La presidenta chilena Michelle Bachelet firmó el martes un proyecto para redactar una nueva constitución que garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, reconoce a los pueblos indígenas y amplía la protección de los derechos civiles.
La firma de la iniciativa y su envío al Congreso se produjo a sólo cinco días del término de su mandato, lo que despertó críticas de oficialistas y opositores.
Pero es poco probable que el proyecto prospere en el Congreso, donde no hay una mayoría clara. A su vez, Bachelet será sucedida el próximo lunes por el centroderechista Sebastián Piñera, quien no se ha mostrado proclive a una reforma constitucional.
En un corto mensaje a la nación Bachelet explicó el lunes por cadena de radio y televisión los aspectos más destacados del proyecto. Dijo que la nueva constitución busca “proporcionar un marco normativo legítimo” en alusión a que la carta magna vigente fue redactada durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), aunque ha sufrido sucesivas reformas.
Enfatizó que la iniciativa protege los derechos al debido proceso, la huelga, la protección de los datos privados, la calidad de la salud, la vivienda, el trabajo y la gratuidad de la educación.
A su vez se eliminan los quórums que la actual carta magna exige para ser modificada -de dos tercios y hasta cuatro séptimos-, lo que virtualmente impide realizarle cambios.
También reduce drásticamente las facultades del Tribunal Constitucional que en la práctica actúa como una tercera cámara y que en reiteradas ocasiones ha revertido proyectos aprobados por el Congreso, como sucedió en 2017 con la ley que despenalizó el aborto por tres causas.
Respecto de los pueblos originarios, cuya población no supera el millón de los más de 17 millones de chilenos, Bachelet dijo que su reconocimiento constitucional es “una materia inaplazable”. La nueva carta magna reconoce los derechos, identidad, cultura y legítima aspiración de tener una representación en el Congreso Nacional de los habitantes ancestrales de Chile.
Bachelet propuso una nueva constitución durante su campaña electoral pero una vez en el gobierno dejó claro que el proyecto no sería debatido ni aprobado durante su gestión (2014-2018).
Para Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, el envío del proyecto implica que “la presidenta una vez más demuestra que cumple sus compromisos”, mientras su colega del liberal Partido Por la Democracia, Gonzalo Navarrete, señaló que su fuerza está disponible “para trabajar por una nueva constitución”.
Sin embargo, Jacqueline van Rysselbergher, presidenta de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente, opinó que “en la última semana de gobierno mandar un proyecto de esta naturaleza me parece casi una falta de respeto”, mientras que el dirigente comunista Guillermo Teillier sostuvo que “aunque sea tarde es un texto que va a servir”.
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