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Emiten iniciativa para proteger a periodistas

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Legisladores y organizaciones civiles presentaron este martes una iniciativa de ley para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, ante la amenaza de la violencia en México.

El objetivo es brindar un marco legal que resguarde la libertad de expresión y las garantías individuales, informó el Senado en un comunicado, tras una reunión de trabajo entre legisladores y miembros de organizaciones no gubernamentales.

El proyecto de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue dado a conocer el mismo día en que la cámara alta aprobó un dictamen para que las autoridades federales puedan atraer las investigaciones de delitos de fuero común cuando las víctimas sean periodistas.

Aunque su presentación formal ante el pleno del Senado será el próximo jueves, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales, Rubén Camarillo, dijo que esta iniciativa cuenta con el apoyo de todas las bancadas.

«Independientemente de quién gane las elecciones el próximo 1 de julio, la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas quedará en una ley obligatoria», dijo Camarillo, según el comunicado emitido este martes por el Senado.

Una de las asociaciones civiles que participó en la elaboración del documento, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh), detalla en su página de Internet que la iniciativa propone la creación de un Mecanismo de Protección que ayude al Estado a cumplir con su responsabilidad de preservar las garantías.

Esta ley establecerá medidas de prevención, políticas públicas y programas para reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones, siguiendo metodologías y estándares internacionales, según la asociación.

La iniciativa también menciona que buscará la cooperación entre el gobierno federal, los estados y la sociedad civil, para hacer un seguimiento de la efectividad del Mecanismo de Protección, llevar a cabo investigaciones y desarrollar estrategias.

Del 2000 al 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 75 homicidios de periodistas en México, nueve de los cuales ocurrieron en el último año.

En octubre pasado, el relator de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de expresión, Frank La Rue, dijo que México «ocupa el primer lugar en violencia contra periodistas en el continente» americano, según un reporte de la agencia EFE.

En un informe de 2011, Amnistía Internacional señaló que México es considerado peligroso para la defensa de los derechos humanos, por las constantes amenazas, acoso e intimidación que enfrentan, recordó el Senado.

Frente a estos antecedentes, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) refirió que desde  julio de 2011 y hasta marzo de 2012 organizaciones civiles, legisladores, representantes de la Secretaría de Gobernación y de Amnistía Internacional sostuvieron reuniones para concretar la iniciativa que fue presentada este martes.

«Actualmente, la iniciativa cuenta con el respaldo de alrededor de 170 organizaciones de la sociedad civil», indicó Cencos en su sitio web.

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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