su capacidad infinita para convertir el deporte en una celebración que el mundo no olvida.

Es emocionante imaginar que lo viviremos, para recordarlo siempre.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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