Ayer se llevó a cabo el polémico concierto de Luis Miguel en Delicias, el primer concierto privado que ofrece en Chihuahua, bajo la invitación de Jaime Galván, empresario lechero y nieto de quien fuera titular de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de José López Portillo, Félix Galván López.

El aparato de Comunicación Social del Gobierno del Estado, montó un operativo para destacar que ni el gobernador César Duarte ni su esposa, Bertha Gómez, acudirían al festejo, pues corrió el rumor de que la fiesta se realizaría en honor de esta última.

Jaime Galván, amigo de Duarte, le prestó su jet privado durante las campañas y está condenado en Estados Unidos a 60 meses de libertad condicional, por fraude y lavado de dinero.

Pero el caso es que Duarte y Gómez estuvieron en el DF, atendiendo distintos asuntos relacionados con sus respectivos puestos, y por eso “no culpes a la noche”, simplemente no asistieron porque tenían chamba.

Entre los que sí pudieron ir se encuentran el alcalde electo de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco y su suplente, Eugenio Baeza; el fiscal general, Carlos Manuel Salas; el director de Pensiones Civiles del Estado, Marcelo González Tachiquín; el director de la Junta Municipal de Agua, Maurilio Ochoa; Antonio Andreu Rodríguez, diputado electo por Juárez, y varios miembros de la familia Galván.

El concierto habría costado, según promotores artísticos consultados, por lo menos, por lo menos, un millón y medio de dólares, considerando que el ‘Sol’ habría cobrado en oferta, pues le acababan de cancelar una presentación. Esta es la estimación más económica posible, pues otros hablan de 2 millones ya contando sonido, bailarines, traslados, etcétera.

Otro comunicado que circuló ayer fue el respaldo total del Gobierno del Estado a la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo en la negativa de gravar con IVA los alimentos y las medicinas, pero, curiosamente, el tema de la homologación del IVA en la frontera ni lo tocaron… ¿Se les habrá perdido de vista este “detallito”?

Por lo pronto los organismos empresariales de Juárez ya pusieron el grito en el cielo, aunque tarde, pues apenas andan pirateándose los posicionamientos de otras ciudades que sí reaccionaron como Tijuana, y la famélica oposición panista ya ve en esta acción un abrevadero para recuperarse, pues no cabe duda de que lo utilizarán como bandera política y, como acostumbran, se dedicarán a colgarse de lo negativo, sin proponer ellos nunca algo mejor. Pura carroña.

Y hablando de reformas, ya se promulgó la Ley del Servicio Profesional Docente y otras leyes secundarias que, entre otros cambios, centralizarán la nómina del magisterio y se espera que salgan a la luz los nombres de al menos 1,600 maestros aviadores que al menos en los últimos años no han ni olido un gis, y tienen el temor de volver a las ruidosas aulas. Pobrecitos.

Pero no todos los profes se resignan. Aquellos que tomaron casetas, cerraron escuelas y se acercaron a Palacio, donde ya se negocia y se espera que todo quede en bien, aunque hay la posibilidad de que el conflicto se extienda.

Y volviendo al oportunismo panista, ayer el Juez Cuarto de Distrito en el Estado admitió el amparo promovido para evitar que el alcalde de Juárez, Héctor Murguía y el secretario de Seguridad, Julián Leyzaola, tengan escoltas pagadas por el erario luego de terminar sus funciones, sobre todo por los términos tan ambiguos de la resolución.

De proceder el mantenimiento de seguridad a estos funcionarios, serían los ciudadanos los que costearían “por un término prudente la cantidad de escoltas que se requieran”, es decir, cuantos quieran y cuando quieran, no importa, nosotros pagamos. Detrás del amparo están Pancho Barrio, Ramón Galindo, Gustavo Elizondo y otros panistas de la frontera.