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Arturo Núñez desmintió a Granier

El actual gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, desmintió las afirmaciones hechas el día de ayer por su antecesor Andrés Rafael Granier Melo, quien ayer señaló que las finanzas del estado se encuentran sanas y rechazó que esté en bancarrota.

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El actual gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, desmintió las afirmaciones hechas el día de ayer por su antecesor Andrés Rafael Granier Melo, quien ayer señaló que las finanzas del estado se encuentran sanas y rechazó que esté en bancarrota.

En una conferencia de prensa convocada hoy Núñez Jiménez acusó que Granier “se presenta como una víctima y no como lo que fue un depredador rapaz del presupuesto”, al tiempo que sostuvo sus acusaciones sobre el presunto saqueo del ex mandatario que derivaron en una deuda por más de 20 mil millones de pesos.

Nuñez aseguró que Granier encabezó en su gobierno un “laberinto de trampas”, por lo que su administración ha emprendido acciones legales por la desaparición de documentos indispensables para la operación de la extinta Secretaría de Administración y Finanzas.

Actualmente, explicó, la PGR está investigando la desaparición de mil 900 millones de pesos que destinó la federación a programas en los sectores Educación y Salud.

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México

ONU advierte posibles crímenes de lesa humanidad por desapariciones en México

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Ciudad de México.— El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada advirtió que la magnitud y los patrones de desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que generó el rechazo del Gobierno federal, que calificó el informe como tendencioso y carente de rigor jurídico.

De acuerdo con el organismo, México concentra el 38 por ciento de las acciones urgentes a nivel mundial en esta materia, con 819 casos registrados entre 2012 y febrero de 2026. En ese periodo se suman 40 nuevas solicitudes presentadas en los últimos cinco meses. El comité también señaló la existencia continua de fosas clandestinas, en las que se han localizado más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, la mayoría sin identificar.

El informe precisa que no hay evidencia de una política federal deliberada para llevar a cabo desapariciones; sin embargo, advierte que algunos casos apuntan a la participación o complicidad de funcionarios públicos con grupos delictivos.

En respuesta, el Gobierno mexicano, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, sostuvo que el documento omite los avances institucionales y reformas impulsadas en la actual administración. Además, señaló que el análisis se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que no refleja la situación actual del país.

Las autoridades también criticaron que el comité no consideró información actualizada enviada el 27 de marzo y denunciaron un posible conflicto de interés, al señalar que al menos uno de los redactores del informe ha colaborado con organizaciones que han litigado contra el Estado mexicano.

El Gobierno reiteró que no se toleran ni se ordenan desapariciones en el país.

La solicitud del grupo de expertos fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de que sea remitida de manera urgente a la Asamblea General para determinar posibles acciones de apoyo. Hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones al respecto.

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