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México

SIP exige a gobierno mexicano medidas para evitar muerte de periodistas

La SIP condenó este jueves el asesinato en México del periodista Alberto López Bello y exigió al gobierno investigar el caso e implementar una política mejorada.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves el asesinato en México del periodista Alberto López Bello y exigió al gobierno investigar el caso e implementar una política mejorada que evite la violencia contra los periodistas.

López Bello, de 28 años, periodista de la fuente policial del diario El Imparcial y colaborador de Radiorama en el estado sureño de Oaxaca, fue encontrado muerto la madrugada del miércoles.

Junto al cadáver de López Bello se hallaba el cuerpo de un policía del municipio de Oaxaca, de 26 años.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó que “casos como este demuestran la inefectividad y fragilidad de las políticas del gobierno en asegurar la integridad física de los periodistas y para sancionar a los responsables de los delitos”.

Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, agregó que “la ineficacia de la ley de protección y la lentitud para castigar los ataques y actos de violencia contra medios y periodistas en México, reduce cada vez más la oferta informativa que reciben los ciudadanos en zonas del país afectadas por el crimen organizado, ya que por temor a represalias los medios y los periodistas se ven obligados a practicar la autocensura como acto de sobrevivencia”.

El 18 de mayo, López Bello fue detenido por policías estatales junto con Jacobo Robles, también periodista de El Imparcial, mientras tomaban fotografías a una manta aparentemente colocada por el crimen organizado en un puente peatonal, cerca del aeropuerto local, según el comunicado de la SIP, divulgado en Miami, donde tiene su sede el organismo patronal de medios.

En aquella oportunidad los oficiales les retiraron el equipo y sus teléfonos, y fueron trasladados al cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública en Santa María Coyotepec, donde los ficharon y luego los llevaron a la Procuraduría General de la República de Oaxaca.

Cinco horas después, el Ministerio Público los liberó tras determinar que su detención fue ilegal.

La SIP denunció que en los últimos meses en Oaxaca se ha reportado un incremento en la presencia del narcotráfico, que hasta hace poco no afectaba a la capital estatal.

México se convirtió en los últimos años en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo con al menos 84 informadores asesinados y 20 más desaparecidos desde 2000, según la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fuente: La Patilla

sip

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México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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