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México

A petición de EE.UU., PGR busca a Caro Quintero

Washington quiere juzgarlo por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente la DEA, ocurrido hace 28 años; Murillo Karam aseguró que no puede ser procesado por ese hecho.

Washington quiere juzgarlo por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente la DEA, ocurrido hace 28 años; Murillo Karam aseguró que no puede ser procesado por ese hecho.

A seis días de que Rafael Caro Quintero recuperó su libertad, la Procuraduría General de la República (PGR) inició su búsqueda para detenerlo, a petición de Estados Unidos.

Los estadunidenses entregaron al gobierno de México una solicitud de detención provisional con fines de extradición, debido a que el capo es requerido por una Corte federal de distrito en California para juzgarlo por “diversos delitos”, incluido lavado.

Por esa razón, la PGR pidió a un juez federal que otorgara el mandamiento judicial, mismo que fue concedido, así que el narcotraficante ya es buscado en todo el país.

Una vez que el Ministerio Público federal logre la detención de Caro Quintero, el gobierno estadunidense contará con 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.

Dicha petición deberá ser analizada por el juez que autorizó la detención provisional y emitirá una opinión en el sentido de si es procedente la entrega del mexicano. Este punto de vista también debe ser valorado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Caro Quintero aún tiene oportunidad de promover un juicio de amparo y llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que lograría retrasar su extradición a la nación vecina.

El gobierno de Estados Unidos ha señalado en diversas ocasiones que quiere juzgar al capo por el asesinato del oficial Enrique Camarena Salazar, de la agencia antidrogas de ese país, cometido en 1985.

El martes pasado el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que Caro Quintero solo puede ser extraditado a Estados Unidos por una causa distinta al homicidio del agente de la DEA, pues la sentencia por este caso no ha causado ejecutoria.

Sin embargo, admitió que le da “escozor” la forma en que fue liberado el narcotraficante.

“En este caso la sentencia me produce escozor, porque resulta que el tribunal dice que quien lo juzgó no era competente y ordena al incompetente que prácticamente lo sentencie sin juicio. Obviamente lo tiene que sentenciar dejándolo en libertad”, señaló el funcionario este lunes.

Indicó también que en los próximos días promoverán un recurso para “intentar la revisión” de la sentencia y con ello revertir el fallo que liberó al capo después de que pasó 28 años en diversas cárceles del país.

Murillo Karam manifestó que la libertad del capo le preocupa, porque hay muchos delincuentes que pueden recuperar su libertad con base en el criterio emitido por el primer tribunal colegiado en materia penal en Jalisco, quien concedió un amparo al narcotraficante sinaloense.

El 3 junio de 2009, tras 24 años de litigo, el juez cuarto de distrito en materia penal en Jalisco, Adalberto Maldonado Trenado, condenó a Caro Quintero y Ernesto Rafael Fonseca, Don Neto, líderes del cártel de Guadalajara, a 40 años de prisión.

El juzgador los encontró responsables del homicidio del agente Enrique Camarena Salazar, de dos estadunidenses más y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. También fueron juzgados por tener secuestradas a 4 mil personas en sembradíos de droga en Chihuahua.

A Caro Quintero correspondían 199 años de prisión y a Don Neto, 150, pero solo se les impuso una pena de 40 a cada uno, ya que con la legislación vigente en 1985 —la única que les era aplicable— no se podía imponer una sanción mayor por ser ésa la que fijaba el artículo 25 del Código Penal Federal.

Sin embargo, el 7 de agosto del presente año el primer tribunal colegiado le concedió un amparo y, en acato a dicha resolución, el segundo tribunal unitario en materia penal de Jalisco ordenó su liberación, que se concretó dos días después.

Al conocer la noticia, la DEA advirtió que no cedería en su pretensión de llevar ante la justicia de Estado Unidos al capo para que pague por el secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique Camarena Salazar.

El tribunal colegiado consideró que Caro Quintero nunca debió ser juzgado en el fuero federal por los asesinatos del agente estadunidense y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Lo anterior porque no existe registro de que el agente de la DEA haya entrado al país como diplomático o funcionario consular, como ocurre con otros ciudadanos de ese país. De acuerdo con el razonamiento del tribunal, el agente operaba de manera ilegal en México.

ALISTAN DEPORTACIÓN DE LA REINA DEL PACÍFICO

Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, estaba anoche en una cárcel de El Paso, Texas, a la espera de su deportación a México, informó su abogado Stephen Ralls.

Ávila Beltrán, de 52 años, fue entregada el pasado 30 de julio al Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miami para su deportación al vecino país y desde entonces ha estado en centros de detención en Florida, Louisiana y Texas.

La mexicana fue entregada al ICE tras 70 meses de prisión que le impuso un juez de Miami, quien consideró su pena terminaba tras pasar cinco años presa en México y uno en Estados Unidos.

El abogado Ralls dijo que el tiempo tan largo que ha tomado la deportación de debe a que es un caso “especial”. Ávila Beltrán fue extraditada a Estados Unidos en agosto de 2012.

Tras un acuerdo con la fiscalía estadunidense, se declaró culpable en abril pasado del delito de asistencia económica a su ex novio, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre, enlace entre el cártel de Sinaloa y el colombiano del Norte del Valle.

Con el acuerdo evitó ir a un juicio por asociación ilícita para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos, lo que hubiera generado una pena mayor.
(Notimex/Texas)

Claves

Droga en Tepito

– La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal decomisó en el barrio de Tepito al menos 150 kilogramos de mariguana durante un operativo aplicado en la zona.

– Policías preventivos llegaron a la calle Jesús Carranza, donde un grupo de personas manipulaba objetos voluminosos, pero al ver a los uniformados, mostraron nerviosismo.

– En el sitio fueron abandonadas dos cajas de plástico y una bolsa negra con la droga, así como dos básculas grameras. La PGR tomó conocimiento de los hechos e inició la averiguación.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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