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México

Denuncia CNC explotación laboral de 3 millones de niños campesinos

 

La Confederación Nacional Campesina denunció hoy que más del 50 por ciento de la población infantil del campo se encuentra desnutrida y 70 por ciento de esos pequeños son indígenas, por lo que lamentó que el Gobierno Federal haya sido reprobado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en protección a la niñez, principalmente en salud, nutrición y educación, además de censurar el trabajo infantil en campos agrícolas y confirmar que las regiones indígenas cuentan con menor protección a los derechos de los niños.

 La central campesina que encabeza el diputado Gerardo Sánchez García demandó que se castigue la explotación laboral infantil, pues muchos niños y adolescentes son obligados a trabajar en condiciones infrahumanas; denunció que la explotación laboral de los menores en el campo, llega al grado de que en la mayoría de los casos perciben 2 dólares, poco más de 20 pesos, por jornada de trabajo.

 De los seis millones de jornaleros agrícolas que se emplean en los campos agrícolas del país, más de tres millones son niños de entre 6 y 14 años y realizan sus actividades al margen de cualquier protección laboral, cuando aportan alrededor del 30 por ciento del ingreso familiar, indicó una investigación del organismo.

 La CNC demandó a la Secretaría del Trabajo la presencia de Procuradores en las unidades agrícolas o agropecuarias, para evitar la violación a los derechos y la explotación de los niños campesinos.

 De igual  forma, pidió a esta dependencia terminar con la simulación que existe en México con relación al empleo infantil, ya que la pobreza los empuja a entregar su infancia al trabajo.

 Manifestó también que alrededor de 500 mil niños menores de 14 años de edad, que son jornaleros migrantes o que viven en algunas de las 98 mil localidades más apartadas del país, no pueden ser atendidos en las escuelas. Lo peor, dijo, es que aún no encuentran la forma de cómo incorporarlos a la educación.

 Aseguró que la explotación del trabajo infantil,  fundamentalmente en el noroeste del país por las grandes empresas trasnacionales y productores privados es lo que ha hecho rentable la producción de frutas y hortalizas de exportación.

 En algunas regiones agrícolas del noroeste, dedicadas a los cultivos que se exportan, agregó, la cuarta parte de la fuerza laboral son niños o adolescentes, quienes aportan el 30 por ciento del ingreso familiar con jornadas que rebasan las ocho horas diarias, salarios inferiores al mínimo; expuestos a condiciones insalubres y desprovistos de cualquier tipo de seguridad social.

 Testimonios recogidos por la central campesina señalan que los menores y adolescentes son explotados por capataces de los campos agrícolas, violándose flagrantemente el artículo 123 Constitucional.

 Las cifras del estudio realizado por la CNC muestran la importancia del trabajo infantil en la economía familiar, pues en los estados de atracción para la población migrante, del norte y noroeste del país, del total de jornaleros agrícolas el 27 por ciento son niños de entre 6 y 14 años de edad; de ellos el 53por ciento son varones y el 47por ciento mujeres.

 Ante estas circunstancias, manifestó la urgencia de reconocer la realidad de los niños y adolescentes que trabajan en los campos agrícolas y realizar las modificaciones pertinentes a la Ley Federal del Trabajo de manera que se erradique definitivamente la explotación de que son objeto.


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México

Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.

Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.

Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.

La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.

“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.

Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.

“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.

Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.

“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.

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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.

Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.

Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.

Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.

La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.

La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.

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