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México

«Don Neto» el otro narcotraficante que saldrá libre

José Luis Guízar, abogado de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, anunció que presentaron una apelación sobre la misma base de procedimientos usada por Rafael Caro Quintero para salir de la cárcel, por lo que su cliente debe obtener un amparo y quedar libre en 15 días.

El viernes Caro Quintero abandonó el penal de Puente Grande, Jalisco, luego de que un tribunal federal anuló la sentencia de 40 años contra el capo al argumentar que fue juzgado incorrectamente.

Explicó que por los asesinatos de Enrique Camarena, agente de la DEA, y Alfredo Zavala, piloto mexicano, el narcotraficante debió ser juzgado por autoridades del fuero común y no del federal.

Además, sostuvo que Caro Quintero ya había purgado dos terceras partes de su sentencia, pues estuvo 28 años encarcelado.

Con base en lo anterior, Guízar anunció que presentaron el recurso legal en favor de Don Neto. “La apelación está a punto de resolver el amparo de fondo. Creemos que los magistrados se van a apegar a derecho. (Fonseca Carrillo) debe estar en su casa. En el fondo el asunto es igual al de Rafael”, señaló en entrevista.

De hecho, un día antes en entrevista con MILENIO el abogado afirmó que familiares de Don Neto le habían asegurado que éste también había abandonado ya la cárcel.
Sin embargo, autoridades aclararon que el capo continuaba encarcelado.

images (1)Al respecto, la Procuraduría General de la República (PGR) analiza la posibilidad de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por la actuación del tribunal que amparó y ordenó la excarcelación de Caro Quintero, revelaron autoridades de la dependencia.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación manifestaron, por su parte, que no existe recurso alguno que pueda interponer de forma directa la PGR para revocar el fallo.

Los funcionarios judiciales consultados por MILENIO afirmaron que por el momento están a la espera de conocer los probables “recursos” que interpondrá el procurador Jesús Murillo Karam por la liberación del capo.

No descartaron que una de las posibilidades sea intentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga en el caso, aunque esto solo puede suceder si familiares de las víctimas de Caro Quintero, entre ellas Enrique Camarena o Alfredo Zavala, solicitan el recurso de revisión.

Autoridades de la PGR indicaron que una de las medidas que se estudia es presentar una queja ante el CJF contra el tribunal que ordenó la libertad inmediata de Caro Quintero para que este órgano determine si hubo irregularidades en la actuación de los magistrados, aunque no existe un plazo perentorio para que se interponga el recurso.

Indicaron que como ha ocurrido en otros casos, los familiares de las víctimas de Caro Quintero pueden solicitar ante la SCJN la revisión del fallo, como partes afectadas ante la decisión de dejar en libertad al presunto responsable, y en esta hipótesis la PGR puede asistir a los quejosos.

También está pendiente la posible petición formal de detención con fines de extradición del ex líder del cártel de Guadalajara por parte de Estados Unidos, luego de que la DEA anunció que no desistirá en su empeño de que sea procesado en los tribunales de ese país por el crimen del agente Camarena.

Fuente: MILENIO

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México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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