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Chihuahua

“A los agricultores no les hace falta agua, la robaban”: Gobierno federal

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Luego de las violentas protestas de ayer por parte de agricultores en la presa La Boquilla, en Chihuahua, este miércoles Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que están “sobrepolitizadas” por un grupo que se opone a que México cumpla con el Tratado de Aguas con Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Mejía Berdeja culpó a políticos y líderes agrícolas de la entidad por “agitar” e incitar a la violencia contra los elementos de laGuardia Nacional (GN).

Incluso mostró imágenes donde se observa entre los contingentes al priista José Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos; al morenista José Francisco Ramírez Licón, alcalde de Rosales; Salvador Alcantar, líder de la Aurech; así como a dos ex gobernadores, José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas, entre otros.

Como lo dijo el Presidente (López Obrador), hay una especie de huachicol del agua; es decir, se ha aprovechado este recurso hidráulico para usufructuarla, no como si fuera propiedad de la federación, sino como la propiedad de un conjunto de políticos y de un conjunto de gente que ha medrado ilegalmente con el uso patrimonialista del agua

Cuando México debe cumplir con una obligación de carácter internacional, se han dedicado a agitar los ánimos, a azuzar, causar violencia y a tomar control temporal de instalaciones estratégicas”, señaló.

El subsecretario de la SSPC agregó que en la protesta de ayer “grupos de agitación” repartieron cientos de palos, bebidas alcohólicas y se usaron bombas molotov, por lo que defendió el actuar de la Guardia Nacional.

De parte de la GN hubo prudencia, decidieron replegarse para evitar violencia cuando vieron que esto podría dar motivo a otro tipo de situaciones

Además, explicó que se ha buscado entablar un diálogo con los agricultores, pero que cuando no se acceden a sus peticiones “unilaterales”, los funcionarios enviados son retenidos y los campesinos responden con violencia.

Durante las protestas se repartieron palos, bebidas alcohólicas y se usaron bombas molotov .

Durante meses, la Conagua mostró disposición, pero siempre hubo una única razón, ‘no se va a permitir que se abran las presas’ y esto lo manifestaron diferentes actores políticos que ahora han generado este problema, el tema de fondo es evitar el control de los recursos hidráulicos. No es que les falte agua a los agricultores, lo que no quieren es que la federación defina la política de aguas

Asimismo, acusó a los líderes agrícolas de amenazar a los campesinos de que si no protestan, se les quitará el servicio del agua, “para que se indignen”.

Corral exige investigación y promete justicia

Por su parte, esta tarde Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigaciónprofunda del ataque con armas de fuego presuntamente orquestado por elementos de la Guardia Nacional contra agricultores en la presa La Boquilla,donde murió una mujer y su pareja resultó gravemente herida.

A través de un video, el mandatario detalló que los hechos ocurrieron este martes cerca de las 10:30 horas, cuando la pareja que participó en las protestas se encontraba en el trayecto de regreso a su casa.

En el trayecto de regreso fueron agredidos a balazos, según distintos testimonios y señalamientos, por elementos de la Guardia Nacional

Según testigos, Jessica y Jaime participaron en la protesta (Foto: Twitter/RaulAragonLoya)

La víctima fatal, identificada como Jessica «S», murió en el lugar de los hechos; mientras que Jaime «N» se encuentra en estado grave de salud en un hospital, al sufrir una herida de bala en el cuello.

Finalmente, advirtió que este suceso no quedará impune y serán castigados los responsables: “pondremos todo el empeño de las instituciones para que se haga justicia”.

César Peniche, el fiscal General, indicó que ya se giraron los oficios correspondientes para tener acceso a las armas de los elementos señaladoscomo posibles responsables, así como a todos los detalles de su presencia en el lugar del homicidio.

Chihuahua

Gobierno de Chihuahua firma convenio interinstitucional para fortalecer justicia y protección a mujeres

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, acuerdo que establece bases de coordinación entre distintas instituciones para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género.

El convenio se alinea con el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado en noviembre pasado por mandatarios estatales del país, cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre autoridades para generar resultados integrales en materia de protección y acceso a la justicia.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal señaló que una de las responsabilidades de los gobiernos es trabajar para que ninguna mujer viva violencia, así como acompañar a quienes la han sufrido y generar condiciones que les permitan avanzar en su vida personal y profesional.

Entre las acciones impulsadas por la administración estatal, mencionó la recuperación de estancias infantiles para apoyar a las mujeres que trabajan, el fortalecimiento del transporte público seguro, la ampliación de sistemas de videovigilancia y el trabajo de la Fiscalía, que ha llevado ante la justicia a casi 600 agresores.

La mandataria afirmó que aún existen retos por atender, pero destacó que cuando las instituciones colocan en el centro la dignidad de las mujeres, se pueden generar condiciones de justicia y esperanza para la sociedad.

El acuerdo contempla la instalación de mesas interinstitucionales con el fin de reforzar la protección, atención y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. También se impulsarán campañas de promoción de la igualdad, acompañamiento a familias afectadas, acciones educativas y apoyo a reformas en la legislación local.

Maru Campos participó como testigo de honor en la firma del convenio, que fue suscrito por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Entre las líneas de cooperación se establece garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, además de evitar el archivo indebido de los casos sin la debida fundamentación.

Asimismo, se contempla instalar una mesa de trabajo permanente para revisar y fortalecer los protocolos de atención, investigación y seguimiento, así como implementar programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.

La directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló que el acuerdo refleja la decisión de continuar fortaleciendo el trabajo institucional contra la violencia de género.

Por su parte, la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Chávez, indicó que la institucionalización de estas acciones permitirá brindar mayor respaldo a mujeres y niñas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, destacó que el acceso a la justicia depende de la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, acompañar y juzgar los casos relacionados con violencia contra las mujeres.

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