Opinión
Los niños y los maestros de San Isidro por Victor Orozco
OS NIÑOS Y LOS MAESTROS DE SAN ISIDRO
Víctor Orozco
El congreso del estado de Chihuahua impuso a Pascual Orozco, antes San Isidro, en el municipio de Guerrero, el título de pueblo heroico. La historia de esta pequeña comunidad es larga y densa. Enclavada en la zona que en su tiempo Fernando Jordán, -el periodista-historiador cuyos textos corrieron con tanta fortuna- llamó “Longitud de Guerra”, fue una pacífica población de labradores, arrieros, vaqueros y después de campesinos, agricultores medios y maestros. Curiosamente muchos maestros, desparramados en la geografía estatal. Al mismo tiempo, durante la segunda mitad de la centuria XIX e inicios de la XX, una porción considerable de sus habitantes, principalmente jóvenes varones, se involucró en las gestas revolucionarias de la nación. El acontecimiento de mayor notoriedad fue el alzamiento armado que protagonizó el 19 de noviembre de 1910 un grupo de sus pobladores, transformado en el núcleo del ejército popular triunfante sobre la dictadura del general Porfirio Díaz seis meses después con la caída de Ciudad Juárez. La osadía inicial y la participación en la interminable contienda siguiente, costaron al minúsculo pueblo un cuantioso derramamiento de sangre joven, que muy tarde o nunca pudo reponer.
Los rebeldes de 1910, eran niños rondando los diez en 1892, año en que el presidente seccional Ignacio Orozco envió la lista de inscritos en la escuela municipal a la presidencia de Guerrero, acompañada por la de asistencia correspondiente al mes de enero, entregada por el profesor José Acosta. En total eran cuarenta y un alumnos, capaces de copiar largos poemas o prosas y escribir “composiciones” sobre la naturaleza o la patria, con trazos de letras parecidas a dibujos, por lo bello de la caligrafía, según se advierte por otros pliegos anexos. Diestros en las operaciones aritméticas, alguno aprendía a sumar contando, tan rápido como una moderna calculadora. Cómo sucede con todos los documentos del pasado, entre más se les pregunta, más nos dicen. En una primera ojeada a los nombres, destaco la presencia de once infantes: Flavio Hermosillo, Pascual Orozco, Antonio Frías, Alvino Frías, Marcelo Carabeo, José Carabeo (sic), Ramón Aragón, Luis Solís, Pablo Rodríguez, José María Peña y Eduardo Hermosillo. ¿Cuál es la particularidad?: Todos ellos figuran entre los insurrectos de 1910, según informes de distintos historiadores. Es decir, arriba de la cuarta parte de esta generación de la escuela municipal para varones de San Isidro se involucró en la revolución desde su comienzo. Vale examinar esta notable señal.
¿Qué influencias recibieron estos niños y jóvenes para alimentar ideas y aspiraciones libertarias?. Una primera, me parece, fue la formación propiciada por los maestros. De los triunfos liberales había emergido una oleada de educadores imbuidos por idearios nacionalistas o patrióticos. Al culto a la patria se agregaba el repudio a las viejas ataduras dogmáticas. Un ejemplo de esta actitud en los preceptores se encuentra en la carta dirigida por el profesor José María Vázquez desde la población de Cruces, Namiquipa al jefe político de Guerrero, pidiendo sinodales para sus alumnos. Decía el maestro: “…tengo que entregar mi juventud por medio de un examen formalmente presentado…por personas que no conocen ni por principios los ramos de la educación, por consiguiente ni debo ni puedo poner a mis alumnos a disposición de estos señores que hacen consistir la más lúcida educación en aprender de memoria el catecismo de Ripalda y otras leyendas que en mi establecimiento ni se conocen, pues mi juventud ha estudiado Gramática por Herrera y Quiroz, Aritmética por Emilio Toro, Geografía por el sistema Cornell y Geometría. Por consiguiente al aceptar estas réplicas quedarían mis trabajos en nada…las personas que desearía fueran los réplicas de mi juventud son los dignos CC Mariano Irigoyen y Juan Armijo”. Es poco probable que Vázquez fuera una rara avis entre los preceptores, por tanto es de colegirse que de similar manera pensaban los de pueblos cercanos a la cabecera. Estos niños de San Isidro luego continuarían su educación con el profesor Mariano Irigoyen en ciudad Guerrero, veterano profesor e intelectual juarista, quien inyectó en sus discípulos un incondicional amor a la patria y les impartió rudimentos de artes militares: ejercicios, disciplina, clases de armas. Unos años después, cuando eran jóvenes, se instaló en el pueblo otra maestra, Julia Franco. Seguidora de los pasos de Irigoyen, permaneció en el servicio durante más de medio siglo. Enseñó donde pudo, aún en los tiempos de mayor violencia por las guerras civiles. Fue ella quien se empeñó en mandar a cuantos jóvenes pudo a las flamantes escuelas normales rurales, de Salaices y Flores Magón, para formar más maestros.
