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Opinión

CONCLUSIONES SOBRE LA MIGRACIÓN MEXICANA (SEGUNDA DE 2 PARTES)

Barack Obama ha dejado en claro que en su segundo mandato de gobierno, la reforma migratoria marcará una nueva época, pues está seguro que es el momento de “sacar de la sombra y llevar a la luz” a los inmigrantes y apresurar una reforma migratoria para el bien de la economía de los Estados Unidos.

Los mexicanos debemos tener claro que una cosa es la reforma migratoria que apruebe el senado de los Estados Unidos, elaborada para defender los intereses de los norteamericanos, y otra cosa muy distinta será el Acuerdo Migratorio que se firme con México… quien sabe cuando.

Desde los años cuarentas México y EU, han firmado una veintena de acuerdos, fundamentalmente orientados a aspectos migratorios, no vale la pena citarlos porque ninguno tuvo un impacto positivo en las condiciones de trabajo de nuestros paisanos. Ni siquiera el Programa Bracero 1942-64, originado por la 2ª. Guerra, que por cierto a muchos de ellos aún les adeudan sus fondos de ahorro.

Todos queremos un acuerdo migratorio que garantice el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales; que les asegure remuneraciones y prestaciones dignas; y, que permita un flujo ordenado de los mismos con legalidad y seguridad. ¿Los senadores vecinos estarán pensando lo mismo?

Estados Unidos podría asumir una conducta social positiva: regular la entrada de inmigrantes con un acuerdo o una ley migratoria federal; controlar el número de inmigrantes; y reconocer sus derechos laborales y humanos.

Los temas de seguridad interna y de legalidad, profundamente arraigados en el espíritu estadounidense, adicionados por el temor a la pérdida de la identidad cultural, inculcados por la hegemonía angloparlante que subyace en las mentes conservadoras, producen un entorno adverso a los objetivos de Obama.
Esto explica también, la actitud anti inmigrantes de un segmento de estadounidenses, principalmente de los blancos de Arizona, California, Nuevo México y Texas. Pero de ninguna manera se justifica la violación de los derechos humanos y laborales de los indocumentados. Reconocemos y compartimos que cualquier pueblo y nación tiene derecho a proteger sus fronteras, su identidad nacional y establecer reglas de inmigración y regulación de extranjeros.

La emigración mexicana a Estados Unidos, ha dejado un saldo positivo para todas las partes, ya que el crecimiento del sur de aquél país, no se explica sin la participación de los mexicanos, en tanto que éstos, han encontrado fuentes de trabajo, logrando sobrevivir, sí bien, a costos humanos muy elevados.

Lo feo del asunto, es que nuestros paisanos sean utilizados como objeto y no como un fin; que todo ese despliegue colectivo de talentosa y creadora fuerza de trabajo, no se traduzca en niveles dignos de vida, tanto para los trabajadores, como para sus familias en ninguno de los dos países.

Queda claro que lo que suceda con la reforma migratoria que apruebe el Senado de EU, y lo que se logre con el acuerdo migratorio entre ambas naciones, de ninguna manera resolverá las causas de la emigración mexicana…y que por el contrario, recrudecerá el desempleo en nuestro país.

¿Queremos seguir con la vergonzosa e inhumana emigración?, ¿Queremos seguir aumentando el comercio informal?, ¿Queremos seguir aumentando el número de pobres? ¿Queremos seguir al borde de la ingobernabilidad, por la ineficacia del gobierno en el combate a la delincuencia?

Si no queremos todo eso, deberemos de replantear el papel del Estado Mexicano en el desarrollo nacional y su inserción en el contexto externo, incluyendo la revisión del tratado de libre comercio, haciéndolo mas justo y equitativo para los empresarios y trabajadores mexicanos, sobre todo los del campo. kamelathie@gmail.com

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Opinión

Fotografías. Por Raúl Saucedo

Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad:  Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto  la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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