Opinión
LA VICTORIA TRICOLOR HA DE SER INOBJETABLE por LUIS OCHOA MINJAREZ
entro de breves días terminará formalmente la fase más dinámica y emotiva el proceso electoral del 7 de julio venidero, fecha en la que elegiremos nuevos presidentes municipales del Estado Grande, así como diputados locales, regidores y síndicos de cada municipalidad.
La mayor parte de los mexicanos aspiramos a un proceso electoral democrático, transparente, diáfano y, sobre todo, inobjetable. Sin embargo, como era de esperarse, ya asomó la cola la llamada “guerra sucia”, a la que invariablemente acude la oposición de derecha como recurso electoral.
La llamada “guerra sucia” en las actividades políticas y electorales, constituye uno de los vicios más indeseables de nuestra vida democrática. Guerra caracterizada por el uso de la diatriba, la calumnia y el adjetivo hiriente, utilizados como arma política en afán de descalificar o nulificar al adversario.
Por desgracia, y antes de que empiece el proceso electoral del ya cercano siete de julio, los epígonos del derechista partido de Acción Nacional, tanto municipal como estatal, ya dieron las primeras muestras de que no tienen la menor intención de renunciar a ese feo vicio de la guerra sucia.
Independientemente de lo inocuo y ridículo de los comentarios, salta a la vista que los voceros del PAN no piensan renunciar a su arraigado vicio de hacer política y campaña electoral a base de descalificaciones, insultos y diatribas.
Son muchos, inevitables y desastrosos los riesgos que se corren cuando, por ignorancia, rencor ideológico, compromisos con el extranjero o simples intereses personales, se pretende desempeñar actividades políticas con el hígado, no con el corazón, menos con el cerebro.
Si la política, –entendida como la actividad superior del ser humano que la ha llevado a la categoría de ciencia–, se ejerce sin principios, sin generosidad y sin amplia visión de de sus objetivos se cae en la politiquería de poca monta, inspirada generalmente en dictados del estado de ánimo y reacciones del hígado.
Como se sabe, constitucionalmente los partidos políticos están considerados en nuestra ley suprema como entidades de interés público, es decir, son instituciones que sirven a la comunidad nacional, independientemente de sus tendencias ideológicas, sus intereses representados y sus tesis políticas, a condición de que se apeguen a la legislación correspondiente.
De ello podemos deducir que también nos conviene tener políticos profesionales sensatos, preparados, de buen corazón y, sobre todo, de generosidad comprobada. El electorado ya no admite políticos que utilizan la guerra sucia, el insulto y el adjetivo procaz como medios para llamar la atención y procurar votos y simpatías.
La derecha seguirá decadente mientras no prescinda de la diatriba y la descalificación en su discurso político como recurso electoral o como sonaja para llamar la atención. Pasaron a la historia aquellos jilgueros lenguas largas que en lugar de ideas y tesis políticas manejaban adjetivos infamantes dictados desde la región hepática, con peroratas y torrentes de palabrería hueca y vacía de contenido.
La diatriba y la guerra sucia como recursos electorales, vicios tan arraigados en los jilgueros de la corriente política de la derecha, deben ser rechazadas sin misericordia.
La del siete de julio próximo, ha de ser una inobjetable y aplastante victoria electoral del partido tricolor, el partido mayoritario del pueblo mexicano, urgido de recomponer el país y llevarlo por la senda del progreso auténtico y verdadero que beneficie a las mayorías y no solamente a la vieja minoría.
Vieja treta política: desalentar el voto
La vieja y antipatriótica treta de desalentar el ejercicio del derecho y obligación del sufragio, ya no da los resultados negativos en la actualidad. El próximo domingo 7 de julio del 2013, todos los ciudadanos chihuahuenses, mujeres y hombres, acudiremos a las urnas electorales a depositar nuestro voto a favor del partido político y sus candidatos que más se acomoden a nuestro modo de pensar y a nuestros anhelos y esperanzas.
Ya no existe ser humano que ignore que quien no vota no cuenta para nada en la vida cívica y política de su comunidad. Una forma de suicidio civil es sustraerse por apatía, por modorra o indiferencia al cumplimiento de los deberes cívicos.
Otro modo de auto eliminarse del conjunto social en el que se vive, es negarse al ejercicio de los derechos a que tiene derecho todo ciudadano en un sistema democrático.
El Estado mexicano invierte considerables recursos provenientes de los impuestos que pagamos para mantener e impulsar la democracia en nuestro país. Los partidos políticos están considerados –lo repetimos–, constitucionalmente como entidades sociales de interés público porque son los instrumentos de que se sirve el pueblo para organizarse políticamente.
La ciudadanización de los organismos electorales es el fruto de un gran esfuerzo de los mexicanos y sus gobiernos para transparentar la democracia y poner al cuidado de los ciudadanos el manejo de todos los procesos de selección y elección de nuestros gobernantes municipales, estatales y federales.
Garantizar la limpieza y la transparencia de todo proceso electoral como el que desarrollamos próximamente en todo el Estado de Chihuahua, constituye la misión central y superior de los organismos electorales manejados por ciudadanos ajenos a los puestos del sector público. Ello siembra la confianza en los electores y los incita a participar con entusiasmo al emitir su voto.
Ninguna estratagema criminal desalentará el entusiasmo cívico por renovar nuestros instrumentos gubernamentales, en busca de ir eliminando errores, vicios y truculencias.
No olvidemos que quien no acude a las urnas electorales para elegir a sus gobernantes, es que no existe, simplemente.
Salivazos al cielo del “Peje Lagarto”
Ayer sábado el Peje Lagarto anduvo por algunos puebluchos del Estado de Guerrero buscando adeptos para su enésimo partido político del que quiere ser líder único e indiscutible, ya que en los incontables partidos en los que ha militado, no le fue posible tan aberrante propósito.
“Queremos transformar México, les dijo a una treintena de lugareños, porque este régimen ya se pudrió, es un régimen caduco, de corrupción, de injusticias, de privilegios, que está destruyendo a nuestro país y que está desgraciando a la mayoría del pueblo de México, por eso es nuestra lucha, remató”.
Salivazos al cielo de este calibre, son los menos ofensivos que viene lanzando en afán de desahogar su rencor político y se ego maltrecho por los sonoros fracasos que viene cosechando en la empinada cuestabajo que lo desliza y aleja cada día más de la política palpitante.
Peña Nieto a punto
de llegar a la cima
Ya solamente le falta su ineludible comparecencia como jefe de Estado a la más alta tribuna del foro mundial de la ONU, para que el presidente de México Enrique Peña Nieto, confirme su categoría y capacidad de estadista y dirigente de un país en ascenso.
Pasó con innegable éxito la prueba de fuego en su visita y entrevista con el titán del país más poderoso de la tierra, y regresó a su país arrastrando laureles de victoria.
Después, su visita de Estado y entrevista con la segunda potencia mundial, la República Popular de China. Sin contar con las recepciones de que fue motivo en los primeros tres países latinoamericanos.
Los incontables viajes al exterior, han dado los primeros frutos en el viejo anhelo de los mexicanos en el sentido de su país y su gobierno marque la pauta en la política y la solidaridad latina americana.
Ahora sólo nos falta que asiente su puño en el alto propósito de transformar y modernizar a la República Mexicana.
FINALMENTE, el “supremo” pensamiento político de Andrés Manuel López Obrador, expresado en una frase: “Yo lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, Peña no sirve para nada. Es como Titino. El titiretero es Carlos Salinas y Titino es Peña Nieto”.
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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