Opinión

Socios y vecinos por Lilia Merodio

El 12 de Diciembre los coordinadores parlamentarios e integrantes de las comisiones de Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores del Senado de la República nos reunimos con el embajador de los Estados Unidos de América, Anthony Wayne, para tratar aspectos bilaterales respecto de los 3 mil kilómetros de franja fronteriza que compartimos.

Una frontera que del lado estadounidense pasa por los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas; mientras por el lado mexicano, los estados que integran la frontera norte son Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Tenemos ciudades muy grandes, como Tijuana y Ciudad Juárez, con cerca de millón y medio de habitantes; y otras más pequeñas, como Colombia en Nuevo León, cuya población no rebasa los mil habitantes.

Sabemos que por estas fronteras ocurre el flujo migratorio legal e ilegal más grande del mundo, además del muy conocido contrabando de mercancías, sustancias prohibidas, dinero y armas por parte del crimen organizado. Pero también nuestra frontera norte es la puerta hacia el mercado más grande que tenemos para nuestros productos agrícolas e industriales, por lo que muchas empresas manufactureras instalan sus plantas maquiladoras, generando empleos para miles de compatriotas que ahí nacieron o que al ir de paso hacia los EU, decidieron quedarse a trabajar de este lado.

A lo largo de la frontera norte existen diferencias en la manera que interactúan sus habitantes en ambos lados de la línea. Si usted hace una llamada desde Ciudad Juárez para reservar en algún restaurante o un hotel de El Paso para ir de compras, es común que si le hablamos a la telefonista en español, ella muy atenta de inmediato utilice un perfecto español para atendernos; pero si nos encontramos en Nogales y queremos ir de compras a Phoenix, aunque la recepcionista del hotel o el dependiente de la tienda de ropa tengan aspecto de mexicanos, nunca te responderán en español y fingirán que no te entienden tu imperfecto inglés, así les digas tan sólo que la medida de tus zapatos es la sencillísima palabra “ten” (10 en inglés).

Una vez un amigo estaba tan enojado porque el vendedor no le entendía, que el encargado de la tienda, también de aspecto latino, le dijo que disculpara a su compañero, pues todo se debía a que el muchacho era “indú”, a lo que mi amigo respondió que eso no era posible pues el muchacho parecía más mexicano que el pulque. Terminamos muertos de risa cuando le aclaramos que en la frontera se les dice “indú” a los indocumentados.

Y hablando de entendimientos, el encuentro que tuvimos con el embajador Wayne nos viene a confirmar las buenas expectativas que se generaron con las primeras conversaciones entre los presidentes Peña Nieto y Barack Obama. Eso de la buena química cuenta mucho en el aspecto diplomático, pero creo que además de las simpatías que pudieron darse entre los dos Presidentes, o el trato amable y respetuoso del encuentro de ayer con el embajador, lo que debemos conseguir es afianzar nuestros respectivos intereses frente a los retos del nuevo orden económico, cuya característica principal es la incertidumbre por el llamado precipicio fiscal estadounidense, la crisis europea y la cada vez mayor capacidad económica de los países de Asia.

Estamos frente a la gran oportunidad de madurar la relación entre ambos países para llevarla a un terreno que trascienda lo policiaco, pues el desafío real es multiplicar las oportunidades económicas de la región, ya que habiendo crecimiento y desarrollo se eliminan los factores criminógenos como son el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades. Los grandes capitales requieren de certeza y seguridad jurídica para instalarse, no hay negocio que se pueda lograr si al interior de cada parte no existen indicios de estabilidad y armonía que ofrezcan un mínimo de garantías.

Hoy tenemos un Pacto por México, y si lo hacemos realidad recuperaremos la credibilidad y confianza de nuestros socios en el mundo. Es momento de dejar de pensar en las políticas románticas del buen vecino, para elevarlas a la categoría de buenos socios regionales.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.