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La SCJN investiga a magistrados que liberaron a Caro Quintero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió el expediente de un juez que dejó en libertad al ex jefe del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero,

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió el expediente de un juez que dejó en libertad al ex jefe del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y solicitó un informe al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre la actuación de los magistrados que fallaron a su favor, con lo cual se interrumpió una sentencia por asesinato de un agente de la DEA y narcotráfico de 40 años.

Fuentes de la Suprema Corte de Justicia indicaron que los ministros lo revisarán para saber si los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Unitario y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos del Estado de Jalisco, que fallaron a favor de Caro Quintero, procedieron conforme a derecho al beneficiar al capo sinaloense.

Caro Quintero abandonó la cárcel el viernes pasado, cuando los magistrados determinaron que por no ser el agente de la DEA asesinado, Enrique Camarena Salazar, diplomático ni personal consultar, no podía haber sido juzgado por un tribunal federal, sino por uno del fuero común. Al señalar que hubo un error procesal, lo dejó en libertad.

-Los primeros sorprendidos fuimos nosotros –declaró ayer el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al confirmar que espera saber a detalle tanto los argumentos de la defensa como los elementos en los cuales se basaron los juzgadores.

“No quiero prejuzgar”, aclaró cuando se le pidió su opinión personal. Esperará estudiar a profundidad para formar o emitir un juicio, agregó.

-Ahora todo mundo puede argumentar errores en el debido proceso para salir libre –se le dijo.

No, rechazó el togado, “hay de errores a errores en el debido proceso” y de haberlos no suponen la liberación inmediata del procesado. Por eso rechazó la liberación masiva de indiciados.

Regularmente, explicó, esta decisión judicial lleva a la reposición del procedimiento. Es decir, un nuevo juicio donde se eliminen las fallas detectadas y se den validez a las pruebas de cargo y descargo presentadas.

El ministro Zaldívar Lelo de Larrea rechazó cualquier comparación entre los juicios de amparo por fallas procesales entre Rafael Caro Quintero y Florence Cassez. “Son cosas totalmente distintas”, puntualizó.

La francesa no tuvo acceso a la defensa, no contó con protección consular y se escenificaron los delitos con alternaciones. Con el famoso capo mexicano la justicia argumentó habérsele procesado en un fuero federal delitos del fuero común.

Remitió a los criterios dictados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de junio pasado tras revisar ocho juicios de amparo, donde a la letra se establece:

“Conexidad de delitos. La facultad del juez de Distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el código penal federal”.

Agregó:

“Esencialmente se determinó que la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde éste se hubiere cometido (local), a menos que se surtiera alguna causal por la que éste debiera considerarse del orden federal”.

En consecuencia, asentó la sala por mayoría de votos, “ante el incorrecto ejercicio de dicha competencia constitucional, tendría que ordenarse la reposición del procedimiento, únicamente para el efecto de que las autoridades jurisdiccionales federales, procedieran a la adecuación típica de sus resoluciones, mediante la aplicación tanto de normas federales y locales, según corresponda en cada caso concreto en atención a la naturaleza del delito”.

Hecho lo anterior, concluye, “continuaran con la tramitación del procedimiento hasta su finalización, sin que el amparo implique la libertad de ninguno de los quejosos”.

Revisarán la liberación

La liberación de Rafael Caro Quintero exhibe un ridículo de la justicia mexicana y abre un riesgo: la excarcelación masiva de grandes criminales.

El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se declara sorprendido por cómo se condujo el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Estado de Jalisco.

“Le llaman errores de procedimiento… Con eso cualquiera puede salir libre”, reflexiona con movimientos de lado a lado de la cabeza y ojos grandes tras sus anteojos.

-Como El Mochaorejas (Daniel Arizmendi López, famoso multisecuestrador detenido en Cuernavaca en agosto de 1998)…

-Póngale el nombre que quiera. Yo no recuerdo los nombres, pero todos pueden salir –responde.

Carrancá y Rivas se retira entre interjecciones:

-¡Qué lamentable! ¡Qué ridiculez de la justicia!

Pero celebra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre a la revisión del expediente y de la actuación del juez que ordenó la liberación de Caro Quintero.

Por 24 Horas

caroquintero2-05

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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