Opinión
LINCOLN, LA PELICULA por VICTOR OROZCO
Matías Romero, el embajador mexicano en Washington durante los tiempos de la intervención francesa, anotó en su diario el horrible espectáculo que a sus ojos le ofreció el mercado de negros en Nueva Orleans. Hombres, mujeres y niños estaban confinados en una especie de chiqueros, tratados peor que los cerdos. Es el mismo mercado que le causó repulsión a Abraham Lincoln, según lo refiere el protagonista de la película dirigida por Steven Spielberg. Pero, al grueso de los ciudadanos norteamericanos no les causaba ninguna desazón ubicar a cuatro millones de individuos en la condición de las bestias. En el Sur, donde habitaban la mayoría de ellos, además, la economía se fundaba en su trabajo. Pequeña adición a la enseñanza bíblica, que la hacía aún más convicente. A tal precepto, contenido en el Génesis, se habían atenido los blancos desde los primeros tiempos del cristianismo, credo que asimiló la leyenda del judaismo. Según el mito, Jehová maldijo a Caín y a sus descendientes, condena ratificada luego por Noé a los hijos de Ham, sentenciándolos a servir por siempre a los de piel blanca. Para distinguirlos, Dios les impuso las marcas de la piel negra, el pelo crespo y la nariz ancha. Les prohibió además mezclar su sangre con la de los amos, por los siglos de los siglos. En eso creía el furibundo congresista que fuera de sí, insultaba a los radicales abolicionistas diciendo que pretendían desobeceder un mandato divino. Y quien más, quien menos, a todos imbuía esta aberración. No en balde, aún los protectores de los indígenas americanos, como nuestro Bartolomé de las Casas, no encontraban ninguna contradicción en socorrer a los indios, al mismo tiempo que pugnaban por la importación de esclavos africanos. O los encomiables educadores jesuitas, cuya orden fue la mayor propietaria de esclavos en las Indias Occidentales.
En Estados Unidos, sólo algunos excepcionalmente audaces como Thaddeus Stevens (Tom Lee Jones, en la cinta) el diputado radical se atrevían a cuestionar el dogma y a luchar abiertamente por la igualdad. La humanidad y congruencia de este monstruo parlamentario –se le apodó el dictador del Congreso- resalta también en el lecho conyugal, que comparte con Lyidia Hamilton Smith, una bella mulata quien fue su compañera amorosa durante casi toda su vida. Sin embargo, tan poderoso e inexpugnable era el prejuicio, que aún él hubo de conceder y declarar que creía sólo en la igualdad ante la ley, no en la igualdad humana. De otra manera, la mayoría hubiera votado por mantener la milenaria injusticia. Es uno de los momentos cumbres de la película.
Abraham Lincoln, representado por Daniel Day-Lewis, es un personaje de dimensión universal, sobre el cual los historiadores han debatido entre otras cuestiones si padecía de una crónica depresión o si poseía un carácter profudamente melancólico. Esto fue lo que encontró Doris Keans Goodwin, la autora de Teams of Rivals. The Political Genius of Abraham Lincoln, la obra que sirvió de base para el guión cinematográfico. Y es también la guía de su personificador, quien nos entrega a un Lincoln irónico, bromista, contador incansable de anécdotas y al mismo tiempo taciturno y ensimismado. O quizá el peso de la colosal responsabilidad política, aunado al de un tormentoso matrimonio convertido en otro frente de batalla, -quizá más atroz que el librado en el gobierno- acabó por hundirlo en la aflicción. Algo así le confesó a Ulises Grant, cuando le dijo que el cansancio le mordía los huesos. No obstante su pesadumbre o quizás por ella, salió airoso en los dos campos, gracias entre otras virtudes a su talento para desarrollar jugadas políticas maestras y a su paciencia para sortear la histeria irrefrenable de su esposa Mary Todd, espléndidamente caracterizada por la veterana Sally Field. Sin demasiado prestigio al asumir el cargo, -por decirlo de una manera benevolente- Lincoln conformó un equipo con sus competidores por el poder, (de allí lo de Team of Rivals), cada uno con mayor brillo y fogueo que los suyos, sobre todo William Seward a quien nombró Secretario de Estado. (Caso parecido, por cierto, al de Benito Juárez, su contemporáneo). Pronto se alzó por encima de todos e igualó su estatura física con la política y moral. Debo decir que me enamoré de esta figura histórica en mis años de adolescente, cuando leía con avidez los libros de Emil Ludwig, experto en sumergirse en las honduras del alma de sus biografiados. Me impresionaban la inteligencia y a la vez, el desparpajo o modestia del joven abogado rural y ambulante, confiado más en el saber de la vida que en el de los libros.
El dilema casi imposible de resolver y al que hizo frente, estaba en la raíz misma de la nación norteamericana. Sus dos documentos fundacionales, la Declaración de Independencia y la Constitución, nacieron con una contradicción irresoluble: la primera declaraba a todos los hombres iguales y la segunda obligaba a las autoridades a devolver los esclavos fugitivos. ¿A cual atender?. Los norteños abolicionistas se abanderaron con la primera y los esclavistas del Sur con la segunda. Por eso, tenía sus razones el diputado que le espetó, no puede hacer las dos cosas: salvar la unión y emancipar a los esclavos. O una u otra. En los inicios de la guerra, el presidente republicano había optado con claridad por la primera. En su famos carta al periodista Horacio Greeley, habia enfatizado: “Mi objetivo actual es ante todo salvar la Unión, y no salvar o destruir la esclavitud. Si pudiera salvar la Unión sin libertar a un solo esclavo, lo haría; si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos, lo haría; si pudiera salvarla con la liberación de una parte de los esclavos y el abandono de la otra parte, también lo haría”. La capacidad bélica de los ejércitos confederados lo persuadió de la razón que asistía al argumento esgrimido por los radicales: para derrotarlos era indispensable eliminar su base material y reclutar a los negros para el ejército unionista. Esto fue lo que hizo a partir del 1 de enero de 1863 con la Proclama de Emancipación, que declaró libres a los esclavos de los estados rebeldes, provocando que miles de ellos acudieran a pelear bajo la bandera de las barras y las estrellas.
A este decreto ejecutivo le siguió dos años más tarde la reforma constitucional, prohibiendo la esclavitud en todo el territorio de los Estados Unidos. La película esta dedicada a la infernal contienda ética y política librada para alcanzar las dos terceras partes de los votos requeridos. Lincoln se empeña a fondo en ello y no escatima recursos para vencer la resistencia de los esclavistas, de los radicales antiesclavistas y de los del pantano, que por razones distintas y antagónicas se oponían a la enmienda. La orden fue terminante: consigan los votos, así sea mediante sobornos y chantajes. Al final, entre él mismo y sus cabilderos lo logran. La proeza, hace decir a Stevens, una personalidad subyugante de la película, algo así: una de las causas más nobles ha triunfado, por medio del fraude, conducido por el más limpio hombre de la nación. Extrañas paradojas, que nos hacen recordar cómo la virtud de un estadista es distinta a la del hombre común.
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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