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Opinión

LOS EUSEBIOS DEL PAN Por Luis Villegas Montes

En griego, Eusebio quiere decir: “El de carácter piadoso”.

 

El Universal y El Diario. 20 y 21 de marzo de 2012. Las notas dicen así:

 

1.      “El órgano electoral panista notificó a los aspirantes de la decisión después de que varios candidatos documentaran e impugnaran sus elecciones debido a las presuntas irregularidades presentadas en el proceso interno”,[1] y

 

2.      “La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del PAN anuló ayer el proceso interno de ese partido […] el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) designó a Javier Corral en la primera posición en la fórmula para el Senado, y a Lucila Murguía de Arronte, en la segunda posición. […] el aspirante ganador de los comicios anulados, Cruz Pérez Cuéllar, como el ex alcalde de Chihuahua, Carlos Borruel, […] anunciaron por separado que impugnarán la decisión”.[2]

 

Como se desprende de las notas anteriores, el día de ayer la Comisión Nacional de Elecciones del PAN anuló ayer el proceso interno de ese partido para designar candidatos por Chihuahua al Senado de la República: posteriormente, el Comité Ejecutivo Nacional del mismo designó a Javier Corral en la primera posición en la fórmula para el Senado y a Lucila Murguía de Arronte, en la segunda posición.

 

Me da gusto. Me da gusto por varias razones:

 

1.      La primera, la más importante, porque se restablece la legalidad y se impone el orden. Frente al desconcierto de la autoridad estatal y su sometimiento a los intereses de los precandidatos “vencedores”, la cobardía del órgano electoral local para declarar, en uso de sus atribuciones, la nulidad de un proceso caracterizado por una contante, reiterada y masiva violación al orden jurídico interno, viene la autoridad nacional a decir: “¡Basta!” y a poner orden. Bien por ella;

 

2.      La segunda, porque el PAN se sacude el miedo; luego de ese letargo que sumió al Partido en un pozo de apatía, de abulia, donde la simulación era la constante y no la excepción, este es un gesto que podría servir para poner al PAN en pie de guerra de cara a unos comicios que se antojan complicados, y

 

3.      El tercer motivo de júbilo es más complejo de explicar; basta con decir que a nadie le sirve -en ningún momento a nadie le ha servido jamás en ningún sitio- un Presidencia de la República omnipotente, irrefrenable, incontenible. Una oposición real -y leal- es necesaria y útil para atemperar los excesos del poder; la reflexión inteligente, acertada, valiente, informada y responsable, es necesaria para los asuntos públicos, tanto o más, que un sistema jurídico. En política primero debe estar la ética que la regla.

 

Hace unos días, leí la última novela de Almudena Grandes, “El Lector de Julio Verne”;[3] voy a transcribir un párrafo larguísimo, tal cual, y que de ahí cada quien saque sus propias conclusiones: “En las personas valientes le miedo es sólo consciencia del peligro –añadió- pero en los cobardes, es mucho más que ausencia de valor. El miedo también excluye la dignidad, la generosidad, el sentido de la justicia y llega incluso a perjudicar la inteligencia, porque altera la percepción de la realidad y alarga las sombras de todas las cosas. Las personas cobardes tiene miedo hasta de sí mismas, y eso es lo que le pasa a don Eusebio. Él no es una mala persona. Es un hombre culto, amable y considerado siempre que serlo no entrañe ningún riesgo, pero al mismo tiempo es tan cobarde que, ante la menor crisis, el miedo lo domina hasta el punto de hacerle parecer como un tonto a los ojos de un niño de diez años. A ti, que eres valiente, tiene que hacerte más listo, más astuto, más consciente del peligro que, por ejemplo, correrás si sigues poniéndole a don Eusebio en los exámenes lo que yo te cuento a aquí, donde no nos oye nadie, ¿de acuerdo?”.[4] Y en la página 199 escribe: “La verdad es toda la verdad y no sólo la parte que nos conviene”.

 

En el PAN, por lo menos en el de Chihuahua, hace mucho que el miedo los gobierna; hace mucho que la autoridad partidista y los órganos de gobierno de él emanados, en su inmensa mayoría (excluya al CDM de Juárez, al de Parral, entre muy pocos ejemplos), no conocen ni mucho menos el significado de la palabra “valor”; han perdido la dignidad, la generosidad, el sentido de la justicia e incluso, su miedo les ha perjudicado la inteligencia. No es posible que haya quienes, ciegos a la realidad, nieguen la vergüenza del 19 de febrero y hablen de “chantajes”, de “robos”, de respeto a la dignidad de las personas, cuando el origen de su supuesto derecho está precisamente en el fraude electoral y en el ataque a la dignidad de la persona lucrando con su hambre, con su necesidad, con su miseria. Es posible que usted no los reconozca porque aparentemente no son malas personas, son amables, consideradas e incluso, raro caso, puede tratarse de individuos cultos; pero son todo eso siempre que serlo no implique correr riesgos, no arriesgar ni por un instante lo más mínimo de su bienestar. Nos guste o no: “La verdad es toda la verdad y no sólo la parte que nos conviene”. El pasado 19 de febrero, usted lo vio, usted fue testigo de ello, el acarreo de personas, la compra de votos, la entrega de despensas, fueron las herramientas para prefigurar una democracia “de cartón”, una democracia de utilería, eficaz solamente, para aparentar que la mayoría había elegido a los mejores.

 

La resolución que nos ocupa, le hace un favor a Chihuahua, le hace bien al país, le hace bien a la política y le hace bien al PAN, por más que en sus filas los tontos y los cobardes (los Eusebios) opinen lo contrario.

 

Luis Villegas Montes.

[email protected], [email protected]

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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