Un grupo de 200 organizaciones defensoras de los derechos humanos, y promotoras de esquemas eficientes de seguridad pública, exigió a los cuatro candidatos a la Presidencia de la República que presenten programas de gobierno que realmente protejan a los ciudadanos.

La presidenta de la asociación civil DHP, Maite Azuela, afirmó que las recientes masacres ocurridas en Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz, así como las amenazas de muerte contra el padre Alejandro Solalinde, entre otros hechos violentos, apresuran al análisis acerca de si México es ya un “Estado fallido”.

Durante la convocatoria de las organizaciones para realizar la primera cumbre ciudadana en demanda de seguridad, el 21 y 22 de mayo en el Palacio de Minería, Azuela afirmó que el tema de “Estado fallido” no puede ser eludido y debe debatirse.

“En el proceso electoral está la coyuntura para encontrar las soluciones. En el estado de emergencia en que estamos sabemos lo importante de presentar estas propuestas”, dijo.

Entre los convocantes del encuentro, al que los candidatos ya confirmaron su asistencia, están la UNAM, Causa en Común, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, México Unido contra la Delincuencia y México Evalúa, entre otros.

Académicos y funcionarios estadunidenses utilizaron en 2008 el concepto de “Estado fallido” para definir la situación de violencia extrema en México.

Urgen a un análisis sobre Estado fallido

Asesinatos masivos como el de Cadereyta, Nuevo León, las amenazas al sacerdote católico Alejandro Solalinde y los continuos homicidios de periodistas apresuran a analizar si México es un Estado fallido, afirmó Maite Azuela, presidenta de la agrupación civil DHP.

Dicha organización, junto con otros 200 grupos ciudadanos defensores de los derechos humanos y promotores de esquemas eficientes de seguridad pública, exigió a los cuatro candidatos a la Presidencia de la República que presenten programas de gobierno que realmente puedan proteger a la ciudadanía.

Los convocantes, además, realizarán la Primera Cumbre Ciudadana para Construir un México Pacífico y Justo el 21 y 22 de mayo en el Palacio de Minería, a fin de presentar una agenda común de seguridad para los habitantes del país. Los aspirantes presidenciales ya confirmaron su participación en ese encuentro.

Maite Azuela, de la agrupación DHP, admitió que el tema del Estado fallido no puede ser eludido y debe someterse a debate, a fin de encontrar soluciones a la grave crisis de inseguridad que se vive y que se ha agudizado, afirmó, en el presente sexenio.

“Entendemos que como sociedad civil tenemos que dialogar con la sociedad política, de algún modo, aunque somos varias organizaciones, respondiendo a la pregunta sobre el Estado fallido. No podemos tener un solo diagnóstico, hay tantos diagnósticos como organizaciones formamos parte de esta cumbre.

“Lo que sí es un hecho es que necesitamos encontrar no solamente diagnósticos comunes, sino propuestas de hacia dónde vamos a llevar esas soluciones. Y en este diálogo con la sociedad política, encontramos en el proceso electoral una coyuntura y en el estado de emergencia en que estamos sabemos lo importante de presentar estas propuestas”, dijo la activista.

La previsión estadunidense

El concepto de Estado fallido fue aplicado en noviembre de 2008 para definir la situación de violencia extrema en México en el informe Joint Operating Environment. Challenges and implications for the future Joint Force (Contexto de la Operación Conjunta. Desafíos e implicaciones para el futuro de las operaciones de las Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos).

En el análisis del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estadunidenses, que se hizo público hasta principios de 2009, se advirtió que el Estado mexicano podría ser incapaz de mantener la estabilidad en los próximos años.

México, al igual que otros países como Pakistán, es mencionado en el apartado Weak and failing states (Estados débiles y fallidos), a los que describe como aquellos países que en los próximos 25 años tendrán “graves problemas con sufrimiento humano en una escala muy grande”.

El 25 de  marzo de 2009, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, aclaró que México no era un Estado fallido ni tampoco una amenaza para Estados Unidos, pero habría que ayudarlo a combatir a los cárteles del narcotráfico.

“Yo no concuerdo con eso (el concepto de Estado fallido). Ésa no es la posición de la administración del presidente (Barack) Obama”, respondió Clinton en una entrevista.

Respuesta a “crisis de violencia”

Ante asesinatos como los de Nuevo Laredo (4 de mayo), Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (9 de mayo); Cadereyta, Nuevo León (13 de mayo), además del aumento de atentado a periodistas y las amenazas de muerte al sacerdote Alejandro Solalinde, entre otras situaciones, representantes de diversos organizaciones sociales convocaron a una “cumbre” en demanda de seguridad en el país.

Entre los convocantes del encuentro están la UNAM, Causa en Común, Observatorio Nacional Ciudadano, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa y Alianza Cívica, entre otros.

De acuerdo, con María Elena Morera de Galindo, presidenta de Causa en Común, los mexicanos no nos podemos convertir en “súbditos del crimen” ante  “una crisis de violencia que está amenazando toda posibilidad de convivencia pacífica entre ciudadanos”.

“Primero, tenemos una crisis de violencia que está amenazando toda posibilidad de convivencia pacífica. Hay miles de mexicanos que han muerto en ejecuciones y no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en las cifras. Las oficiales dicen que son casi 40 mil, mientras organizaciones civiles hablan de más de 50 mil”, comentó Morera.

En tanto, Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que masacres como la reciente de Cadereyta, Nuevo León, son una “señal dolorosa” para elaborar un nuevo diagnóstico de la inseguridad.

“Son hechos profundamente dolorosos y dramáticos, son señales de ausencia de autoridad, son señales de descomposición y lo que no podemos permitir es que esos hechos se vuelvan rutinarios y constantes.

—Pero parece que hay una inacción de la autoridad, una incapacidad. ¿Cómo podemos frenar así el crimen?

—A los mexicanos no nos toca sustituir a la autoridad, para eso les pagamos. Lo que necesitamos es que haya una autoridad que desempeñe sus funciones. Estas matanzas tan dolorosas son señales justamente de un diagnóstico que requiere de una mayor intervención con inteligencia y con fuerza, y con el apego al marco democrático de Derecho – apuntó Álvarez Icaza.