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LAS MALAS DE LA TELENOVELA Por Víctor Quintana

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Si no fuera tan dramático parecería reparto de papeles de una telenove. Desde hace varios sexenios las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las de mujeres y las derechohumanistas han sido las villanas favoritas del gobernador en turno de Chihuahua. Basta con  que denuncien los feminicidios o las múltiples violencias que aquejan a la entidad,  para que el Ejecutivo chihuahuense arremeta contra ellas acusándolas  de desprestigiar al Estado y de lucrar  con  su activismo.

El gobernador Duarte se había tardado, pero en unos cuantos días recuperó el atraso. La semana pasada, según lo reporta la Secretaría de Relaciones Exteriores el mandatario chihuahuense acudió a una audiencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington. Ahí intentó refutar los datos sobre la violencia proporcionados por las organizaciones derechohumanistas chihuahuenses, y mostró los supuestos avances de su gobierno en materia de seguridad.

La Comisión Interamericana actuó con una precipitación inusitada: primero, recibió al gobernador fuera de su programa de audiencias -seguramente por insistencia de Felipe Calderón, aliado de Duarte en la estrategia de combate al crimen organizado. Y, sin siquiera dar el beneficio de la duda, ni mucho menos confrontar los datos con los proporcionados por las organizaciones de la sociedad civil, hizo un reconocimiento público de los avances del gobierno chihuahuense.

Varias organizaciones sociales de Juárez y de la capital del Estado, así como la Red Todos los Derechos Todos y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio impugnaron la versión del gobernador la actitud de la CIDH. Sus datos son contundentes: Chihuahua tiene posiblemente la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos por cada 100,000 mujeres,15 veces más alta que la tasa de homicidios de mujeres  a nivel mundial. Tan sólo de 2011 a la fecha se cuentan más de 400 desaparecidas en el estado. Presentan casos que comprueban que la tortura está lejos de desterrarse de la práctica de los cuerpos policíacos como el de Ciudad Juárez. Señalan que a pesar de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los malos tratos a las mujeres y las omisiones siguen siendo práctica común en los servidores públicos que reciben la denuncia de violencia por parte de las víctimas. Observan certeramente que la  violencia contra las mujeres en esta entidad se ha incrementado por la falta de respuesta del Estado a las muy numerosas  recomendaciones y mandatos de organismos internacionales, incluyendo la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el «CampoAlgodonero» y  por   el contexto de violencia armada.

El gobernador respondió de inmediato en el mismo tono de sus antecesores: en un acto público de entrega de fondos a organizaciones de la sociedad civil –  a las bien portaditas- arremetió contra quienes desde este tipo de organizaciones: «.buscan establecer intereses meramente electorales.quienes buscan enmascararse en movimientos de esa naturaleza para acceder al poder.» Fustigó a quienes «. se encubren en la organización de la sociedad para alimentar intereses partidistas o particulares, que van en detrimento de la función de las organizaciones legítimas
Lejos de invitar a confrontar los datos sobre la violencia; de promover un debate sobre un asunto del más alto interés público como es éste; el gobernador descalifica a quienes, ya no digamos piensan diferente a él,  sino manejan datos que contradicen su visión oficial del problema. La única crítica posible es la autocrítica.si es que alguna vez se da.
Por otra parte, Duarte le entra de lleno a la lucha de clasificaciones en la que se enfrascó con singular denuedo su antecesor Patricio Martínez. Para él las  organizaciones de la sociedad civil buenas son aquellas que suplen lo que el Estado no quiere hacer: atender a los adultos mayores, tratar a los adictos, cuidar a los enfermos de VIH, o a los huérfanos.  Es decir, las que se quedan en el ámbito de lo privado; las que no cuestionan sino atienden a los damnificados de la política del gobierno. Las organizaciones de la sociedad civil malas son las que irrumpen en el ámbito de lo público, las que hablan de derechos y los defienden, las que cuestionan o proponen políticas, las que, ante la ineficacia de las instancias gubernamentales locales o nacionales desafían el monopolio de  la diplomacia a los políticos y la retoman como ciudadanas y ciudadanos.  Si acuden a la Comisión o a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU es porque sus recursos, sus gestiones, ante los diferentes órdenes del gobierno han resultado infructuosas y frustrantes.
En síntesis, las organizaciones de la sociedad civil sólo calladitas y restringidas al ámbito de lo privado, se ven bonitas. Porque si incursionan en lo público -monopolio de la clase política- serán severamente acusadas de perseguir lucro económico o político.
Así trazadas las cosas, así definidos los adversarios desde el discurso del poder, la lucha para el gobierno  no es contra los verdaderos autores de la violencia; sino contra quienes denuncian que ésta, a pesar de todo, sigue tragándose las vidas de  los y las chihuahuenses.
Si no fuera porque la tozuda realidad se vuelve a imponer: contradiciendo las cuentas alegres del mandatario estatal, y de las columnas políticas en nómina,  la misma noche que se fustiga a las organizaciones de la sociedad civil, son acribilladas dos maestras en la ciudad de Chihuahua y en los días siguientes hay masacres en Temósachi, y muchos asesinatos más en la capital del Estado, en la zona Centro Sur, etc. etc. etc. El acontecer se vuelve a imponer al aparentar.

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La embajada, ¿un salvavidas para Adán Augusto? Por Caleb Ordóñez T.

