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EXPOSICION EN GINEBRA Por Víctor Quintana

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El Estado mexicano fue expuesto en Ginebra la semana pasada, mostrado en varias de sus graves deficiencias en lo que se refiere a las garantías individuales y libertades democráticas.  Esto fue durante la sesión del  Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Tanto en el informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos como en el reporte del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, y en el reporte especial sobre el derecho a la alimentación, el Estado mexicano sale mal librado.
En el informe sobre defensores de los derechos humanos, presentado el 4 de marzo, México es mencionado 29 veces. En primer lugar, por los ataques a periodistas y a medios de comunicación. Con 10 comunicaciones, encabeza la lista de los países que más fueron señalados en América Latina por parte de las Naciones Unidas en relación con los ataques a comunicadores. Quienes sufrieron las agresiones fueron las y los periodistas que cubren cuestiones medioambientales, violaciones de los derechos humanos a manos del Estado, y casos de corrupción, manifestaciones, casos de narcotráfico y grupos mafiosos y casos de impunidad.
También es mencionado el Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos en contra de las y los defensores de cuestiones ambientales y relativas a la tierra en el contexto de las industrias extractivas y los megaproyectos de construcción. Según el reporte, las y los activistas en México que denuncian la operación de minas, de vertederos, de complejos residenciales y de recreo, de extracción forestal, han sido asesinados, encarcelados en forma arbitraria, atacados, amenazados de muerte y acosados.
Una suerte parecida han sufrido las y los defensores de los derechos de los pueblos indios, los que protestan contra desalojos, y los defensores de las mujeres contra la violencia: intentos de asesinato, amenazas de muerte y hostigamiento.
El informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias se presentó el 5 de marzo. Se concentró en tres países: Timor-Leste, República del Congo y México.  En él se consignan importantes denuncias realizadas por organizaciones chihuahuenses como el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro Paso del NorteSobre nuestro país, reconoce el esfuerzo hecho a favor de los derechos humanos, así como para combatir las desapariciones forzadas y el crimen organizado.
Sin embargo, en las 22 páginas del informe sobre México se asientan datos muy preocupantes. Por ejemplo, que el número de quejas recibidas en la CNDH por desapariciones forzadas pasó de cuatro en 2006 a 77 en 2010, y la denuncia de la desaparición de 346 personas en 2010 por la misma comisión. Señala también que las organizaciones civiles estiman que más de 3 mil personas han sido desaparecidas en el país desde 2006. Advierte que no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos criminales, pues recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales actuando con apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.
Reconoce que son especialmente vulnerables a las desapariciones forzadas los grupos de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Sobre las primeras, observa que existe muy poca información pública disponible: la CNDH registró 5 mil 397 personas reportadas como extraviadas o ausentes, de las cuales mil 885 son mujeres. La misma comisión reporta el secuestro de 9 mil 578 migrantes en un periodo de seis meses en 2009 y 11 mil 333 entre abril y septiembre de 2010, y de 13 periodistas desde el año 2000.
El informe abunda en recomendaciones al Estado mexicano: que reconozca la escala de las desapariciones forzadas como primer paso para combatir su erradicación, que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todos los estados de acuerdo con lo señalado por instrumentos internacionales. Que se garantice siempre la jurisdicción de las cortes civiles en todo lo referente a desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos. Que se establezca un programa nacional de búsqueda para personas desaparecidas, con un protocolo de acción inmediato, y se establezca y mantenga una base de datos de información personal de víctimas de la desaparición forzada. Y que se garanticen condiciones de seguridad para defensores de derechos humanos, periodistas, así como para erradicar la violencia contra la mujer.
El jueves de esa larga semana, el 8 de marzo, Olivier de Schutter, relator especial para el Derecho a la Alimentación, presentó sus informes sobre México, China y Sudáfrica al Consejo de los Derechos Humanos. Observa certeramente que 19 millones de mexicanos viven todavía en la inseguridad alimentaria. Reconoce que ha habido avances considerables gracias al programa Oportunidades en cuanto a transferencia de dinero en efectivo y alimentos a los grupos vulnerables, pero los avances no se han repartido equitativamente. Denuncia que el modelo de agricultura que privilegia a productores y regiones más ricas ha traído consigo graves impactos negativos para los grupos más vulnerables de usuarios de la tierra, además de una degradación generalizada del medio ambiente. Sobre los grandes proyectos de desarrollo, tales como los embalses y las minerías, apunta que han desplazado a numerosos campesinos mexicanos. Señala, además, la grave epidemia que nos hace el segundo país con más obesidad en el mundo, debido a los malos hábitos inducidos por las compañías de alimentos chatarra.
Con un grave deterioro de la seguridad humana global termina este sexenio. Los avances que hubo no lograron evitar que seamos uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores de derechos humanos; un país donde la obesidad aumenta de la mano con la pobreza alimentaria. El balance no lo hace la oposición política nacional, viene de la propia Organización de las Naciones Unidas. Eso es lo grave.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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