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“A Lydia Cacho ya se le ofreció una disculpa”: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó por qué votó, en 2007, a favor de exonerar al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, por el ataque a la periodista Lydia Cacho, cuando era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); además señaló que el Estado mexicano, incluso, ya le ofreció disculpas públicas a la periodista.

“A ver, a Lydia Cacho ya incluso se le ofreció una disculpa pública en la Secretaría de Gobernación, yo en ese caso voté porque si había tenido obviamente violaciones ella en lo personal, incluso hablé de tortura psicológica en su traslado; el grado de, digamos el estándar de gravedad, que en ese momento establecía la Constitución, y digo que en ese momento establecía la Constitución porque hoy en día ya no tiene la atribución de investigar graves violaciones a los Derechos Humanos , como tu sabes fue modificada; y en ese sentido el parámetro de gravedad lo estableció un precedente bien importante, y fue del vado de Aguas Blancas, la matanza de los campesinos del vado de Aguas Blancas, ese fue el parámetro de gravedad.

Obviamente fueron violaciones a sus derechos, si, yo lo dije categóricamente en las sesiones del pleno, incluso hablé de tortura psicológica a su persona, pero pues el caso tuvo éxito en la instancia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y obviamente cumplimos con la recomendación de la comisión y se le brindó una disculpa pública a Lydia Cacho”, indicó la secretaria de Gobernación.

Mario Marín Torres, ex gobernador priista de Puebla (2005-2011), fue detenido la tarde de este miércoles por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en el destino turístico del Puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero; por el caso de la periodista Lydia Cacho.

En 2005, Lydia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén que tanto Marín Torres como su ex subsecretario de Seguridad Pública del mismo estado, Adolfo Karam, y el empresario textilero Kamel Nacif, eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.

Meses después de su publicación, Cacho fue detenida. Los delitos por los cuales se le acusó fueron de “difamación y calumnias”. La llevaron desde Puebla a Quintana Roo vía terrestre.

Fuente: Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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