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Piden asilo político a EU y Canadá 100 mil mexicanos por inseguridad

Los Diputados del PRI, PAN y PRD de la Cámara de Diputados coincidieron en dichas cifras las cuales señalaron, “refleja un problema que el Estado mexicano debe atender de manera prioritaria en el combate al crimen organizado”.

Incluso el vicecoordinador jurídico del grupo parlamentario del PRI, Arturo Zamora Jiménez, señaló que “es un terrible tema el de los desplazados que reporta la ONU, y a eso se le suma que hay 60 mil mexicanos que están pidiendo asilo en Estados Unidos y 40 mil en Canadá”.

El diputado indicó que el Estado no ha sido solidario con los mexicanos que han dejado sus hogares, y destacó que una gran cantidad de ellos pierden su identidad, ya que al llegar a una nueva comunidad, por miedo, ocultan su nombre y con ello, pierden su derecho a ser integrados en la sociedad y los beneficios que ellos conlleva.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, Agustín Castilla Marroquín (PAN), indicó que la preocupación de los desplazados es la presencia del crimen organizado, “pero se requiere tener un diagnóstico certero para tomar medidas”, dijo al señalar que no se puede acusar al gobierno federal de tratar de retomar el control de algunos espacios que habían pasado a manos de la delincuencia organizada, y enfatizó que la estrategia tiene que pasar a otra etapa.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Arturo Santana Alfaro, del grupo parlamentario del PRD, indicó que las cifras que maneja Naciones Unidas se quedan cortas, ya que se tiene registro de más de 230 mil desplazados en 2011.

“El Centro para Monitoreo para desplazados con sede en Ginebra, Suiza, ya lo había documentado. Pudiéramos pensar que se está quedando bajo de lo que está sucediendo, ya que tenemos un registro de 230 mil desplazados”, dijo.

 

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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