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Panamá rebaja el tono del conflicto con Cuba por el tráfico de armas de guerra

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  • «Los cubanos no vieron el riesgo en trasladar armas por ‘países amigos'» dijo un funcionario panameño.

Las autoridades de Panamá han asegurado que las autoridades cubanas “no vieron” el riesgo que estaban ocasionando a “naciones amigas” por transportar un cargamento bélico “no declarado” de su propiedad a Corea del Norte en un barco que está retenido desde la semana pasada en aguas panameñas.

El ministro panameño de Relaciones Exteriores, Fernando Núñez Fábrega, aseguró en conferencia de prensa que “el problema de los cubanos es que quizá no vieron al principio el riesgo que estaban traspasando a otra nación. Estuvimos en diálogo con autoridades cubanas. Ellos simplemente quizá no vieron el peligro que estaban ocasionando a naciones amigas”.

En la capital panameña, Núñez Fábrega afirmó que “aquí no ha habido un problema entre Panamá y Cuba. El problema es que al mandar esa carga no declarada en una nave coreana, a través de las agua panameñas, obviamente se ha tenido que interceptar en cumplimiento” del mandato de la ONU.

Un análisis jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá reafirmó que, por las sanciones que la Organización de Naciones Unidas (ONU) impuso desde 2006 a Corea del Norte para que abandone su política nuclear, el Estado panameño estaba obligado a inspeccionar el buque norcoreano Chong Chon Gang en el que el lunes anterior fue descubierto el cargamento bélico propiedad de Cuba, que era llevado a ese país para ser reparado y devuelto a la isla.

El informe, del que este periódico tiene una copia, alega que la resolución 1718-2006 del Consejo de Seguridad de la ONU instó a todos los miembros del organismo mundial a inspeccionar la carga que circule “hacia o desde” Corea del Norte, entre otras medidas de cooperación para hacer cumplir las sanciones a Pyongyang por su desarrollo nuclear.

El Gobierno panameño había anunciado este miércoles que otorgaría visa a dos diplomáticos de Corea del Norte acreditados en Cuba para que viajaran a suelo panameño a ofrecer asistencia a los 35 tripulantes del barco Chong Chon Gang, todos norcoreanos y detenidos desde el sábado en una instalación naval en el Caribe bajo interrogatorio del Ministerio Público. Pero el propio Gobierno decidió más tarde revocar los permisos, debido a «declaraciones contraproducentes» de Pyongyang, afirmó a Efe una fuente oficial panameña.

Los anuncios coincidieron con la noticia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte ha pedido a Panamá que libere a la tripulación porque no llevaba a bordo drogas o un cargamento ilegal, informó Associated Press.

Un portavoz de la cancillería norcoreana, citado sin identificar por la agencia de noticias central norcoreana, dijo que “las autoridades panameñas atacaron, de manera apresurada, y detuvieron al capitán y a la tripulación de la nave con el pretexto de que estaban llevando a cabo una ‘investigación sobre drogas’, y [luego] hicieron una requisa del buque pero no descubrieron ningún tipo de droga”.

La carga, añadió, “no es más que el envejecimiento de armas, que [Corea del Norte] envía de vuelta a Cuba tras un reacondicionamiento de las mismas, de acuerdo con un contrato legítimo”. Panamá debe “dar un paso para que los tripulantes del buque detenido y su tripulación sean liberados sin demora”, recalcó el funcionario norcoreano.

En un comunicado emitido el martes, la cancillería de Cuba admitió que el armamento es de su propiedad. En el barco “se transportaban 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto-dos complejos coheteriles antiaéreos Volga y Pechora, nueve cohetes en partes y piezas, dos aviones Mig-21 Bis y 15 motores de este tipo de avión, todo ello fabricado a mediados del siglo pasado-, para ser reparado y devuelto a nuestro país”, precisó.

“Los acuerdos suscritos por Cuba en esta esfera se sustentan en la necesidad de mantener nuestra capacidad defensiva para preservar la soberanía nacional”, añadió, al reiterar su “firme e irrevocable compromiso con la paz, el desarme, incluido el desarme nuclear, y el respeto al Derecho Internacional”.

Pero el análisis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados de la cancillería panameña alegó que cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU promulgadas en 2006, 2009 y 2013 establecen sanciones a Pyongyang “para que abandone todas las armas nucleares y los programas nucleares existentes de manera completa, verificable e irreversible” y acate las obligaciones para la no proliferación de armas nucleares.

La resolución de 2006, recordó, determinó que todos los estados miembros de la ONU “deben impedir el suministro, la venta o la transferencia directo e indirectos” a Corea del Norte a través de sus territorios de todos los carros de combate, vehículos blindados, naves de guerra, aeronaves, sistemas de artillería de gran calibre, misiles o sistemas de misiles y piezas de repuesto, en un listado de armas convencionales y materiales.

En la de 2009, insistió, el Consejo exhortó a los integrantes de la ONU a “que inspeccionen”, en sus puertos marítimos, terrestres y aéreos, “toda la carga que esté destinada” a Corea del Norte o que “proceda de ese país”, en caso de que el Estado tenga “información que ofrezca motivos para creer que la carga contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación se prohíba” en las resoluciones previas del foro mundial.

Panamá invitó el martes a una comisión especializada del Consejo de Seguridad de la ONU para verificar que se cumplan las sanciones a Pyongyang y revisar el armamento. La cancillería panameña confirmó que “no se excluye” que en la misión haya técnicos de Estados Unidos y Gran Bretaña.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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