Otro factor de relevancia fueron las tradiciones familiares y colectivas. Si nos remontamos hasta los tiempos de las guerras de reforma y contra la intervención francesa, podemos ver a los padres o abuelos de estos niños integrados en los cuerpos de guardias nacionales combatiendo al ejército profesional que dio el cuartelazo de Tacubaya y contra el ejército francés. Varios de ellos participaron entre 1858 y 1860 en las batallas de Durango, Mazatlán, Tepic, Guadalajara, el Bajío, Silao, Calpulalpam y entraron victoriosos en la ciudad de México en enero de 1861. Luego, combatieron a los imperialistas en los estados de Chihuahua y Coahuila. Los niños escuchaban los relatos de estas hazañas una y otra vez o las releyeron en las cartas familiares o documentos traídos desde puntos lejanos como la ciudad de México. En 1872, veinte años antes de la lista comentada, falleció en la ciudad de Chihuahua su paisano Ignacio Orozco, coronel republicano y personaje del liberalismo que ocupó el escenario militar y político de la región desde los años cincuentas. Su herencia ideológica perduró en las nuevas generaciones. También influyó la práctica ancestral de “militar” campañas contra los apaches llevadas a cabo hasta apenas una década previa.
Desde luego no todos los niños en edad escolar asistían al salón de clases. Por esa razón las autoridades municipales multaban a los padres omisos en llevar a sus hijos a la escuela. Diez y ocho años mas tarde, en la flor de la juventud, combatirían y morirían juntos, quienes habían pasado por las aulas y a quienes el prematuro trabajo para ganarse la vida los había alejado de ellas. Entre éstos, probablemente se encontraban los cuatro hermanos González: Fidel, Antonio, José y Joaquín, quienes formaban la filarmónica del pueblo. Los tres últimos cayeron en diciembre de 1910 en las batallas de Cerro Prieto y el Chopeque. En una foto tomada poco antes del estallido revolucionario se les mira orgullosos con sus instrumentos: flauta, clarinete, trompeta, violín y guitarra. Los lugareños contaban muchas décadas después que desde entonces San Isidro no tenía “música”. (Para referirse a un grupo de instrumentistas).
Marcelo Caraveo, quien de esta generación del 92, fue el único que escribió sus memorias, dice que “Nos inspiraba la rebelión de los tomochitecos, pues si ellos habían podido luchar bizarramente contra la Federación, nosotros también”. Por coincidencia, la lista de alumnos comentada, se confeccionó justo en el año de la rebelión de Tomóchic, pueblo del mismo municipio de Guerrero. Demasiado temprana para triunfar, fue un prolegómeno del estallido en San Isidro. Ambos estuvieron unidos por los anhelos democráticos y liquidadores de privilegios.
Por supuesto, el levantamiento de San Isidro no fue el único en 1910. El 25 de diciembre de ese año, el gobernador Miguel Ahumada veía con preocupación al grupo comandado por Toribio Ortega en la región de Ojinaga, pero, comunicaba al presidente Porfirio Díaz, que“…era mucho menos peligroso que el del distrito de Guerrero…porque los de Ojinaga no eran gente de prestigio, de conocimientos ni de experiencia, mientras que desgraciadamente no se podía decir lo mismo del grupo de Guerrero…el cual era muy obcecado”. Como fuere, el hecho es que Chihuahua se había insurreccionado, poniendo en claro una realidad: nunca la oligarquía representada en los intereses del grupo Terrazas-Creel pudo imponer su pleno dominio en la sociedad. La manida frase atribuida al general Luis Terrazas: “No soy de Chihuahua, Chihuahua es mío”, si la pronunció, no pasó de ser una balandronada. Para probarlo, estaban estos maestros rebeldes y dignos, estos alumnos avispados que asimilaron sus enseñanzas traduciéndolas en acciones.
San Isidro finalmente recuperó sus tierras, entre los primeros pueblos del país. En 1919 se emitió la resolución presidencial que las entregaba y en 1921 se ejecutó. En el acto solemne de posesión, muy formales, estaban los niños de la escuela con su maestra, atestiguando y aprendiendo. Algunos de los asistentes a la misma tres décadas antes también pudieron estar allí, varios eran curtidos combatientes que apenas estaban restañando heridas. Era la ronda de las generaciones, en la cual se combinaban las aulas con las luchas sociales. …
(Síntesis de la conferencia dictada en la escuela primaria de Pascual Orozco, con motivo de la sesión del H. Congreso del Estado del estado de Chihuahua celebrada en este pueblo el día 6 de septiembre de 2013)
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VÍCTOR OROZCO
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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