El Congreso del Estado aprobó un exhorto a los poderes Ejecutivo y Judicial con el fin de analizar la instalación de una mesa de estudio conforme a una iniciativa de reforma promovida por el Grupo Parlamentario del PAN en el sentido de actualizar el arancel en que se establecen los honorarios de los profesionales del derecho, pues el aplicado hasta la fecha data de 1978, es decir, cuenta con una antigüedad cercana a los 35 años tiempo durante el cual ha permanecido prácticamente en el olvido y deriva en un desfase tanto en aspectos de carácter económico e incluso jurídico.

Esta situación ocasiona el desconocimiento de los ciudadanos hacia los costos reales al contratar a un profesional que también pudiera resultar afectado económicamente ya que no se cuenta con un parámetro al respecto, expresó el coordinador parlamentario del GPPAN, Héctor Ortiz, quien presentara la iniciativa el pasado 25 de octubre del presente.

La propuesta del Poder Legislativo incluye a los colegios de abogados, comisiones técnicas estatales y abogados postulantes como parte de dicha mesa, y reconoce que debe turnarse a las instancias mencionadas por tratarse meramente de un reglamento.

El antecedente del Arancel de Abogados emitido en 1978, se remite al año 1946 en que por decreto se creó la Ley de Aranceles de Abogados, Depositarios, Intérpretes, Traductores, Peritos Valuadores y Árbitros, en el que se fijaba el cobro por convenio celebrado entre las partes y a falta de convenio, por las horas trabajadas o por un porcentaje. Sin embargo, fue derogada por el Arancel del ’78.

La Ley de Profesiones por su parte, dice en el artículo 37 que todo profesionista tiene derecho a cobrar honorarios de acuerdo con el arancel o por convenio, es por eso, insistió el diputado Ortiz Orpinel, que vemos la necesidad de adecuar el marco jurídico en esta materia creando un Arancel justo para ambas partes pero al mismo tiempo compensar las horas de trabajo y la responsabilidad asumida por el abogado.