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El rumor corrió con fuerza, como suelen correr las versiones que no nacen en el vacío. En los pasillos del poder se empezó a repetir una misma idea: Adán Augusto López Hernández estaría explorando —o incluso negociando— su salida del Senado a cambio de una embajada. No como castigo, no como premio, sino como salida política. Cuando un trascendido de ese tamaño se vuelve insistente, no es porque alguien quiera inventar una historia, sino porque el sistema está buscando una válvula de escape.

En política, los fuertes rumores no siempre anticipan hechos, pero casi siempre revelan tensiones. Y hoy, la tensión alrededor de Adán Augusto es real, profunda y multicausal.

Caleb Ordóñez T.

Desde que asumió como coordinador del grupo mayoritario en el Senado, su figura pasó de ser un operador eficaz en la sombra a un protagonista expuesto todos los días. El Senado es una máquina de desgaste: cada sesión suma presión, cada negociación deja heridos, cada escándalo se amplifica. Y Adán Augusto llegó a ese espacio con una mochila pesada, cargada de pasado, poder y enemigos.

Porque no es un senador más. Es exsecretario de Gobernación, exgobernador, aspirante presidencial frustrado y, sobre todo, líder de un grupo político interno tan disciplinado como polémico, que hoy empuja candidaturas por todo el país. Gobernaturas, alcaldías, congresos locales, espacios estratégicos rumbo a 2027. Ese movimiento no es clandestino ni improvisado: es una estructura que incomoda porque compite, porque presiona y porque recuerda que el poder dentro del oficialismo no es monolítico.

Ahí comienza el problema.

La llegada de una nueva presidenta redefinió las reglas del juego. Claudia Sheinbaum necesita orden, control narrativo y disciplina legislativa. Y el Senado se volvió un frente sensible. Cada fractura interna cuesta gobernabilidad. Cada corriente autónoma se convierte en una amenaza potencial. En ese contexto, Adán Augusto dejó de ser solo un aliado con historia: pasó a ser un factor de tensión permanente.

A eso se sumó el golpe más duro: el costo reputacional derivado de su gestión pasada en Tabasco. La historia de su exsecretario de Seguridad —hoy señalado como operador criminal— se convirtió en un ancla que arrastra todo intento de defensa. No importa cuántas veces se repita que no hay una imputación directa: en política, la frase “él lo nombró” pesa más que cualquier deslinde técnico. El daño no es jurídico, es simbólico. Y el símbolo ya se instaló.

Como si eso fuera poco, el frente administrativo y legal terminó de cerrar el cerco. Más de treinta denuncias, montos que se cuentan en cientos de millones de pesos y cuestionamientos patrimoniales que, aun sin sentencia, generan una percepción devastadora. No porque prueben culpabilidad, sino porque obligan a dar explicaciones constantes. Y en el Senado, explicar es perder.

Con ese panorama, la embajada aparece como una jugada lógica. No elegante, no heroica, pero sí muy racional.

Salir del Senado reduce el ruido de inmediato. Desaparecen los micrófonos diarios, las preguntas incómodas, la necesidad de reaccionar. El personaje se traslada a una lógica distinta: la del servicio exterior, la representación del país, la agenda institucional. No limpia el pasado, pero enfría el presente.

Hay, además, un precedente que en el poder nadie ignora. Cuando Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General para asumir una embajada en el Reino Unido, la lectura fue similar: no se trató de un ascenso diplomático, sino de una reubicación política cuidadosamente calculada. En su momento, su permanencia en el centro del debate público ya era más costosa que útil, y la salida permitió despresurizar al gobierno sin abrir un conflicto frontal. El paralelismo es evidente: cuando una figura concentra demasiado desgaste, demasiadas resistencias internas y demasiada atención incómoda, la embajada se convierte en una fórmula conocida del sistema para retirar el estorbo sin admitirlo, enfriar la crisis y ganar tiempo. En política, a veces no se va el que cae, sino el que estorba quedándose.

Además, su salida reordena el tablero interno. Sin Adán Augusto en el Senado, su grupo político pierde un eje visible de poder, pero no se desintegra. Al contrario: se dispersa y se vuelve más negociable. Los aspirantes que hoy se cobijan bajo su sombra tendrían que sentarse directamente con el centro del poder. Eso reduce fricciones, descomprime ambiciones y elimina la sensación de que una sola corriente está capturando territorios.

Desde el punto de vista personal, la embajada también compra tiempo. Tiempo para que las investigaciones avancen o se diluyan. Tiempo para que la agenda pública cambie. Tiempo para reconstruir una narrativa distinta: la del político que se hizo a un lado “por el bien del país”, no la del dirigente que fue desplazado por escándalos.

Claro, el movimiento no está libre de riesgos. Salir del Senado puede implicar perder el fuero. Nadie con problemas potenciales hace eso a la ligera. Por eso, esta jugada solo tiene sentido si existe la percepción —o el acuerdo— de que el riesgo legal es controlable. La embajada, en ese sentido, no es protección jurídica, sino protección política.

Y está, por supuesto, la batalla final: la percepción pública. Para algunos será un premio; para otros, un exilio diplomático. Esa disputa no se define con el cargo, sino con el relato. Y ese relato no solo lo construye Adán Augusto: lo administra el poder.

Al final, el punto es brutalmente simple. En la política mexicana no siempre pierde el que se va. Muchas veces pierde el que se queda demasiado tiempo cuando el desgaste ya es irreversible. La embajada, en este caso, no sería una huida, sino un movimiento lateral para evitar una caída vertical.

Porque cuando los rumores de salida se vuelven insistentes, no hablan del futuro del cargo, hablan del presente del poder y hoy Adán Augusto está en el top de los más incómodos para palacio nacional.

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