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LAS MALAS DE LA TELENOVELA Por Víctor Quintana

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Si no fuera tan dramático parecería reparto de papeles de una telenove. Desde hace varios sexenios las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las de mujeres y las derechohumanistas han sido las villanas favoritas del gobernador en turno de Chihuahua. Basta con  que denuncien los feminicidios o las múltiples violencias que aquejan a la entidad,  para que el Ejecutivo chihuahuense arremeta contra ellas acusándolas  de desprestigiar al Estado y de lucrar  con  su activismo.

El gobernador Duarte se había tardado, pero en unos cuantos días recuperó el atraso. La semana pasada, según lo reporta la Secretaría de Relaciones Exteriores el mandatario chihuahuense acudió a una audiencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington. Ahí intentó refutar los datos sobre la violencia proporcionados por las organizaciones derechohumanistas chihuahuenses, y mostró los supuestos avances de su gobierno en materia de seguridad.

La Comisión Interamericana actuó con una precipitación inusitada: primero, recibió al gobernador fuera de su programa de audiencias -seguramente por insistencia de Felipe Calderón, aliado de Duarte en la estrategia de combate al crimen organizado. Y, sin siquiera dar el beneficio de la duda, ni mucho menos confrontar los datos con los proporcionados por las organizaciones de la sociedad civil, hizo un reconocimiento público de los avances del gobierno chihuahuense.

Varias organizaciones sociales de Juárez y de la capital del Estado, así como la Red Todos los Derechos Todos y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio impugnaron la versión del gobernador la actitud de la CIDH. Sus datos son contundentes: Chihuahua tiene posiblemente la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos por cada 100,000 mujeres,15 veces más alta que la tasa de homicidios de mujeres  a nivel mundial. Tan sólo de 2011 a la fecha se cuentan más de 400 desaparecidas en el estado. Presentan casos que comprueban que la tortura está lejos de desterrarse de la práctica de los cuerpos policíacos como el de Ciudad Juárez. Señalan que a pesar de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los malos tratos a las mujeres y las omisiones siguen siendo práctica común en los servidores públicos que reciben la denuncia de violencia por parte de las víctimas. Observan certeramente que la  violencia contra las mujeres en esta entidad se ha incrementado por la falta de respuesta del Estado a las muy numerosas  recomendaciones y mandatos de organismos internacionales, incluyendo la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el «CampoAlgodonero» y  por   el contexto de violencia armada.

El gobernador respondió de inmediato en el mismo tono de sus antecesores: en un acto público de entrega de fondos a organizaciones de la sociedad civil –  a las bien portaditas- arremetió contra quienes desde este tipo de organizaciones: «.buscan establecer intereses meramente electorales.quienes buscan enmascararse en movimientos de esa naturaleza para acceder al poder.» Fustigó a quienes «. se encubren en la organización de la sociedad para alimentar intereses partidistas o particulares, que van en detrimento de la función de las organizaciones legítimas
Lejos de invitar a confrontar los datos sobre la violencia; de promover un debate sobre un asunto del más alto interés público como es éste; el gobernador descalifica a quienes, ya no digamos piensan diferente a él,  sino manejan datos que contradicen su visión oficial del problema. La única crítica posible es la autocrítica.si es que alguna vez se da.
Por otra parte, Duarte le entra de lleno a la lucha de clasificaciones en la que se enfrascó con singular denuedo su antecesor Patricio Martínez. Para él las  organizaciones de la sociedad civil buenas son aquellas que suplen lo que el Estado no quiere hacer: atender a los adultos mayores, tratar a los adictos, cuidar a los enfermos de VIH, o a los huérfanos.  Es decir, las que se quedan en el ámbito de lo privado; las que no cuestionan sino atienden a los damnificados de la política del gobierno. Las organizaciones de la sociedad civil malas son las que irrumpen en el ámbito de lo público, las que hablan de derechos y los defienden, las que cuestionan o proponen políticas, las que, ante la ineficacia de las instancias gubernamentales locales o nacionales desafían el monopolio de  la diplomacia a los políticos y la retoman como ciudadanas y ciudadanos.  Si acuden a la Comisión o a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU es porque sus recursos, sus gestiones, ante los diferentes órdenes del gobierno han resultado infructuosas y frustrantes.
En síntesis, las organizaciones de la sociedad civil sólo calladitas y restringidas al ámbito de lo privado, se ven bonitas. Porque si incursionan en lo público -monopolio de la clase política- serán severamente acusadas de perseguir lucro económico o político.
Así trazadas las cosas, así definidos los adversarios desde el discurso del poder, la lucha para el gobierno  no es contra los verdaderos autores de la violencia; sino contra quienes denuncian que ésta, a pesar de todo, sigue tragándose las vidas de  los y las chihuahuenses.
Si no fuera porque la tozuda realidad se vuelve a imponer: contradiciendo las cuentas alegres del mandatario estatal, y de las columnas políticas en nómina,  la misma noche que se fustiga a las organizaciones de la sociedad civil, son acribilladas dos maestras en la ciudad de Chihuahua y en los días siguientes hay masacres en Temósachi, y muchos asesinatos más en la capital del Estado, en la zona Centro Sur, etc. etc. etc. El acontecer se vuelve a imponer al aparentar.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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