Opinión

EXPOSICION EN GINEBRA Por Víctor Quintana

El Estado mexicano fue expuesto en Ginebra la semana pasada, mostrado en varias de sus graves deficiencias en lo que se refiere a las garantías individuales y libertades democráticas. Esto fue durante la sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Tanto en el informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos como en el reporte del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, y en el reporte especial sobre el derecho a la alimentación, el Estado mexicano sale mal librado.
En el informe sobre defensores de los derechos humanos, presentado el 4 de marzo, México es mencionado 29 veces. En primer lugar, por los ataques a periodistas y a medios de comunicación. Con 10 comunicaciones, encabeza la lista de los países que más fueron señalados en América Latina por parte de las Naciones Unidas en relación con los ataques a comunicadores. Quienes sufrieron las agresiones fueron las y los periodistas que cubren cuestiones medioambientales, violaciones de los derechos humanos a manos del Estado, y casos de corrupción, manifestaciones, casos de narcotráfico y grupos mafiosos y casos de impunidad.
También es mencionado el Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos en contra de las y los defensores de cuestiones ambientales y relativas a la tierra en el contexto de las industrias extractivas y los megaproyectos de construcción. Según el reporte, las y los activistas en México que denuncian la operación de minas, de vertederos, de complejos residenciales y de recreo, de extracción forestal, han sido asesinados, encarcelados en forma arbitraria, atacados, amenazados de muerte y acosados.
Una suerte parecida han sufrido las y los defensores de los derechos de los pueblos indios, los que protestan contra desalojos, y los defensores de las mujeres contra la violencia: intentos de asesinato, amenazas de muerte y hostigamiento.
El informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias se presentó el 5 de marzo. Se concentró en tres países: Timor-Leste, República del Congo y México. En él se consignan importantes denuncias realizadas por organizaciones chihuahuenses como el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro Paso del NorteSobre nuestro país, reconoce el esfuerzo hecho a favor de los derechos humanos, así como para combatir las desapariciones forzadas y el crimen organizado.
Sin embargo, en las 22 páginas del informe sobre México se asientan datos muy preocupantes. Por ejemplo, que el número de quejas recibidas en la CNDH por desapariciones forzadas pasó de cuatro en 2006 a 77 en 2010, y la denuncia de la desaparición de 346 personas en 2010 por la misma comisión. Señala también que las organizaciones civiles estiman que más de 3 mil personas han sido desaparecidas en el país desde 2006. Advierte que no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos criminales, pues recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales actuando con apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.
Reconoce que son especialmente vulnerables a las desapariciones forzadas los grupos de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Sobre las primeras, observa que existe muy poca información pública disponible: la CNDH registró 5 mil 397 personas reportadas como extraviadas o ausentes, de las cuales mil 885 son mujeres. La misma comisión reporta el secuestro de 9 mil 578 migrantes en un periodo de seis meses en 2009 y 11 mil 333 entre abril y septiembre de 2010, y de 13 periodistas desde el año 2000.
El informe abunda en recomendaciones al Estado mexicano: que reconozca la escala de las desapariciones forzadas como primer paso para combatir su erradicación, que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todos los estados de acuerdo con lo señalado por instrumentos internacionales. Que se garantice siempre la jurisdicción de las cortes civiles en todo lo referente a desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos. Que se establezca un programa nacional de búsqueda para personas desaparecidas, con un protocolo de acción inmediato, y se establezca y mantenga una base de datos de información personal de víctimas de la desaparición forzada. Y que se garanticen condiciones de seguridad para defensores de derechos humanos, periodistas, así como para erradicar la violencia contra la mujer.
El jueves de esa larga semana, el 8 de marzo, Olivier de Schutter, relator especial para el Derecho a la Alimentación, presentó sus informes sobre México, China y Sudáfrica al Consejo de los Derechos Humanos. Observa certeramente que 19 millones de mexicanos viven todavía en la inseguridad alimentaria. Reconoce que ha habido avances considerables gracias al programa Oportunidades en cuanto a transferencia de dinero en efectivo y alimentos a los grupos vulnerables, pero los avances no se han repartido equitativamente. Denuncia que el modelo de agricultura que privilegia a productores y regiones más ricas ha traído consigo graves impactos negativos para los grupos más vulnerables de usuarios de la tierra, además de una degradación generalizada del medio ambiente. Sobre los grandes proyectos de desarrollo, tales como los embalses y las minerías, apunta que han desplazado a numerosos campesinos mexicanos. Señala, además, la grave epidemia que nos hace el segundo país con más obesidad en el mundo, debido a los malos hábitos inducidos por las compañías de alimentos chatarra.
Con un grave deterioro de la seguridad humana global termina este sexenio. Los avances que hubo no lograron evitar que seamos uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores de derechos humanos; un país donde la obesidad aumenta de la mano con la pobreza alimentaria. El balance no lo hace la oposición política nacional, viene de la propia Organización de las Naciones Unidas. Eso es lo grave.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?