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México

A finales de marzo, nuevo titular de la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que a más tardar este último día de marzo se elegirá al nuevo titular de la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa por parte de la Fiscalía General de la República, por lo que pidió a familiares, abogados y autoridades que colaboran en el caso de los 43 desaparecidos hacer una consulta interna y presentar sus propuestas esta misma semana para hacerlas llegar al Fiscal General.

En el marco de la tercera sesión ordinaria de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, se presentó la nueva etapa de asistencia técnica internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunciada el pasado 11 de marzo.

En tanto, los familiares de los 43 dieron cuenta de la información dada a conocer por Grupo Imagen hace un par de semanas respecto al estudiante desaparecido, Julio César López Patolzin, que era integrante activo del Ejército.

Solicitaron que la Secretaría de la Defensa Nacional remita a la brevedad toda la información relacionada con el caso y demandaron una reunión con el titular de la dependencia, por lo que el subsecretario Encinas acordó gestionar el encuentro posteriormente.

En la reunión privada de este miércoles, estuvo presente el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.

De acuerdo con la Secretaria de Gobernación, durante el encuentro se dio a conocer la propuesta de ruta de trabajo para el Mecanismo Especial de Seguimiento Reforzado, incluyendo las iniciativas para las visitas y trabajos de las y los especialistas que integraron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Además, se firmó el Acuerdo Interinstitucional en materia de Atención Victimal entre la Secretaría de Salud, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobernación, familiares de víctimas y sus representantes.

Se anunció que dicha comisión tendrá un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el próximo el 28 de marzo; mientras que la siguiente reunión ordinaria se llevará a cabo el 17 de abril.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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