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Política

El rancho de AMLO: «La Chingada»

La única vivienda que posee Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato presidencial de la izquierda, es el rancho que sus padres le heredaron en el estado de Chiapas y al cual, según sus colaboradores, se refiere con el nombre de La Chingada.

Ubicada a la entrada del municipio de Palenque, sobre la carretera Pakal-na, y rodeada de una barda blanca con un portón negro, la finca está conformada por cinco hectáreas que, desde hace más de 15 años, López Obrador tiene en copropiedad con sus hermanos, de acuerdo con el catastro estatal.

Habitantes de la zona —que dicen no identificar el rancho por algún nombre en particular— señalan que el aspirante presidencial suele pasar la Navidad y el Año Nuevo en ese lugar, así como recibir ahí a otros políticos.

La semana pasada, López Obrador causó polémica tras decir que si en julio pierde en una elección “limpia y libre” se irá “a vivir a La Chingada”, una frase que en México se entiende como una grosería.

César Yáñez, su vocero, señaló entonces que el comentario no tenía un sentido despectivo, sino que así llama López Obrador al rancho.

En octubre de 2010, el militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) declaró ante el Instituto Federal Electoral (IFE) que la casa de Palenque es su única propiedad.

También dijo que por su trabajo en la asociación civil Honestidad Valiente recibía un sueldo de 50,000 pesos mensuales (casi 4,000 dólares), que no usaba tarjeta de crédito y que tenía una cuenta bancaria con 9,034 pesos (714 dólares).

Su patrimonio era mayor en el 2000, cuando asumió el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Ese año, López Obrador poseía tres casas y un terreno en Tabasco, su estado natal, así como un departamento en la capital del país y una cuenta bancaria con 145,000 pesos (unos 11,500 dólares).

Desde entonces hasta 2005, cuando dejó el puesto para lanzarse como candidato en las presidenciales de 2006, las únicas operaciones que realizó con inmuebles fueron la venta del departamento reportado en un inicio y la compra de otro de mayor valor, de acuerdo con la declaración patrimonial que entregó al renunciar al GDF, y que está disponible en la página web del PRD.

En los últimos años, López Obrador cedió a sus hijos tanto las viviendas de Tabasco como el departamento de la Ciudad de México, dijo Yáñez.

El aspirante de la izquierda, que busca la presidencia por segunda ocasión, competirá en la elección de julio con Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN); Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza (Panal).

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México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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