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El gobierno delimita cinco zonas de seguridad en el país; Chihuahua en la zona Noroeste

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública las publicó en el Diario Oficial de la Federación, como uno de los acuerdos a los que llegó el Consejo Nacional de Seguridad celebrado el pasado 17 de diciembre.

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El gobierno federal dio a conocer cuáles serán las cinco regiones en las que se dividirá el país para implementar la política de seguridad según las necesidades de las entidades federativas y la actuación de los grupos criminales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública las publicó en el Diario Oficial de la Federación, como uno de los acuerdos a los que llegó el Consejo Nacional de Seguridad celebrado el pasado 17 de diciembre.

Las cinco regiones son:

Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora
Zona Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas
Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas
Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala
Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán

El presidente Enrique Peña Nieto anunció durante la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad que su política de seguridad se basaría en seis líneas de acción: planeación, prevención, coordinación entre autoridades estatales y federales con la división del territorio en cinco regiones operativas, respeto a los derechos humanos, transformación institucional con mejor capacitación policial y evaluación de la estrategia para un posible replanteamiento.

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México

Audiencia de El Mayo Zambada es pospuesta por segunda ocasión por esta razón

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La justicia de Estados Unidos determinó postergar, por segunda ocasión consecutiva, la audiencia de sentencia en contra de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. El juez Brian Cogan, encargado del caso en la Corte del Distrito Este de Nueva York, reprogramó la cita para el próximo 18 de mayo.

Esta decisión responde a una solicitud formal presentada por la defensa del capo mexicano,la cual argumentó la necesidad de contar con más tiempo para analizar la extensa carga de pruebas y documentos acumulados por la fiscalía estadounidense.

Zambada, quien permaneció décadas fuera del alcance de las autoridades hasta su detención en julio de 2024, enfrenta un proceso judicial complejo que incluye múltiples cargos por narcotráfico, lavado de dinero y conspiraciónpara cometer asesinatos.

Inicialmente, la audiencia estaba prevista para celebrarse en semanas anteriores; sin embargo, las dimensiones del expediente y la gravedad de las imputaciones obligaron a las partes a buscar un margen de maniobra más amplio para preparar sus respectivos argumentos legales.


De acuerdo con los reportes de medios como Infobae y Proceso, la defensa técnica de Zambada insistió en que el volumen de información entregado por el Departamento de Justicia requiere un escrutinio minucioso que no pudo completarse en el tiempo previsto originalmente.

La fiscalía, por su parte, no presentó objeciones de peso ante esta prórroga,permitiendo que la corte fijara la nueva fecha hacia mediados de mayo. Este retraso ocurre enun momento de alta tensión diplomática y de seguridad, dado que el caso de “El Mayo” se considera uno de los más relevantes para el sistema judicial de Estados Unidos en materia de lucha contra el crimen organizado transnacional.

La captura de Zambada en un aeropuerto privado de Texas desencadenó una serie de investigaciones que involucran a otros altos mandos de la organización criminal y presuntos vínculos con estructuras políticas.

Hasta la fecha, el acusado permanece bajo custodia estricta en una prisión federal, con acceso limitado y bajo protocolos de seguridad máxima. La audiencia de mayo resultará determinante para definir el futuro procesal de quien fuera considerado el líder histórico del Cártel de Sinaloa, mientras el tribunal analiza si los elementos presentados por el gobierno estadounidense resultan suficientes para dictar una sentencia definitiva. El aplazamiento subraya la complejidad de un juicio que busca desarticular las finanzas y la estructura operativa de uno de los grupos delictivos más antiguos del continente.

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